CSS: Crónica de una confrontación programada
El desarrollo de los acontecimientos en torno a la administración de la Caja de Seguro Social (CS) siguió un guión programado. La separación del cargo del director general de la institución llevó la situación a un punto sin retorno. El presupuesto de gastos e ingresos para el 2004, fue el detonante. En ningún momento estuvo dispuesto a ajustarlo y se empeñó en imponer un déficit de B/.91 millones para mantener el desorden administrativo que caracterizó su gestión. El rumbo de confrontación fue anunciado anticipadamente.
Lo que no calculó el separado administrador de la CSS, fue la determinación con que actuó la Junta Directiva de la institución y la acogida que daría el Organo Ejecutivo a esa decisión. No puede aducir ahora que lo que se quería era politizar la seguridad social, cuando quien le dio el mayor sesgo político fue precisamente su administración. Si el Gobierno Nacional buscara politizar la institución no hubiera corrido el riesgo político que le significa la separación del administrador.
Con riesgo político y todo lo que pueda representar tal medida, era necesaria y entre más se tardaba habría acarreado mayores consecuencias para la estabilidad del país y para el proceso electoral que está a ocho meses de distancia. Los llamados a huelgas nacionales, las confrontaciones callejeras y la anarquía que algunos sectores populares buscan sembrar en el país, ya estaban programados. Era necesario abortarlas.
Depende ahora de la habilidad por parte del Gobierno para no actuar desde la orfandad política. Debe buscarse un entendimiento mínimo con los partidos políticos, convocar a la mayoría de la población que no está por la violencia y que en forma honesta desea una solución al problema de la seguridad social. Si bien se requiere de una fuerza policial que mantenga el orden público, es más urgente llamar a la población para que no se deje encantar con consignas engañosas repetidas por dirigentes de algunos sindicatos convertidos en apologistas de la violencia.
A la cabeza de esos sectores está el separado administrador de la CSS que, en un grado de deshonestidad desembozada, quiere hacer creer a la opinión pública que la seguridad social será privatizada y que será traspasada a las instituciones financieras internacionales, cuando es el responsable principal de la crisis por la que atraviesa la entidad. Su actitud solapada a lo largo de dos años de diálogo nacional para buscar soluciones a la seguridad social, quedó al desnudo cuando lanzó a sus representantes a patear la mesa y acabar con las negociaciones.
El diálogo nacional por la seguridad social se convocó con el propósito de que las delegaciones participantes contaran con un escenario donde presentar sus diferentes visiones del problema y reducir sus niveles de desconfianza a través de reglas del juego parejas para todos. En la práctica iría bajándose la resistencia, las suspicacias y las dudas. El fin ulterior apuntaba hacia decisiones racionales y consensuadas. Sin embargo, al carecer de argumentos, viables y verificables en forma técnica y científica, con los cuales imponer sus puntos de vista, los sectores sindicales y algunos gremios populares propiciaron la ruptura del diálogo y precipitaron la crisis.
Los facilitadores del diálogo nacional por la seguridad social advirtieron, desde un inicio, que el mayor obstáculos sería plantear temas importantes fuera de la mesa de negociación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reiteró de diversas formas que era en la mesa del diálogo nacional donde debían realizarse las conversaciones, a los ojos de todos, para el examen de todos, para la evaluación y la opinión de todos, con el objetivo de aportar las soluciones a la profunda crisis por la que atraviesa la CSS.
Panamá contaba con tres tiempos para salvar la seguridad social. Uno era el tiempo que el país disponía para enfrentar en forma integral el problema de la CSS. Otro era el tiempo que requerían las delegaciones representadas en el diálogo nacional para comprender la enormidad de la crisis y llegar a acuerdos consensuados. Y, finalmente, el tiempo político. Esos tres tiempos prácticamente se han agotado.
Con la ruptura del diálogo nacional por la seguridad social, permanentemente saboteado por la separada administración de la CSS, y la precipitación de la crisis, los sectores sindicales y algunos gremios trataron de vender una suerte de menú con propuestas para salvar la institución. Algunas de esas propuestas habían sido consensuadas y otras no encontraron respaldo en el diálogo nacional.
