Cosas y cosas
La prensa nacional ha dado a conocer con gran amplitud los pormenores del viaje de la señora Presidenta Mireya Moscoso a Washington y, principalmente, de las posibilidades que tiene Panamá de obtener de los EE.UU. algunos beneficios económicos, sobre todo con relación al Tratado de Libre Comercio (TLC) y de las perspectivas de que nuestro país pueda ser favorecido en sus actividades turísticas. Estas noticias son alentadoras de que nuestra política con los EE.UU., en el futuro, no esté circunscrita sólo al tema de los polígonos. Existen también otros asuntos que son de gran interés para nuestro país. Fue una visita exitosa, lo cual me complace registrarlo.
Resulta curioso, sin embargo, que el Washington Post, a quienes muchos consideran vocero del Departamento de Estado, cuyas ediciones diarias del Home Edition recibo todas las mañanas, no haya publicado una sola línea de la visita que la presidenta panameña hizo a la capital norteamericana, incluyendo su entrevista con el Presidente George W. Bush. Esto reafirma el hecho que mucho tenemos de que Panamá se encuentra en un lugar muy bajo en las prioridades norteamericanas. De la vieja "relación especial" no queda nada.
Con sorpresa nos enteramos los panameños de que antes del viaje de la mandataria a Washington se había suscrito un convenio para proteger en nuestro territorio a los ciudadanos norteamericanos de los alcances de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional creada por las Naciones Unidas. Por falta de información desconocemos sus alcances. Este acuerdo, confirmado por el embajador panameño en Washington, Sr. Roberto Alfaro, fue negado por el vocero del gobierno Mario Rognoni. No puedo comentar dicho convenio por desconocerlo, pero sí es preocupante el secretismo que se tuvo y la falta de coordinación que existe en las altas esferas del gobierno. Recientemente Panamá se suscribió al BIA e inclusive se desató una polémica política por el hecho de haber respaldado nuestro país a la Dra. Odio, de origen costarricense, y no a un connacional para formar parte de dicha corte penal.
En otro tema, el problema del Seguro Social tiene mucha más profundidad que los 29 millones que como crédito extraordinario o traslado de partidas y que están en discusión. Esto es algo circunstancial que no va a quitar ni a poner nada al problema del déficit que año tras año se va incrementando y que pone en peligro la propia subsistencia de la seguridad social panameña. La solución tiene que ser resuelta mediante el diálogo por los diversos sectores de nuestra sociedad, en especial los propios afectados. No se puede polarizar el tema y mucho menos buscar la solidez de la CSS en la confrontación. Meses atrás el Prof. Juan Jované, en visita que hizo a mi oficina, tras mis acusaciones de que él le estaba ocasionando un serio problema al Seguro Social buscando la confrontación de clases, me dijo que yo estaba equivocado, que él había vivido en carne propia en Nicaragua lo que estas luchas significaban y que él sería el primero en "hacer sus maletas e irse del país" de ocurrir eso en Panamá. En estos cuatro largos años, sin embargo, Jované ha rehusado confrontar la verdadera situación del Seguro Social y ha escudado su manifiesta y reconocida incapacidad utilizando como argumento su oposición a la "privatización" de la institución que sólo está en su mente y en la de algunos otros radicales. Igualmente ha escondido sus verdaderas intenciones ideológicas achacando su fracaso al sistema económico "neoliberal". Jované se encargó de la Dirección de la Caja de Seguro Social (CSS) con un sistema económico, el cual no ha cambiado, y él inconscientemente o malintencionadamente desde allí -la CSS- ha querido cambiarlo. Si esa era su intención, se equivocó de puesto y ha debido aspirar a ocupar otras posiciones donde hubiera podido, aunque estoy seguro sin el menor éxito, impulsar la ideología que profesa. Hay que empinarse sobre el sectarismo político y económico, y buscar en una gran concertación de todos los asegurados, la solución al futuro de la Caja. Esto debe ser un asunto prioritario en la agenda nacional.
Por otra parte, el pasado fin de semana, algunos legisladores contribuyeron a protegerse unos a otros en cuanto a las responsabilidades que les caen a varios de ellos en relación a las acusaciones que sus propios colegas les hicieron por cometer actos de corrupción vinculados al comentado proyecto CEMIS. Pero eso no es de extrañar cuando se trata de investigar los casos de corrupción. La Asamblea Legislativa aportó para que la verdad nunca se conozca y el caso dormirá, lo más probable, el sueño eterno de los justos en la Corte Suprema de Justicia.
