CSS: eliminar los abusos o proceder a las reformas
El nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS), Lic. René Luciani está en la disyuntiva de proceder a la eliminación los abusos o proceder con reformas estructurales o paramétricas. La OIT, en el documento "La seguridad social en la perspectiva del año 2000" señala que "Es totalmente injusto escoger a la seguridad social como víctima propiciatoria haciendo caso omiso del crecimiento de los gastos en otros sectores públicos , así como en los regímenes privados . La crisis de la seguridad social, si es que existe, no es una crisis de la estructura de la institución, sino que se debe a la disminución de la base económica que necesita para su funcionamiento. La seguridad social no es la causa de la crisis".
Cualquiera persona que sabe de seguridad social conoce los tres pilares fundamentales para su desarrollo: a) La tasa de asegurados activos, que depende del volumen del empleo; b) La tasa salarial, que depende de la existencia de trabajo decente; c) La productividad del trabajo, que depende de las condiciones y medio ambiente laboral. Si ello es así, habría que reconocer que el problema que afecta a la CSS está estrechamente vinculado al modelo de desarrollo económico de Panamá y a su base económica, como señala la OIT.
De allí que toda acción destinada a eliminar los abusos significa: castigar la evasión, la subdeclaración, la morosidad patronal pública y privada; que el Estado pague su deuda previsional; que el Banco Nacional cumpla con el pago de los intereses establecidos en la Ley de la CSS; que el Estado asuma la aportación correspondiente a la atención de los beneficiarios; que el Estado supla las pérdidas de los activos del Programa de Vivienda. El conjunto de esos abusos determina que la Caja deje de percibir cerca de B/.400 millones al año.
Además, debe plantearse un nuevo modelo de desarrollo económico que sea capaz de garantizar la creación de empleos que juega a favor del incremento de la tasa de cotizantes activos y, por lo tanto, a reducir el déficit actuarial, mejore los salarios y cree las condiciones para el mejoramiento integral de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Si en vez de ello se procede al aumento de la edad de jubilación, al de la densidad de cuotas, la modificación de la tasa de reemplazo del salario o el cambio en la fórmula de cálculo del salario promedio, es de prever: a) Un aumento del tiempo de exposición a factores de riesgos laborales con la consecuente intensificación del desgaste físico-mental de los asegurados activos, lo que implica mayores costos en la reparación de la enfermedad (antes y después de la jubilación), menor capacidad productiva; b) Reducción de la esperanza de vida de los jubilados o un aumento de la probabilidad de muerte de los mismos. La CSS se beneficiaría de la muerte precoz de los asegurados activos y jubilados o de una esperanza de vida post-jubilación reducida (Estrategia de Muerte), en vez de impulsar, vía el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de los asegurados activos, los años potenciales de vida económicamente activa. Quienes así piensan no han tomado en cuenta que cerca del 70% de los asegurados activos cotiza por debajo de los B/. 400.00 mensuales, y el 72% de los jubilados, por debajo de esa cifra, situándolos en condición de pobreza.
Estimaciones recientes, a nivel mundial, señalan que existe una disparidad marcada en la esperanza de vida por ocupación, siendo, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, de la construcción, del servicio doméstico, y obreros en general, los que presentan menor esperanza de vida a los 40 años y por edades seleccionadas.
Si de lo que se trata es resolver la situación de la CSS mediante la muerte prematura de los asegurados activos más pobres y de aquellos que ejercen labores pesadas, entonces estamos frente a una estrategia de muerte de la fuerza de trabajo, pues no se perfilan cambios en la legislación laboral y la de riesgos profesionales (RP) orientadas hacia la promoción de la salud y seguridad en los empleos y de prevención de riesgos laborales, así como de fortalecimiento de la rehabilitación para el trabajo y de la red de servicios en salud de los trabajadores que incluye módulos de readaptación laboral, laboratorio de toxicología y centros especializados en medicina del trabajo (paralizados por la administración arnulfista Villalaz-Muñoz, con el contubernio de funcionarios que aspiran a permanecer en los puestos que le otorgaron los golpistas del arnulfismo). No es casual que, por un lado, la CSS haya pagado en prestaciones económicas a los asegurados activos y su familia cerca de B/. 563 millones en concepto de invalidez para el trabajo, incapacidad permanente por RP, muerte prematura, incapacidades temporales por EM y RP; y por otro, la productividad media, 1991-2001, en la construcción, industria, agricultura; los hoteles, restaurantes y otros comercios sean de las más bajas.
