Cuando olvidamos las causas de la corrupción
El 14 de marzo de 2002, hemos recibido la angustiosa noticia, a través de los medios escritos de comunicación social, que dos legisladores de la República han presentado un anteproyecto de Ley por el cual se pretende exonerar a los transportistas del impuesto sobre el combustible, piezas de repuestos, lubricantes y llantas, lo cual sería financiado por un "impuesto a la circulación" pagadero por todos los demás ciudadanos del país, como forma de solidaridad.
Tal anteproyecto busca que, mediante esta exoneración, los transportistas mejoren el transporte público. En el fondo lo que se quiere es aumentar el poder adquisitivo del transportista, para que tal aumento se traduzca hipotéticamente en la compra de más combustible, más lubricante, más piezas, más llantas, en supuesto beneficio del transporte público.
Al leer tal noticia, primero sentí un escalofrío, luego una furia tremenda, más tarde una gran ira provocada por la impotencia y, finalmente, la reflexión. Sí, la reflexión, la razón, la meditación que debe guiar nuestros pasos y no la emoción que es reina de inoportunos actos, con consecuencias impredecibles.
En efecto, la reflexión es la que parece haber sido dejada de lado por los proponentes del anteproyecto. ¿Quién asegura que los transportistas usarán tal aumento de su poder de compra en el mejoramiento del transporte? Esta medida parece provenir más de un legislador del "Glorioso PRD" que del "Partido Demócrata Cristiano", perdón, del ahora "Partido Popular".
Este anteproyecto está dirigido a favorecer a un grupo de personas que, en su mayoría, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado un despego absoluto de los valores de la civilización, la concordia y la cortesía. Basta con transitar diariamente por la Ciudad de Panamá para darse cuenta la cantidad de violaciones de tránsito que realizan los taxis y buses. No falta la oportunidad de llegar a una esquina, un cruce o a un semáforo, sin que un "transportista" nos haga sonar su estruendosa bocina hasta el cansancio porque no nos movemos (como si nuestro objetivo fuera el de quedarnos estacionados en tal lugar) a la velocidad que ellos quieren, porque los únicos con derecho a llegar rápido a su destino es el transportista y no el resto de la ciudadanía.
Es, ciertamente, el resto de la ciudadanía que se ve afectada por el desorden en el transporte, causado por los mismos transportistas a quienes se les pretende premiar con un beneficio, un privilegio al cual no tienen derecho, porque no se lo han ganado. Este desorden que se desarrolla bajo la complacencia de nuestras autoridades tiene una víctima: "el resto del país". ¿Por qué no se intenta buscar un mecanismo para proteger a esta indefensa víctima? ¿Por qué no se imagina un medio de compensar en forma inmediata a un ciudadano que se ve perjudicado con los constantes accidentes de tránsito provocados por los transportistas?
En lugar de aumentar los privilegios, causante de la corrupción más grave que hay: la de la conciencia humana, se debería pensar en edificar una carrera técnica, un estudio, diplomado, o seminarios de formación continua que le permita a los transportistas profesionalizarse y que se les respete como tales. Esto tendría como objeto la estructura de formación actual, donde los transportistas comienzan siendo "secretarios" de conductores, colgados de las puertas, para luego llegar a ser palancas y con mucha suerte, algún día, dueños de sus unidades. Ya podemos imaginar la clase de persona que se forma su pensamiento de esta manera. También podría explorarse el fomentar las becas de estudio para dichos transportistas y para sus familias.
La iniciativa de los legisladores olvida que por más que nos esforcemos en cambiar las condiciones de vida y de trabajo de los seres humanos, nada será realmente positivo sino se cambian las conciencias de las personas. Ello sólo es posible con la educación. De otra forma, será un esfuerzo derrochado, como otros tantos que emprenden nuestras "gloriosas instituciones públicas.
Para los transportistas, siempre el causante del accidente es el destino, el conductor del otro vehículo, el estado de la carretera, el clima: demasiado sol, poco sol, mucha lluvia, la carretera demasiado seca, etc. Es clásico escuchar que la culpa siempre es de otro. Nadie es responsable de nada en este país. La responsabilidad, a los ojos de estos seres irresponsables por determinación natural, resulta un fenómeno complejo, del cual solamente deben sufrir los terceros poco adaptados para esquivar las responsabilidades (Darwin a la inversa). Estas premisas no son más que el reflejo del subdesarrollo, y si no me creen les aconsejo leer a José Ortega y Gasset en "La Rebelión de las Masas" y a José Luis Sanpedro en "La Conciencia del Subdesarrollo".
