Costa Rica y Panamá, paraísos fiscales
"Mal de muchos, consuelo de tontos", dice el refrán; y habrá quienes consideren que con Costa Rica en el infamante listado estamos bien acompañados. Nuestra vecina, que tan escrupulosamente cuida de su imagen en el exterior, sigue apareciendo entre las naciones consideradas como "paraísos fiscales" por los principales países industriales agrupados en el llamado G-7. Los ticos están iracundos.
Como consecuencia de tan cuestionable honor, la Comisión de Finanzas del parlamento francés, preparó su propia lista, que incluye a Costa Rica, Panamá y varias naciones del Caribe, entre otras; y recomendó a su gobierno romper relaciones financieras con ellas. Igual hizo México a mediados del año pasado, motivando la inmediata protesta del ministerio costarricense de Hacienda, Leonel Baruch.
El funcionario costarricense y el presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, protestaron enérgicamente y exigieron una rectificación, esto es que se excluya a su país de la lista negra. Ambos explicaron que en Costa Rica, nacionales y extranjeros reciben el mismo trato fiscal. Y aclararon que su legislación no permite, - a diferencia de Panamá, apuntamos -, que se otorguen licencias bancarias para operar en el extranjero libre de impuestos ("off shore").
Técnicamente, se considera que existe un paraíso fiscal cuando en un país existe un sistema impositivo que sirve de refugio para evadir impuestos en otras naciones ("tax haven") porque no hay impuestos; y también cuando se dan licencias bancarias para operar "off shore".
Pese a los reparos, Costa Rica, al igual que Panamá, se promueve como país donde inversionistas extranjeros pueden venir a instalar y administrar sus negocios con ventajas tributarias. Pero eso no las hace un paraíso fiscal
La situación se agravó recientemente cuando ambas naciones aparecieron en una nueva lista elaborada por una filial del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS). El hecho colmó la paciencia de nuestra vecina, cuyo gobierno cursó una reclamación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes de eso, su Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (equivalente a nuestra Superintendencia Bancaria) dictó un reglamento más severo de suministro de información para la banca internacional que opera allá.
Bueno, hasta aquí lo que nos acontece a ambas naciones y lo que Costa Rica ha hecho al respecto. ¿Y qué de nosotros o no nos importa? Hasta donde sabemos, hay argumentos de sobra para defendernos. Aquí tampoco tenemos una tasa de impuestos distinta a los extranjeros. El que percibe ganancias aquí paga, no así en un paraíso fiscal.
Nuestro sistema de impuesto sobre la renta es territorial, solo grava las ganancias generadas en Panamá, no así las que se causan afuera. En Estados Unidos se grava a su nacional donde quiera genere sus ingresos. Son dos sistemas distintos cuya diferencia no hace a uno paraíso fiscal y al otro no. Ese es nuestro concepto y, si estamos en lo correcto, ¿por qué a diferencia de Costa Rica, no protestamos oficialmente, y en lugar de ello asentimos con nuestro silencio?
Como consecuencia de tan cuestionable honor, la Comisión de Finanzas del parlamento francés, preparó su propia lista, que incluye a Costa Rica, Panamá y varias naciones del Caribe, entre otras; y recomendó a su gobierno romper relaciones financieras con ellas. Igual hizo México a mediados del año pasado, motivando la inmediata protesta del ministerio costarricense de Hacienda, Leonel Baruch.
El funcionario costarricense y el presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, protestaron enérgicamente y exigieron una rectificación, esto es que se excluya a su país de la lista negra. Ambos explicaron que en Costa Rica, nacionales y extranjeros reciben el mismo trato fiscal. Y aclararon que su legislación no permite, - a diferencia de Panamá, apuntamos -, que se otorguen licencias bancarias para operar en el extranjero libre de impuestos ("off shore").
Técnicamente, se considera que existe un paraíso fiscal cuando en un país existe un sistema impositivo que sirve de refugio para evadir impuestos en otras naciones ("tax haven") porque no hay impuestos; y también cuando se dan licencias bancarias para operar "off shore".
Pese a los reparos, Costa Rica, al igual que Panamá, se promueve como país donde inversionistas extranjeros pueden venir a instalar y administrar sus negocios con ventajas tributarias. Pero eso no las hace un paraíso fiscal
La situación se agravó recientemente cuando ambas naciones aparecieron en una nueva lista elaborada por una filial del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS). El hecho colmó la paciencia de nuestra vecina, cuyo gobierno cursó una reclamación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes de eso, su Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (equivalente a nuestra Superintendencia Bancaria) dictó un reglamento más severo de suministro de información para la banca internacional que opera allá.
Bueno, hasta aquí lo que nos acontece a ambas naciones y lo que Costa Rica ha hecho al respecto. ¿Y qué de nosotros o no nos importa? Hasta donde sabemos, hay argumentos de sobra para defendernos. Aquí tampoco tenemos una tasa de impuestos distinta a los extranjeros. El que percibe ganancias aquí paga, no así en un paraíso fiscal.
Nuestro sistema de impuesto sobre la renta es territorial, solo grava las ganancias generadas en Panamá, no así las que se causan afuera. En Estados Unidos se grava a su nacional donde quiera genere sus ingresos. Son dos sistemas distintos cuya diferencia no hace a uno paraíso fiscal y al otro no. Ese es nuestro concepto y, si estamos en lo correcto, ¿por qué a diferencia de Costa Rica, no protestamos oficialmente, y en lugar de ello asentimos con nuestro silencio?