En términos sanitarios, insistir en los vetustos esquemas de organización de las prestaciones de salud y de modelos de atención únicos, sin tomar en cuenta la historicidad y naturaleza social de los procesos salud-enfermedad, significa olvidarse del rol fundamental de la familia (como aportación de fuerza-trabajo y como consumidores de bienes y servicios); y de los trabajadores (asegurados activos) como piedra angular en la producción de bienes y servicios. Y de los jubilados y pensionados como fuerza pasiva, que paga el producto de las malas condiciones y medio ambiente de trabajo; es decir, marginar al trabajo como categoría histórica-social.
A su vez, insistir en sistemas únicos de salud y confundir el significado de los sistemas nacionales de salud (públicos), sólo sirve para crear nuevos esquemas de financiación de la salud, usando recursos económicos de la seguridad social para facilitar el desprendimiento del Estado de su responsabilidades constitucionales y constituir un fondo de salud para la compra de servicios a los sectores público y privado o un ente comprador que establece contratos-programas para la externalización de los servicios de salud. En ese sentido, lo que se busca son nuevas fórmulas para evadir el pago automático de los incrementos salariales y de los cambios de categoría de los profesionales del sector salud y su reemplazo por fuerza de trabajo de menor costo (personal extranjero) mediante los tratados de libre comercio. En vez de proceder a un proceso de racionalización de los servicios de salud para mejorar cobertura, eficiencia y eficacia, para reducir los costos-oportunidad , para mejorar la efectividad (reduciendo la carga de morbilidad y discapacidad) se prefiere disminuir beneficios a los asegurados y/o beneficiarios o introducir el copago como modalidad de financiación o el pago adicional de cuotas por beneficiario.
En este escenario, la propuesta del movimiento popular es la adecuada para eliminar los abusos cometidos contra la Caja y crea las condiciones para su sostenibilidad.
Cualquiera persona que sabe de seguridad social conoce los tres pilares fundamentales para su desarrollo: a) La tasa de asegurados activos, que depende del volumen del empleo; b) La tasa salarial, que depende de la existencia de trabajo decente; c) La productividad del trabajo, que depende de las condiciones y medio ambiente laboral. Si ello es así, habría que reconocer que el problema que afecta a la CSS está estrechamente vinculado al modelo de desarrollo económico de Panamá y a su base económica, como señala la OIT.
De allí que toda acción destinada a eliminar los abusos significa: castigar la evasión, la subdeclaración, la morosidad patronal pública y privada; que el Estado pague su deuda previsional; que el Banco Nacional cumpla con el pago de los intereses establecidos en la Ley de la CSS; que el Estado asuma la aportación correspondiente a la atención de los beneficiarios; que el Estado supla las pérdidas de los activos del Programa de Vivienda. El conjunto de esos abusos determina que la Caja deje de percibir cerca de B/.400 millones al año.
Además, debe plantearse un nuevo modelo de desarrollo económico que sea capaz de garantizar la creación de empleos que juega a favor del incremento de la tasa de cotizantes activos y, por lo tanto, a reducir el déficit actuarial, mejore los salarios y cree las condiciones para el mejoramiento integral de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Si en vez de ello se procede al aumento de la edad de jubilación, al de la densidad de cuotas, la modificación de la tasa de reemplazo del salario o el cambio en la fórmula de cálculo del salario promedio, es de prever: a) Un aumento del tiempo de exposición a factores de riesgos laborales con la consecuente intensificación del desgaste físico-mental de los asegurados activos, lo que implica mayores costos en la reparación de la enfermedad (antes y después de la jubilación), menor capacidad productiva; b) Reducción de la esperanza de vida de los jubilados o un aumento de la probabilidad de muerte de los mismos. La CSS se beneficiaría de la muerte precoz de los asegurados activos y jubilados o de una esperanza de vida post-jubilación reducida (Estrategia de Muerte), en vez de impulsar, vía el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de los asegurados activos, los años potenciales de vida económicamente activa. Quienes así piensan no han tomado en cuenta que cerca del 70% de los asegurados activos cotiza por debajo de los B/. 400.00 mensuales, y el 72% de los jubilados, por debajo de esa cifra, situándolos en condición de pobreza.