Los proponentes del anteproyecto han olvidado que en 1789 la Revolución Francesa se generó por la existencia de excesivos privilegios en manos de unos pocos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar el desprecio de los privilegios injustificados? Puesto que si de justificación se trata, estaríamos dispuestos a soportar la carga de tales impuestos si fueran dirigidos a los educadores que con su esfuerzo intentan formar las almas de nuestra juventud. Estaríamos en primera fila para apoyar un anteproyecto dirigido a beneficiar a las enfermeras, cuyos salarios no son los mejores, pero que con su abnegada conciencia de servicio social les lleva al sacrificio en un esfuerzo por mejorar la salud de sus pacientes.
Sí, estos son privilegios injustificados. Eso es lo que sería el beneficio recibido por los transportistas en perjuicio del resto del país.
Solidaridad. Este es un fundamento inoperante. La solidaridad la tenemos con quienes poco o nada tienen. Pero los transportistas tienen. Ellos ganan su sustento. ¿Qué hay de aquellos que no tienen cómo ganarse el suyo? ¿Por qué, me pregunto yo, no se les ha ocurrido crear el impuesto a la circulación para fomentar la creación de becas de estudio escolar y universitario, ya sea en el país o en el extranjero para estudiantes de escasos recursos? Lamentablemente, hemos de advertir que nuestros legisladores se han olvidado que en las montañas de Santa Fe de Veraguas, de Coclé, Bocas Del Toro o del Darién, o incluso más cerca como en La Chorrera, San Miguelito, o aquí mismo en la capital, existen niños que con una beca podrían hacer progresar a este país.
El Capital más importante que tiene un país es el recurso humano con el que cuenta; si no lo cuidamos o fomentamos, cómo pretendemos desarrollarnos. Seguro, no es con privilegios injustificados, que nos recuerdan a las clásicas conductas de las últimas décadas del siglo XX, como vamos a salir del tercermundismo, del atraso y del subdesarrollo. Parece que el país no ha comprendido que los países desarrollados lo son no por las empresas que poseen. Las empresas las hacen los hombres. Las máquinas las crean los hombres. Solamente la cultura y la educación nos pueden sacar del atraso en que estamos.
El anteproyecto de ley en estudio se aparta del camino correcto. Un legislador debe legislar para el país, es decir para la colectividad y no para un grupo en particular. El objetivo de la función pública, decían Aristóteles y Platón, fuente del Tomismo que gobernó la filosofía Demócrata Cristiana, es "el bien común". Esperamos que sea "el bien común" el principio orientador de la conducta de quienes nos gobiernan y no el oportunismo y el juega vivo clásico de los mediocres. Mientras más privilegios creemos, menos país nos queda.
(aicorb@bellsouth.net.pa)
Tal anteproyecto busca que, mediante esta exoneración, los transportistas mejoren el transporte público. En el fondo lo que se quiere es aumentar el poder adquisitivo del transportista, para que tal aumento se traduzca hipotéticamente en la compra de más combustible, más lubricante, más piezas, más llantas, en supuesto beneficio del transporte público.
Al leer tal noticia, primero sentí un escalofrío, luego una furia tremenda, más tarde una gran ira provocada por la impotencia y, finalmente, la reflexión. Sí, la reflexión, la razón, la meditación que debe guiar nuestros pasos y no la emoción que es reina de inoportunos actos, con consecuencias impredecibles.
En efecto, la reflexión es la que parece haber sido dejada de lado por los proponentes del anteproyecto. ¿Quién asegura que los transportistas usarán tal aumento de su poder de compra en el mejoramiento del transporte? Esta medida parece provenir más de un legislador del "Glorioso PRD" que del "Partido Demócrata Cristiano", perdón, del ahora "Partido Popular".
Este anteproyecto está dirigido a favorecer a un grupo de personas que, en su mayoría, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado un despego absoluto de los valores de la civilización, la concordia y la cortesía. Basta con transitar diariamente por la Ciudad de Panamá para darse cuenta la cantidad de violaciones de tránsito que realizan los taxis y buses. No falta la oportunidad de llegar a una esquina, un cruce o a un semáforo, sin que un "transportista" nos haga sonar su estruendosa bocina hasta el cansancio porque no nos movemos (como si nuestro objetivo fuera el de quedarnos estacionados en tal lugar) a la velocidad que ellos quieren, porque los únicos con derecho a llegar rápido a su destino es el transportista y no el resto de la ciudadanía.
Es, ciertamente, el resto de la ciudadanía que se ve afectada por el desorden en el transporte, causado por los mismos transportistas a quienes se les pretende premiar con un beneficio, un privilegio al cual no tienen derecho, porque no se lo han ganado. Este desorden que se desarrolla bajo la complacencia de nuestras autoridades tiene una víctima: "el resto del país". ¿Por qué no se intenta buscar un mecanismo para proteger a esta indefensa víctima? ¿Por qué no se imagina un medio de compensar en forma inmediata a un ciudadano que se ve perjudicado con los constantes accidentes de tránsito provocados por los transportistas?
