Cuando en Dinamarca el olor no se soporta
Debe ser fragorosa la duermevela de la procuradora Ana Matilde Gómez. Por un lado tiene a un hombre que le resulta del todo antipático, Patricio Candanedo, como fiscal primero de Drogas, puesto del que ya sacó, con una jugada administrativa, a Rosendo Miranda. A Candanedo, Gómez lo ha intentado decapitar (y conste que esta palabra la uso como estricta metáfora), pero los nexos del funcionario con altos mandos antinarcóticos de Estados Unidos se lo impiden. Desbarrancar a Patricio por el mal trabajo que según ella está haciendo, por ahora significaría para Gómez chocar de frente con un destructor que en su costado lleva impresas tres letras: DEA.
Mientras Ana Matilde decide si le pone la firma a aquella declaración de guerra, estalla el caso de la otra fiscal de Drogas, Aminta Corro, de Colón, a quien el Departamento de Seguridad Nacional sacó del territorio estadounidense porque, según informaron, tiene "vínculo con actividades criminales" (¡Wao!).
Todos sabemos de la famosa carta a la procuradora en la que la DEA señala los indicios que se tienen contra la fiscal Corro, y que sirvió para iniciarle aquí un proceso penal. Estas son las olas iniciales de un escándalo, no lo duden.
Me pregunto si la procuradora, cuando se enfrenta a casos como éstos, piensa en lo que le ocurrió cuando era fiscal del mal recordado José Antonio Sossa, y la señalaron (según consta en la copia del expediente que tengo en mis archivos) como responsable por la fuga de un narcotraficante al que ella insistió en darle permiso para tratamiento médico, a pesar de que los expertos le decían que era una imprudencia, lo que en definitiva provocó su salida del Ministerio Público.
Todo esto me refuerza una idea: La administración de justicia es la hermana pobre de todas las administraciones.
Los educadores panameños, los que se fajan en el aula, han sido responsables de importantes gestas en defensa de la democracia panameña y, frente al gobierno de turno han sido una de las pocas voces críticas para denunciar muchos de sus desmanes. Particularmente, frente a temas como las reformas fiscales y de la seguridad social, fueron decisivos para evitar que causaran males mayores.
Actualmente, son el más importante de los grupos sociales que exigen explicaciones y un debate democrático y justo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Por ello, no es una coincidencia, que ahora sean el blanco favorito de las autoridades de turno que, en el tema de la educación, como demostraría un enjuiciamiento serio y objetivo, en lugar de acusaciones debieran rendir cuentas y dar explicaciones, pues son muchas las que deben.
Las demandas salariales de los educadores son justas y tratar de postergarlas bajo el pretexto de que primero debe solucionarse una crisis endémica de nuestra educación que, por su envergadura y antecedentes, involucra a muchos otros actores, pero principalmente a las autoridades educativas, es una evasión que sólo demuestra la incompetencia de un ministro que pareciera vivir en un permanente estado de levitación.
Mientras Ana Matilde decide si le pone la firma a aquella declaración de guerra, estalla el caso de la otra fiscal de Drogas, Aminta Corro, de Colón, a quien el Departamento de Seguridad Nacional sacó del territorio estadounidense porque, según informaron, tiene "vínculo con actividades criminales" (¡Wao!).
Todos sabemos de la famosa carta a la procuradora en la que la DEA señala los indicios que se tienen contra la fiscal Corro, y que sirvió para iniciarle aquí un proceso penal. Estas son las olas iniciales de un escándalo, no lo duden.
Me pregunto si la procuradora, cuando se enfrenta a casos como éstos, piensa en lo que le ocurrió cuando era fiscal del mal recordado José Antonio Sossa, y la señalaron (según consta en la copia del expediente que tengo en mis archivos) como responsable por la fuga de un narcotraficante al que ella insistió en darle permiso para tratamiento médico, a pesar de que los expertos le decían que era una imprudencia, lo que en definitiva provocó su salida del Ministerio Público.
Todo esto me refuerza una idea: La administración de justicia es la hermana pobre de todas las administraciones.
Los educadores panameños, los que se fajan en el aula, han sido responsables de importantes gestas en defensa de la democracia panameña y, frente al gobierno de turno han sido una de las pocas voces críticas para denunciar muchos de sus desmanes. Particularmente, frente a temas como las reformas fiscales y de la seguridad social, fueron decisivos para evitar que causaran males mayores.
Actualmente, son el más importante de los grupos sociales que exigen explicaciones y un debate democrático y justo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Por ello, no es una coincidencia, que ahora sean el blanco favorito de las autoridades de turno que, en el tema de la educación, como demostraría un enjuiciamiento serio y objetivo, en lugar de acusaciones debieran rendir cuentas y dar explicaciones, pues son muchas las que deben.
Las demandas salariales de los educadores son justas y tratar de postergarlas bajo el pretexto de que primero debe solucionarse una crisis endémica de nuestra educación que, por su envergadura y antecedentes, involucra a muchos otros actores, pero principalmente a las autoridades educativas, es una evasión que sólo demuestra la incompetencia de un ministro que pareciera vivir en un permanente estado de levitación.