Estimaciones recientes, a nivel mundial, señalan que existe una disparidad marcada en la esperanza de vida por ocupación, siendo, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, de la construcción, del servicio doméstico, y obreros en general, los que presentan menor esperanza de vida a los 40 años y por edades seleccionadas.
Si de lo que se trata es resolver la situación de la CSS mediante la muerte prematura de los asegurados activos más pobres y de aquellos que ejercen labores pesadas, entonces estamos frente a una estrategia de muerte de la fuerza de trabajo, pues no se perfilan cambios en la legislación laboral y la de riesgos profesionales (RP) orientadas hacia la promoción de la salud y seguridad en los empleos y de prevención de riesgos laborales, así como de fortalecimiento de la rehabilitación para el trabajo y de la red de servicios en salud de los trabajadores que incluye módulos de readaptación laboral, laboratorio de toxicología y centros especializados en medicina del trabajo (paralizados por la administración arnulfista Villalaz-Muñoz, con el contubernio de funcionarios que aspiran a permanecer en los puestos que le otorgaron los golpistas del arnulfismo). No es casual que, por un lado, la CSS haya pagado en prestaciones económicas a los asegurados activos y su familia cerca de B/. 563 millones en concepto de invalidez para el trabajo, incapacidad permanente por RP, muerte prematura, incapacidades temporales por EM y RP; y por otro, la productividad media, 1991-2001, en la construcción, industria, agricultura; los hoteles, restaurantes y otros comercios sean de las más bajas.
En términos sanitarios, insistir en los vetustos esquemas de organización de las prestaciones de salud y de modelos de atención únicos, sin tomar en cuenta la historicidad y naturaleza social de los procesos salud-enfermedad, significa olvidarse del rol fundamental de la familia (como aportación de fuerza-trabajo y como consumidores de bienes y servicios); y de los trabajadores (asegurados activos) como piedra angular en la producción de bienes y servicios. Y de los jubilados y pensionados como fuerza pasiva, que paga el producto de las malas condiciones y medio ambiente de trabajo; es decir, marginar al trabajo como categoría histórica-social.
A su vez, insistir en sistemas únicos de salud y confundir el significado de los sistemas nacionales de salud (públicos), sólo sirve para crear nuevos esquemas de financiación de la salud, usando recursos económicos de la seguridad social para facilitar el desprendimiento del Estado de su responsabilidades constitucionales y constituir un fondo de salud para la compra de servicios a los sectores público y privado o un ente comprador que establece contratos-programas para la externalización de los servicios de salud. En ese sentido, lo que se busca son nuevas fórmulas para evadir el pago automático de los incrementos salariales y de los cambios de categoría de los profesionales del sector salud y su reemplazo por fuerza de trabajo de menor costo (personal extranjero) mediante los tratados de libre comercio. En vez de proceder a un proceso de racionalización de los servicios de salud para mejorar cobertura, eficiencia y eficacia, para reducir los costos-oportunidad , para mejorar la efectividad (reduciendo la carga de morbilidad y discapacidad) se prefiere disminuir beneficios a los asegurados y/o beneficiarios o introducir el copago como modalidad de financiación o el pago adicional de cuotas por beneficiario.
En este escenario, la propuesta del movimiento popular es la adecuada para eliminar los abusos cometidos contra la Caja y crea las condiciones para su sostenibilidad.