El destino de los muchos millones de dólares, en billetes de baja denominación que salieron de distintos bancos, permanecerá en misterio. Nunca se sabrá a qué bolsillos fueron a parar. Aún aquellas personas señaladas en el expediente que no disfrutan de inmunidad, ni de ningún privilegio de protección, quedarán, también lo más probable, exonerados de culpa. Muchos responsables de encausar la justicia panameña parecen que son unos consagrados jugadores de ping-pong. Y como dice la canción: "Aquí no pasó nada".
Resulta curioso, sin embargo, que el Washington Post, a quienes muchos consideran vocero del Departamento de Estado, cuyas ediciones diarias del Home Edition recibo todas las mañanas, no haya publicado una sola línea de la visita que la presidenta panameña hizo a la capital norteamericana, incluyendo su entrevista con el Presidente George W. Bush. Esto reafirma el hecho que mucho tenemos de que Panamá se encuentra en un lugar muy bajo en las prioridades norteamericanas. De la vieja "relación especial" no queda nada.
Con sorpresa nos enteramos los panameños de que antes del viaje de la mandataria a Washington se había suscrito un convenio para proteger en nuestro territorio a los ciudadanos norteamericanos de los alcances de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional creada por las Naciones Unidas. Por falta de información desconocemos sus alcances. Este acuerdo, confirmado por el embajador panameño en Washington, Sr. Roberto Alfaro, fue negado por el vocero del gobierno Mario Rognoni. No puedo comentar dicho convenio por desconocerlo, pero sí es preocupante el secretismo que se tuvo y la falta de coordinación que existe en las altas esferas del gobierno. Recientemente Panamá se suscribió al BIA e inclusive se desató una polémica política por el hecho de haber respaldado nuestro país a la Dra. Odio, de origen costarricense, y no a un connacional para formar parte de dicha corte penal.
En otro tema, el problema del Seguro Social tiene mucha más profundidad que los 29 millones que como crédito extraordinario o traslado de partidas y que están en discusión. Esto es algo circunstancial que no va a quitar ni a poner nada al problema del déficit que año tras año se va incrementando y que pone en peligro la propia subsistencia de la seguridad social panameña. La solución tiene que ser resuelta mediante el diálogo por los diversos sectores de nuestra sociedad, en especial los propios afectados. No se puede polarizar el tema y mucho menos buscar la solidez de la CSS en la confrontación. Meses atrás el Prof. Juan Jované, en visita que hizo a mi oficina, tras mis acusaciones de que él le estaba ocasionando un serio problema al Seguro Social buscando la confrontación de clases, me dijo que yo estaba equivocado, que él había vivido en carne propia en Nicaragua lo que estas luchas significaban y que él sería el primero en "hacer sus maletas e irse del país" de ocurrir eso en Panamá. En estos cuatro largos años, sin embargo, Jované ha rehusado confrontar la verdadera situación del Seguro Social y ha escudado su manifiesta y reconocida incapacidad utilizando como argumento su oposición a la "privatización" de la institución que sólo está en su mente y en la de algunos otros radicales. Igualmente ha escondido sus verdaderas intenciones ideológicas achacando su fracaso al sistema económico "neoliberal". Jované se encargó de la Dirección de la Caja de Seguro Social (CSS) con un sistema económico, el cual no ha cambiado, y él inconscientemente o malintencionadamente desde allí -la CSS- ha querido cambiarlo. Si esa era su intención, se equivocó de puesto y ha debido aspirar a ocupar otras posiciones donde hubiera podido, aunque estoy seguro sin el menor éxito, impulsar la ideología que profesa. Hay que empinarse sobre el sectarismo político y económico, y buscar en una gran concertación de todos los asegurados, la solución al futuro de la Caja. Esto debe ser un asunto prioritario en la agenda nacional.
Por otra parte, el pasado fin de semana, algunos legisladores contribuyeron a protegerse unos a otros en cuanto a las responsabilidades que les caen a varios de ellos en relación a las acusaciones que sus propios colegas les hicieron por cometer actos de corrupción vinculados al comentado proyecto CEMIS. Pero eso no es de extrañar cuando se trata de investigar los casos de corrupción. La Asamblea Legislativa aportó para que la verdad nunca se conozca y el caso dormirá, lo más probable, el sueño eterno de los justos en la Corte Suprema de Justicia.
El destino de los muchos millones de dólares, en billetes de baja denominación que salieron de distintos bancos, permanecerá en misterio. Nunca se sabrá a qué bolsillos fueron a parar. Aún aquellas personas señaladas en el expediente que no disfrutan de inmunidad, ni de ningún privilegio de protección, quedarán, también lo más probable, exonerados de culpa. Muchos responsables de encausar la justicia panameña parecen que son unos consagrados jugadores de ping-pong. Y como dice la canción: "Aquí no pasó nada".