Al replantearlas fuera de la mesa del diálogo lo que se intentaban era desviar la atención de los problemas reales de la institución. Las acciones para endurecer el carácter coercitivo de las obligaciones de la seguridad social a través de sanciones más rigurosas a la evasión de la afiliación, los pagos de las cuotas y penalizar la evasión, no representaban por sí mismas una solución a menos que hubiera existido la voluntad de mejorar la fiscalización. En otras palabras, si la administración de la CSS no era eficiente en hacer cumplir las obligaciones de la seguridad social, era por gusto amenazar con la cárcel. Ahora en 30 días, el removido administrador no puede hacer lo que no hizo en cuatro años.
La realidad es que buena parte de los problemas no existirían en los actuales niveles de gravedad, si la separada administración de la CSS hubiera hecho su trabajo. Serían el resultado lógico de una buena administración, pues una persistente negligencia es responsable de fomentar hábitos nocivos en los malos contribuyentes.
Llama la atención que la propuesta de los sectores sindicales y algunos gremios populares, sembrados en la mesa del diálogo nacional por la separada administración de la CSS, buscara equiparar la estabilidad laboral de todo el personal de esa institución. ¿En qué beneficiaría eso el programa de Invalidez, Vejez y Muerte? Más bien crearía privilegios y abonaría la percepción de que lo que buscaba la administración de la CSS era adeptos para su cada vez más manifiesta campaña política.
La mayoría de la ciudadanía debe tomar conciencia para no dejarse aprisionar por el autoritarismo de una minoría. Las consignas de acabar con el modelo económico nacional y destruir "el podrido y absurdo sistema capitalista", como plantea el separado administrador de la CSS y su fundamentalista entorno ideológico, no son parte de un proyecto de seguridad social. Eso puede hacerlo en forma legítima desde un partido político.
Convocar a los asegurados para satisfacer esos fines, es tanto irresponsable como irracional. No puede proyectarse un movimiento política teniendo como base a los asegurados, pues esa es una masa humana conformada por distintas ideologías, extracción social e intereses económicos.
La actual ley electoral proporciona el camino al separado administrador de la CSS y le brinda las posibilidades de presentar en forma democrática sus propuestas al país, en lugar de intentar arrastrarlo por el camino de una confrontación ideológica con el propósito de dividir a la sociedad panameña.
Lo que no calculó el separado administrador de la CSS, fue la determinación con que actuó la Junta Directiva de la institución y la acogida que daría el Organo Ejecutivo a esa decisión. No puede aducir ahora que lo que se quería era politizar la seguridad social, cuando quien le dio el mayor sesgo político fue precisamente su administración. Si el Gobierno Nacional buscara politizar la institución no hubiera corrido el riesgo político que le significa la separación del administrador.
Con riesgo político y todo lo que pueda representar tal medida, era necesaria y entre más se tardaba habría acarreado mayores consecuencias para la estabilidad del país y para el proceso electoral que está a ocho meses de distancia. Los llamados a huelgas nacionales, las confrontaciones callejeras y la anarquía que algunos sectores populares buscan sembrar en el país, ya estaban programados. Era necesario abortarlas.
Depende ahora de la habilidad por parte del Gobierno para no actuar desde la orfandad política. Debe buscarse un entendimiento mínimo con los partidos políticos, convocar a la mayoría de la población que no está por la violencia y que en forma honesta desea una solución al problema de la seguridad social. Si bien se requiere de una fuerza policial que mantenga el orden público, es más urgente llamar a la población para que no se deje encantar con consignas engañosas repetidas por dirigentes de algunos sindicatos convertidos en apologistas de la violencia.
A la cabeza de esos sectores está el separado administrador de la CSS que, en un grado de deshonestidad desembozada, quiere hacer creer a la opinión pública que la seguridad social será privatizada y que será traspasada a las instituciones financieras internacionales, cuando es el responsable principal de la crisis por la que atraviesa la entidad. Su actitud solapada a lo largo de dos años de diálogo nacional para buscar soluciones a la seguridad social, quedó al desnudo cuando lanzó a sus representantes a patear la mesa y acabar con las negociaciones.
