Crisis de la seguridad social
No pretendemos convertirnos en defensores oficiosos de la actual administración de la Caja de Seguro Social (CSS), pero me parece que es injusto atribuirle la responsabilidad de la crisis y mucho menos, que sea un obstáculo para tomar las decisiones que sean necesarias para superar la crisis. Sería largo enumerar las variables que han incidido en la crisis; sin embargo, pienso que si los dirigentes de la seguridad social en su momento hubiesen asumido una posición vertical en defensa de la misma, muchos de los problemas que tenemos hoy en día se hubieran evitado. No obstante, en estos momentos tenemos que ser proactivos, hay hechos consumados sobre los cuales nada se puede hacer y lo importante es mirar hacia el futuro, encontrando las alternativas que salven a la CSS y preservando su carácter solidario, de actuar como mecanismo de redistribución de la riqueza de los que más tienen a los que menos o nada poseen.
Algunos de los críticos de la seguridad social han opinado que debe eliminarse o restringirse el número de los beneficiarios porque el Seguro Social no puede seguir soportando la carga financiera que representan estas prestaciones. La actual administración sostiene que debe mantenerse y que le corresponde al Estado transferir recursos a la CSS, que es la dirección correcta en que debe funcionar la solidaridad. Al eliminar las prestaciones a los beneficiarios, se comprometería el principio de la universalidad, que expresa que los sistemas de seguridad social deben ampliar su cobertura y que todos tenemos derecho a recibir prestaciones por nuestra condición humana.
Debemos advertir que la seguridad social no es competencia exclusiva de la CSS, se requiere la concurrencia de otras organizaciones que haga posible mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. De igual forma, no seríamos solidarios cuando los trabajadores activos permitiéramos que nuestros hijos recibieran una atención diferente a las que nos proporciona la CSS. Naturalmente que aquellos padres que puedan ofrecerle una atención a sus dependientes con sus propios medios, les sería irrelevante que se suspenda la atención a los beneficiarios; no obstante, los sacrificados serían los más carenciados, que quedarían en un estado de indefensión, y sin querer entrar en el campo ideológico, la gran virtud de los programas de seguridad social es que apuesta a los más pobres, a la clase trabajadora que tienen como única opción disfrutar de una jubilación al culminar una jornada laboral
Aumentar la edad de la jubilación de la mujer, nos parece que es contradictorio al discurso romántico que tenemos cuando hablamos de ella; porque no le podemos exigir más tiempo de trabajo a aquella que, además de cumplir con sus obligaciones en el hogar, se incorpora al proceso productivo igual que los hombres. La actual administración ha tenido una posición vertical sobre este tema, al considerar que no se puede aumentar la edad de jubilación.
Los sectores empresariales han sostenido que ya hacen aportes suficientes a la seguridad social, que las jubilaciones tienen un tope máximo, el cual no guardan relación con sus contribuciones. Desde el punto de vista actuarial, esto es cierto; pero la seguridad social no puede limitarse a los cálculos fríos de las ciencias actuariales. Si todos reclamamos lo que justamente aportamos acabaríamos con el sistema. No es justo que los trabajadores tengamos gravados con la cuota obrera nuestros salarios, mientras que un grupo minoritario que recibe además de jugosos salarios, gastos de representación, no cotice sobre el total de sus ingresos. Esta administración impulsó el proyecto para que los gastos de representación se gravasen, objetivo que no ha podido lograr, ya que no se pudo vencer la resistencia de la clase empresarial que se opone a que estos ingresos coticen a la seguridad social.
Otros sectores hacen cuestionamientos sobre el aumento de la planilla, los cuales, en términos absolutos, son ciertos; pero cuando le asociamos a los nuevos hospitales, policlínicas, centros de atención y otras instalaciones que se han creado, nos daremos cuenta que tienen justificación. El aumento de la demanda de los asegurados obliga a la institución a aumentar su oferta de servicios con nuevas instalaciones, que de no hacerse, la presión de los asegurados obligaría a la CSS a tener que comprar servicios a la empresa privada.
La compra de hospitales ha sido otro tema cuestionado, pero un hospital es un proyecto público que debe tener su sustentación desde el punto de vista financiero, donde los ahorros que se produzcan justifique la inversión. Si la diferencia de costos entre atender un paciente en el Complejo Hospitalario y en los hospitales que se han comprado, genera los ahorros para recuperar la inversión, estamos en presencia de una buena inversión.
Se insiste en que la actual administración está preocupada por la no privatización de la CSS, cuando los dirigentes gubernamentales han reiterado que no habrá tal. En la década del "80 se inició la ola de privatización de la seguridad social, cuyo modelo se aplicó en Chile, y hoy sólo beneficia a los trabajadores de buenos ingresos. Este modelo chileno se extendió a varios países. En Colombia, desmejoró los derechos y beneficios de los trabajadores; en 1997 se aprobó en México la nueva ley del Seguro Social. Argentina, Perú, El Salvador y otros países han puesto en marcha la privatización de la seguridad social.
En 1998, el XI Congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), reunido en México, acordó: "Rechazar el modelo de Seguridad Social privatizador que sólo busca fortalecer los mercados de capitales a través de inversiones forzadas de los trabajadores, elimina o reduce sensiblemente la responsabilidad o rol regulador del Estado, los trabajadores no participan en la administración de sus propios recursos y los derechos adquiridos pierden su vigencia y validez legal." En 1999, el gobierno venezolano establece la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, lo que motivó que el BID le advirtiera que no podía aportar su cooperación financiera y técnica si no privatizaba dicha seguridad. Ante este escenario es válida esta preocupación, porque las políticas neoliberales nos pueden llevar a esta opción, tal cual como ocurre con los procesos de globalización y modernización de la economía.
