CSS: La ley de la discordia
LA SITUACIÓN ACTUAL se parece mucho -aunque no es igual- a un juego de dominó (¿suena a dominación, verdad?), en el cual un jugador ansioso de ganar cerró apuradamente el juego, pero finalmente captó que otros jugadores tenían menos puntos que él cuando esperaba lo contrario.
Guardando proporciones esa fue la táctica del gobierno. Correr a cerrar el tema de la CSS sin debatirlo, ni dialogarlo ni negociarlo a fondo, en base al principio de los hechos consumados.
Claro está que la realidad es mucho más complicada que un juego de mesa, y la situación actual, en lugar de caminar a soluciones, parece enrumbarse a un escenario más difícil.
Ambos campos (gobierno y opositores a las reformas de la CSS) proponen dialogar y se han sentado a intentarlo. El gobierno acepta el diálogo, pero sin poner en la mesa la posibilidad de revisar la Ley 17, exigiendo suspender las medidas de presión. La oposición popular no acepta suspender las medidas de presión sin garantías de que se abordará el meollo del asunto. La Iglesia se presenta a la fiesta algo tarde con una propuesta de mediación, que es válida, pero que requiere impulso.
Mientras la calle arde. La oposición popular tiene el derecho a la protesta pero esta debe ser no violenta. El gobierno tiene el deber de cuidar la vida y honra ciudadana pero respetando los derechos humanos de todos y todas, aún de los que protestan.
Varios personeros gubernamentales han insistido que la democracia se reduce no solo a darles votos, sino a entregarles una patente de corso que consiste en la decisión unilateral de imponer decisiones, incluso las lesivas al bien común sin que nadie deba chistar.
Es provechoso recordarles que el poder no se toma ni se gana, ni se convierte en patrimonio de nadie; por el contrario, se construye democráticamente tanto en las urnas como en el vivir cotidiano de los pueblos.
La democracia no se reduce a la formalidad electoral, sino que debe convertirse en democracia de ciudadanía. No se trata del principio de que yo te elijo y por ende, tienes carta blanca para operar aún contra mis intereses y aspiraciones.
La democracia sin la participación a todos los diversos niveles y sectores sociales se estanca y no propicia las transformaciones necesarias, pues su accionar está íntimamente ligada al acceso a la información, consulta y acceso a toma de decisiones por parte de la ciudadanía. La ciudadanía, para incidir en el proceso, debe estar cada vez más organizada y empoderada, manteniendo su autonomía en relación a la sociedad política, para poder expresar con legitimidad las necesidades y aspiraciones no sólo de los organizados, sino de la comunidad en su conjunto.
Los grandes objetivos nacionales (desarrollo, equidad, democracia, ambiente, autodeterminación) solamente pueden ser logrados como resultado de la capacidad política de los diversos sectores del país para construir instituciones políticas representativas, legítimas y participativas, donde juega un papel importante la vía de la construcción de acuerdos y compromisos nacionales. Este proceso debe articularse estrechamente con un proceso de descentralización del poder, y de construcción y reconstrucción de identidad al posibilitar la relación entre sociedad civil y sociedad política. Consensos mínimos y capacidad nacional, para actuar superando los problemas políticos y socioeconómicos.
La verdad es que yo pensaba y creía que habíamos aprendido algo. En cierta forma la sociedad panameña maduró con las lecciones aprendidas en la década del 80 cuando oscilamos entre el autoritarismo militar, la polarización política, la crisis económica, exclusión social, el control foráneo de los bienes canaleros y la invasión. En los 90 decidimos poner en común temas de agenda nacional, enriqueciendo el proceso de perfeccionamiento del Estado nacional además de la integración de su territorio y el ejercicio pleno de la soberanía sobre sus recursos. Allí es están las experiencias de los compromisos ético electorales, el Pacto Mujer y Desarrollo, los encuentros Panamá 2000 y la Visión 2020.
Muchos entendimos a lo largo del camino recorrido que es más democrática una sociedad que construye nuevas formas de contrato social en base a un nuevo principio de legitimidad que supere las mayorías electorales surgidas al calor del momento electoral, por espacios de encuentro entre ciudadanía y gobierno preocupados por enfrentar los déficit éticos, sociales y políticos con el mismo cuidado con que se quiere impulsar el desarrollo económico.
La Ley 17 debe ser derogada o revisada. La represión es solamente una muestra de la debilidad del Estado y la violencia callejera también expresa flaqueza e incoherencia de los actores populares.
