¿Cuánto cuesta el agua?
El agua potable es un bien social. A través de ésta, la Nación erradica las epidemias, da de beber a comunidades sedientas y crea un clima de bienestar generalizado para la población. A través de la misma nos llega la posibilidad de vivir vidas saludables y mejores. El acceso al agua potable debe ser entendido por la población como un derecho inalienable y el Estado tiene la obligación tácita de suministrarlo.
El agua potable también es un bien económico, ya que tiene un costo de producción y un precio de venta. Producir un litro de agua potable y transportarlo hasta la comodidad de los hogares tiene un costo determinado. Si contabilizamos todos los gastos en los que el IDAAN incurre durante un período determinado de tiempo y la cifra resultante la dividimos entre la cantidad de agua producida en ese mismo período de tiempo, tendremos el costo unitario del agua puesta en el grifo de los hogares.
El agua es un bien público. El agua en Panamá es propiedad del Estado, es decir que es de todos en general y es de nadie en particular. La Ley de Aguas así lo define. Existe también la idea generalizada de que en este país el agua es abundante. Esto es una verdad a medias. Panamá tiene abundantes recursos hídricos, sin embargo no están distribuidos uniformemente. Los ríos más caudalosos están en Darién y Bocas del Toro, que son las dos provincias menos pobladas del país y con menor desarrollo vial. La mayoría de ciudades y pueblos está en la vertiente pacífica donde hay poca agua durante los primeros seis meses del año y mucha durante los otros seis meses restantes debido a la alternancia de las estaciones seca y lluviosa.
La disponibilidad del agua es un bien escaso. Los acueductos sufren restricciones en su capacidad para transportar el vital líquido con el paso del tiempo. Este es un dato poco conocido por la ciudadanía. Antes del advenimiento de las tecnologías a base de polímeros, toda la tubería utilizada en acueductos era de hierro dúctil o de acero de diferentes aleaciones. Con los años, las tuberías de este tipo de material se van volviendo rugosas en su interior y una gruesa capa de partículas y adherencias corrosivas van limitando la capacidad del conducto para transportar el agua. Esto es parecido al proceso que sufren las venas en los seres humanos, en quienes las grasas y el colesterol presentes en la sangre van creando placas y adherencias que restringen el libre flujo de la misma hasta que sobreviene un infarto.
Los acueductos de las principales ciudades del país, construidos hace décadas, están infartados y requieren cuantiosas inversiones para transportar agua limpia y potable al creciente número de comunidades. La falta de planificación urbana, la migración a las ciudades y la ausencia de una reglamentación apropiada del uso del suelo oscurecen y agravan el panorama.
El agua potable es un magnífico negocio en ciernes para las compañías privadas. Veamos algunos parámetros: un litro de agua embotellada cuesta alrededor de un balboa. Ese mismo balboa le permite al usuario común comprar 4600 litros de agua pública, tomando como base la tarifa mensual mínima del IDAAN. La venta de agua privada se perfila como un monopolio con mejores perspectivas de lucro que los realizados por las transnacionales de la electricidad y las comunicaciones en Panamá. La explicación es simple y llana: se puede vivir sin luz y sin celulares, pero la vida humana no es posible sin agua.
La primera pregunta que un administrador privado se haría ante el problema del agua potable sería: ¿Cuál es el costo de producir y distribuir un litro de agua actualmente y cuánto se cobra por él?
Las siguientes preguntas son obligadas: ¿Cuánta agua se pierde en el camino y por qué? ¿Cuál es la estructura tarifaria para lograr el punto de equilibrio entre costos e ingresos? ¿Cuál es la mejor organización para potenciar el recurso humano existente? ¿Cuál es la visión y la estrategia a mediano y largo plazo para facilitar el acceso sostenible de agua potable a toda la población? En Panamá el 87% de la población tiene acceso al agua potable. Este índice es superior al resto de los indicadores de Centroamérica, con la excepción de nuestros vecinos costarricenses cuya población, en su totalidad (100%), tienen acceso al agua potable.
Para resolver el problema del agua potable, el gobierno pasado prefirió plantear la opción de las privatizaciones, que extraen inmisericordemente los dineros del bolsillo del ciudadano común.
El actual gobierno echó mano del Fondo Fiduciario, producto de otras privatizaciones, para implementar una política de paños tibios y soluciones temporales a un metastásico proceso de manejo de aguas.