El diálogo nacional por la seguridad social se convocó con el propósito de que las delegaciones participantes contaran con un escenario donde presentar sus diferentes visiones del problema y reducir sus niveles de desconfianza a través de reglas del juego parejas para todos. En la práctica iría bajándose la resistencia, las suspicacias y las dudas. El fin ulterior apuntaba hacia decisiones racionales y consensuadas. Sin embargo, al carecer de argumentos, viables y verificables en forma técnica y científica, con los cuales imponer sus puntos de vista, los sectores sindicales y algunos gremios populares propiciaron la ruptura del diálogo y precipitaron la crisis.
Los facilitadores del diálogo nacional por la seguridad social advirtieron, desde un inicio, que el mayor obstáculos sería plantear temas importantes fuera de la mesa de negociación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reiteró de diversas formas que era en la mesa del diálogo nacional donde debían realizarse las conversaciones, a los ojos de todos, para el examen de todos, para la evaluación y la opinión de todos, con el objetivo de aportar las soluciones a la profunda crisis por la que atraviesa la CSS.
Panamá contaba con tres tiempos para salvar la seguridad social. Uno era el tiempo que el país disponía para enfrentar en forma integral el problema de la CSS. Otro era el tiempo que requerían las delegaciones representadas en el diálogo nacional para comprender la enormidad de la crisis y llegar a acuerdos consensuados. Y, finalmente, el tiempo político. Esos tres tiempos prácticamente se han agotado.
Con la ruptura del diálogo nacional por la seguridad social, permanentemente saboteado por la separada administración de la CSS, y la precipitación de la crisis, los sectores sindicales y algunos gremios trataron de vender una suerte de menú con propuestas para salvar la institución. Algunas de esas propuestas habían sido consensuadas y otras no encontraron respaldo en el diálogo nacional.
Al replantearlas fuera de la mesa del diálogo lo que se intentaban era desviar la atención de los problemas reales de la institución. Las acciones para endurecer el carácter coercitivo de las obligaciones de la seguridad social a través de sanciones más rigurosas a la evasión de la afiliación, los pagos de las cuotas y penalizar la evasión, no representaban por sí mismas una solución a menos que hubiera existido la voluntad de mejorar la fiscalización. En otras palabras, si la administración de la CSS no era eficiente en hacer cumplir las obligaciones de la seguridad social, era por gusto amenazar con la cárcel. Ahora en 30 días, el removido administrador no puede hacer lo que no hizo en cuatro años.
La realidad es que buena parte de los problemas no existirían en los actuales niveles de gravedad, si la separada administración de la CSS hubiera hecho su trabajo. Serían el resultado lógico de una buena administración, pues una persistente negligencia es responsable de fomentar hábitos nocivos en los malos contribuyentes.
Llama la atención que la propuesta de los sectores sindicales y algunos gremios populares, sembrados en la mesa del diálogo nacional por la separada administración de la CSS, buscara equiparar la estabilidad laboral de todo el personal de esa institución. ¿En qué beneficiaría eso el programa de Invalidez, Vejez y Muerte? Más bien crearía privilegios y abonaría la percepción de que lo que buscaba la administración de la CSS era adeptos para su cada vez más manifiesta campaña política.
La mayoría de la ciudadanía debe tomar conciencia para no dejarse aprisionar por el autoritarismo de una minoría. Las consignas de acabar con el modelo económico nacional y destruir "el podrido y absurdo sistema capitalista", como plantea el separado administrador de la CSS y su fundamentalista entorno ideológico, no son parte de un proyecto de seguridad social. Eso puede hacerlo en forma legítima desde un partido político.
Convocar a los asegurados para satisfacer esos fines, es tanto irresponsable como irracional. No puede proyectarse un movimiento política teniendo como base a los asegurados, pues esa es una masa humana conformada por distintas ideologías, extracción social e intereses económicos.
La actual ley electoral proporciona el camino al separado administrador de la CSS y le brinda las posibilidades de presentar en forma democrática sus propuestas al país, en lugar de intentar arrastrarlo por el camino de una confrontación ideológica con el propósito de dividir a la sociedad panameña.