La crisis se puede resolver cuando las soluciones estén dentro de los principios de la seguridad social, donde haya concesiones de las partes, que es la única forma como funciona un diálogo.
*Especialista en Seguridad Social.
Algunos de los críticos de la seguridad social han opinado que debe eliminarse o restringirse el número de los beneficiarios porque el Seguro Social no puede seguir soportando la carga financiera que representan estas prestaciones. La actual administración sostiene que debe mantenerse y que le corresponde al Estado transferir recursos a la CSS, que es la dirección correcta en que debe funcionar la solidaridad. Al eliminar las prestaciones a los beneficiarios, se comprometería el principio de la universalidad, que expresa que los sistemas de seguridad social deben ampliar su cobertura y que todos tenemos derecho a recibir prestaciones por nuestra condición humana.
Debemos advertir que la seguridad social no es competencia exclusiva de la CSS, se requiere la concurrencia de otras organizaciones que haga posible mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. De igual forma, no seríamos solidarios cuando los trabajadores activos permitiéramos que nuestros hijos recibieran una atención diferente a las que nos proporciona la CSS. Naturalmente que aquellos padres que puedan ofrecerle una atención a sus dependientes con sus propios medios, les sería irrelevante que se suspenda la atención a los beneficiarios; no obstante, los sacrificados serían los más carenciados, que quedarían en un estado de indefensión, y sin querer entrar en el campo ideológico, la gran virtud de los programas de seguridad social es que apuesta a los más pobres, a la clase trabajadora que tienen como única opción disfrutar de una jubilación al culminar una jornada laboral
Aumentar la edad de la jubilación de la mujer, nos parece que es contradictorio al discurso romántico que tenemos cuando hablamos de ella; porque no le podemos exigir más tiempo de trabajo a aquella que, además de cumplir con sus obligaciones en el hogar, se incorpora al proceso productivo igual que los hombres. La actual administración ha tenido una posición vertical sobre este tema, al considerar que no se puede aumentar la edad de jubilación.
Los sectores empresariales han sostenido que ya hacen aportes suficientes a la seguridad social, que las jubilaciones tienen un tope máximo, el cual no guardan relación con sus contribuciones. Desde el punto de vista actuarial, esto es cierto; pero la seguridad social no puede limitarse a los cálculos fríos de las ciencias actuariales. Si todos reclamamos lo que justamente aportamos acabaríamos con el sistema. No es justo que los trabajadores tengamos gravados con la cuota obrera nuestros salarios, mientras que un grupo minoritario que recibe además de jugosos salarios, gastos de representación, no cotice sobre el total de sus ingresos. Esta administración impulsó el proyecto para que los gastos de representación se gravasen, objetivo que no ha podido lograr, ya que no se pudo vencer la resistencia de la clase empresarial que se opone a que estos ingresos coticen a la seguridad social.
Otros sectores hacen cuestionamientos sobre el aumento de la planilla, los cuales, en términos absolutos, son ciertos; pero cuando le asociamos a los nuevos hospitales, policlínicas, centros de atención y otras instalaciones que se han creado, nos daremos cuenta que tienen justificación. El aumento de la demanda de los asegurados obliga a la institución a aumentar su oferta de servicios con nuevas instalaciones, que de no hacerse, la presión de los asegurados obligaría a la CSS a tener que comprar servicios a la empresa privada.
La compra de hospitales ha sido otro tema cuestionado, pero un hospital es un proyecto público que debe tener su sustentación desde el punto de vista financiero, donde los ahorros que se produzcan justifique la inversión. Si la diferencia de costos entre atender un paciente en el Complejo Hospitalario y en los hospitales que se han comprado, genera los ahorros para recuperar la inversión, estamos en presencia de una buena inversión.
Se insiste en que la actual administración está preocupada por la no privatización de la CSS, cuando los dirigentes gubernamentales han reiterado que no habrá tal. En la década del "80 se inició la ola de privatización de la seguridad social, cuyo modelo se aplicó en Chile, y hoy sólo beneficia a los trabajadores de buenos ingresos. Este modelo chileno se extendió a varios países. En Colombia, desmejoró los derechos y beneficios de los trabajadores; en 1997 se aprobó en México la nueva ley del Seguro Social. Argentina, Perú, El Salvador y otros países han puesto en marcha la privatización de la seguridad social.
En 1998, el XI Congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), reunido en México, acordó: "Rechazar el modelo de Seguridad Social privatizador que sólo busca fortalecer los mercados de capitales a través de inversiones forzadas de los trabajadores, elimina o reduce sensiblemente la responsabilidad o rol regulador del Estado, los trabajadores no participan en la administración de sus propios recursos y los derechos adquiridos pierden su vigencia y validez legal." En 1999, el gobierno venezolano establece la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, lo que motivó que el BID le advirtiera que no podía aportar su cooperación financiera y técnica si no privatizaba dicha seguridad. Ante este escenario es válida esta preocupación, porque las políticas neoliberales nos pueden llevar a esta opción, tal cual como ocurre con los procesos de globalización y modernización de la economía.
La crisis se puede resolver cuando las soluciones estén dentro de los principios de la seguridad social, donde haya concesiones de las partes, que es la única forma como funciona un diálogo.
*Especialista en Seguridad Social.