En lugar de aumentar los privilegios, causante de la corrupción más grave que hay: la de la conciencia humana, se debería pensar en edificar una carrera técnica, un estudio, diplomado, o seminarios de formación continua que le permita a los transportistas profesionalizarse y que se les respete como tales. Esto tendría como objeto la estructura de formación actual, donde los transportistas comienzan siendo "secretarios" de conductores, colgados de las puertas, para luego llegar a ser palancas y con mucha suerte, algún día, dueños de sus unidades. Ya podemos imaginar la clase de persona que se forma su pensamiento de esta manera. También podría explorarse el fomentar las becas de estudio para dichos transportistas y para sus familias.
La iniciativa de los legisladores olvida que por más que nos esforcemos en cambiar las condiciones de vida y de trabajo de los seres humanos, nada será realmente positivo sino se cambian las conciencias de las personas. Ello sólo es posible con la educación. De otra forma, será un esfuerzo derrochado, como otros tantos que emprenden nuestras "gloriosas instituciones públicas.
Para los transportistas, siempre el causante del accidente es el destino, el conductor del otro vehículo, el estado de la carretera, el clima: demasiado sol, poco sol, mucha lluvia, la carretera demasiado seca, etc. Es clásico escuchar que la culpa siempre es de otro. Nadie es responsable de nada en este país. La responsabilidad, a los ojos de estos seres irresponsables por determinación natural, resulta un fenómeno complejo, del cual solamente deben sufrir los terceros poco adaptados para esquivar las responsabilidades (Darwin a la inversa). Estas premisas no son más que el reflejo del subdesarrollo, y si no me creen les aconsejo leer a José Ortega y Gasset en "La Rebelión de las Masas" y a José Luis Sanpedro en "La Conciencia del Subdesarrollo".
Los proponentes del anteproyecto han olvidado que en 1789 la Revolución Francesa se generó por la existencia de excesivos privilegios en manos de unos pocos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar el desprecio de los privilegios injustificados? Puesto que si de justificación se trata, estaríamos dispuestos a soportar la carga de tales impuestos si fueran dirigidos a los educadores que con su esfuerzo intentan formar las almas de nuestra juventud. Estaríamos en primera fila para apoyar un anteproyecto dirigido a beneficiar a las enfermeras, cuyos salarios no son los mejores, pero que con su abnegada conciencia de servicio social les lleva al sacrificio en un esfuerzo por mejorar la salud de sus pacientes.
Sí, estos son privilegios injustificados. Eso es lo que sería el beneficio recibido por los transportistas en perjuicio del resto del país.
Solidaridad. Este es un fundamento inoperante. La solidaridad la tenemos con quienes poco o nada tienen. Pero los transportistas tienen. Ellos ganan su sustento. ¿Qué hay de aquellos que no tienen cómo ganarse el suyo? ¿Por qué, me pregunto yo, no se les ha ocurrido crear el impuesto a la circulación para fomentar la creación de becas de estudio escolar y universitario, ya sea en el país o en el extranjero para estudiantes de escasos recursos? Lamentablemente, hemos de advertir que nuestros legisladores se han olvidado que en las montañas de Santa Fe de Veraguas, de Coclé, Bocas Del Toro o del Darién, o incluso más cerca como en La Chorrera, San Miguelito, o aquí mismo en la capital, existen niños que con una beca podrían hacer progresar a este país.
El Capital más importante que tiene un país es el recurso humano con el que cuenta; si no lo cuidamos o fomentamos, cómo pretendemos desarrollarnos. Seguro, no es con privilegios injustificados, que nos recuerdan a las clásicas conductas de las últimas décadas del siglo XX, como vamos a salir del tercermundismo, del atraso y del subdesarrollo. Parece que el país no ha comprendido que los países desarrollados lo son no por las empresas que poseen. Las empresas las hacen los hombres. Las máquinas las crean los hombres. Solamente la cultura y la educación nos pueden sacar del atraso en que estamos.
El anteproyecto de ley en estudio se aparta del camino correcto. Un legislador debe legislar para el país, es decir para la colectividad y no para un grupo en particular. El objetivo de la función pública, decían Aristóteles y Platón, fuente del Tomismo que gobernó la filosofía Demócrata Cristiana, es "el bien común". Esperamos que sea "el bien común" el principio orientador de la conducta de quienes nos gobiernan y no el oportunismo y el juega vivo clásico de los mediocres. Mientras más privilegios creemos, menos país nos queda.
(aicorb@bellsouth.net.pa)