El que siembra vientos, cosecha tempestades; y las ideas se combaten con ideas, no con la fuerza.
(raulleisr@hotmail.com)
Guardando proporciones esa fue la táctica del gobierno. Correr a cerrar el tema de la CSS sin debatirlo, ni dialogarlo ni negociarlo a fondo, en base al principio de los hechos consumados.
Claro está que la realidad es mucho más complicada que un juego de mesa, y la situación actual, en lugar de caminar a soluciones, parece enrumbarse a un escenario más difícil.
Ambos campos (gobierno y opositores a las reformas de la CSS) proponen dialogar y se han sentado a intentarlo. El gobierno acepta el diálogo, pero sin poner en la mesa la posibilidad de revisar la Ley 17, exigiendo suspender las medidas de presión. La oposición popular no acepta suspender las medidas de presión sin garantías de que se abordará el meollo del asunto. La Iglesia se presenta a la fiesta algo tarde con una propuesta de mediación, que es válida, pero que requiere impulso.
Mientras la calle arde. La oposición popular tiene el derecho a la protesta pero esta debe ser no violenta. El gobierno tiene el deber de cuidar la vida y honra ciudadana pero respetando los derechos humanos de todos y todas, aún de los que protestan.
Varios personeros gubernamentales han insistido que la democracia se reduce no solo a darles votos, sino a entregarles una patente de corso que consiste en la decisión unilateral de imponer decisiones, incluso las lesivas al bien común sin que nadie deba chistar.
Es provechoso recordarles que el poder no se toma ni se gana, ni se convierte en patrimonio de nadie; por el contrario, se construye democráticamente tanto en las urnas como en el vivir cotidiano de los pueblos.
La democracia no se reduce a la formalidad electoral, sino que debe convertirse en democracia de ciudadanía. No se trata del principio de que yo te elijo y por ende, tienes carta blanca para operar aún contra mis intereses y aspiraciones.
La democracia sin la participación a todos los diversos niveles y sectores sociales se estanca y no propicia las transformaciones necesarias, pues su accionar está íntimamente ligada al acceso a la información, consulta y acceso a toma de decisiones por parte de la ciudadanía. La ciudadanía, para incidir en el proceso, debe estar cada vez más organizada y empoderada, manteniendo su autonomía en relación a la sociedad política, para poder expresar con legitimidad las necesidades y aspiraciones no sólo de los organizados, sino de la comunidad en su conjunto.
Los grandes objetivos nacionales (desarrollo, equidad, democracia, ambiente, autodeterminación) solamente pueden ser logrados como resultado de la capacidad política de los diversos sectores del país para construir instituciones políticas representativas, legítimas y participativas, donde juega un papel importante la vía de la construcción de acuerdos y compromisos nacionales. Este proceso debe articularse estrechamente con un proceso de descentralización del poder, y de construcción y reconstrucción de identidad al posibilitar la relación entre sociedad civil y sociedad política. Consensos mínimos y capacidad nacional, para actuar superando los problemas políticos y socioeconómicos.
La verdad es que yo pensaba y creía que habíamos aprendido algo. En cierta forma la sociedad panameña maduró con las lecciones aprendidas en la década del 80 cuando oscilamos entre el autoritarismo militar, la polarización política, la crisis económica, exclusión social, el control foráneo de los bienes canaleros y la invasión. En los 90 decidimos poner en común temas de agenda nacional, enriqueciendo el proceso de perfeccionamiento del Estado nacional además de la integración de su territorio y el ejercicio pleno de la soberanía sobre sus recursos. Allí es están las experiencias de los compromisos ético electorales, el Pacto Mujer y Desarrollo, los encuentros Panamá 2000 y la Visión 2020.
Muchos entendimos a lo largo del camino recorrido que es más democrática una sociedad que construye nuevas formas de contrato social en base a un nuevo principio de legitimidad que supere las mayorías electorales surgidas al calor del momento electoral, por espacios de encuentro entre ciudadanía y gobierno preocupados por enfrentar los déficit éticos, sociales y políticos con el mismo cuidado con que se quiere impulsar el desarrollo económico.
La Ley 17 debe ser derogada o revisada. La represión es solamente una muestra de la debilidad del Estado y la violencia callejera también expresa flaqueza e incoherencia de los actores populares.
El que siembra vientos, cosecha tempestades; y las ideas se combaten con ideas, no con la fuerza.
(raulleisr@hotmail.com)