Ambos casos son síntomas de una enfermedad crónica que aqueja a la sociedad panameña. Por un lado, campea la codicia y la cobardía política de los gobernantes, lo que impide elevar el problema del agua potable a lo que realmente es: un asunto de Estado. Por el otro, está la resignación ciudadana a perder un preciado bien y no hacer valer su derecho.
El agua potable también es un bien económico, ya que tiene un costo de producción y un precio de venta. Producir un litro de agua potable y transportarlo hasta la comodidad de los hogares tiene un costo determinado. Si contabilizamos todos los gastos en los que el IDAAN incurre durante un período determinado de tiempo y la cifra resultante la dividimos entre la cantidad de agua producida en ese mismo período de tiempo, tendremos el costo unitario del agua puesta en el grifo de los hogares.
El agua es un bien público. El agua en Panamá es propiedad del Estado, es decir que es de todos en general y es de nadie en particular. La Ley de Aguas así lo define. Existe también la idea generalizada de que en este país el agua es abundante. Esto es una verdad a medias. Panamá tiene abundantes recursos hídricos, sin embargo no están distribuidos uniformemente. Los ríos más caudalosos están en Darién y Bocas del Toro, que son las dos provincias menos pobladas del país y con menor desarrollo vial. La mayoría de ciudades y pueblos está en la vertiente pacífica donde hay poca agua durante los primeros seis meses del año y mucha durante los otros seis meses restantes debido a la alternancia de las estaciones seca y lluviosa.
La disponibilidad del agua es un bien escaso. Los acueductos sufren restricciones en su capacidad para transportar el vital líquido con el paso del tiempo. Este es un dato poco conocido por la ciudadanía. Antes del advenimiento de las tecnologías a base de polímeros, toda la tubería utilizada en acueductos era de hierro dúctil o de acero de diferentes aleaciones. Con los años, las tuberías de este tipo de material se van volviendo rugosas en su interior y una gruesa capa de partículas y adherencias corrosivas van limitando la capacidad del conducto para transportar el agua. Esto es parecido al proceso que sufren las venas en los seres humanos, en quienes las grasas y el colesterol presentes en la sangre van creando placas y adherencias que restringen el libre flujo de la misma hasta que sobreviene un infarto.
Los acueductos de las principales ciudades del país, construidos hace décadas, están infartados y requieren cuantiosas inversiones para transportar agua limpia y potable al creciente número de comunidades. La falta de planificación urbana, la migración a las ciudades y la ausencia de una reglamentación apropiada del uso del suelo oscurecen y agravan el panorama.
El agua potable es un magnífico negocio en ciernes para las compañías privadas. Veamos algunos parámetros: un litro de agua embotellada cuesta alrededor de un balboa. Ese mismo balboa le permite al usuario común comprar 4600 litros de agua pública, tomando como base la tarifa mensual mínima del IDAAN. La venta de agua privada se perfila como un monopolio con mejores perspectivas de lucro que los realizados por las transnacionales de la electricidad y las comunicaciones en Panamá. La explicación es simple y llana: se puede vivir sin luz y sin celulares, pero la vida humana no es posible sin agua.
La primera pregunta que un administrador privado se haría ante el problema del agua potable sería: ¿Cuál es el costo de producir y distribuir un litro de agua actualmente y cuánto se cobra por él?
Las siguientes preguntas son obligadas: ¿Cuánta agua se pierde en el camino y por qué? ¿Cuál es la estructura tarifaria para lograr el punto de equilibrio entre costos e ingresos? ¿Cuál es la mejor organización para potenciar el recurso humano existente? ¿Cuál es la visión y la estrategia a mediano y largo plazo para facilitar el acceso sostenible de agua potable a toda la población? En Panamá el 87% de la población tiene acceso al agua potable. Este índice es superior al resto de los indicadores de Centroamérica, con la excepción de nuestros vecinos costarricenses cuya población, en su totalidad (100%), tienen acceso al agua potable.
Para resolver el problema del agua potable, el gobierno pasado prefirió plantear la opción de las privatizaciones, que extraen inmisericordemente los dineros del bolsillo del ciudadano común.
El actual gobierno echó mano del Fondo Fiduciario, producto de otras privatizaciones, para implementar una política de paños tibios y soluciones temporales a un metastásico proceso de manejo de aguas.
Ambos casos son síntomas de una enfermedad crónica que aqueja a la sociedad panameña. Por un lado, campea la codicia y la cobardía política de los gobernantes, lo que impide elevar el problema del agua potable a lo que realmente es: un asunto de Estado. Por el otro, está la resignación ciudadana a perder un preciado bien y no hacer valer su derecho.
