Cuba y el doble discurso de Derechos Humanos (II)
En EE.UU., y esto lo denunció el senador Robert Byrd (The Washington Post,1/12/2002, ), se han instaurado tribunales secretos al amparo del Acta Patriótica para la lucha contra el terrorismo y, a raíz de ello, muchas personas, principalmente con rasgos asiáticos o arábigos, han sido arrestadas en los aeropuertos y nunca se las ha vuelto a ver. El citado diario informó que el presidente Bush ha desarrollado "un sistema legal paralelo para investigar, encarcelar, interrogar, condenar y castigar a personas sospechosas, incluyendo a ciudadanos norteamericanos." Esta, pues, pudiera ser una variante tenebrosa de las penas de muerte, en violación de la Constitución de EE.UU. y del derecho internacional. Pero cosa curiosa, la vilipendiada Cuba no ha erigido tribunales secretos, ni militares, ni ad hoc, ni nada paralelo a su sistema legal para perseguir presuntos enemigos.
Sin obviar una discusión teórica sobre la pena de muerte, lo relevante es ahora observar que se ha censurado a Cuba por recurrir a esta medida, pero aún tenemos que ver un número de publicaciones críticas a la pena de muerte en EE.UU. y al ex gobernador Bush en la misma acción que las que aparecen ahora cuando Cuba ha recurrido a ella como recurso último en circunstancias excepcionales.
¿Por qué, habida cuenta del contraste entre ambos países, netamente favorable a Cuba, se exonera moralmente a EE.UU. y se condena a Cuba? Recordemos que, a la caída de la Unión Soviética, EE.UU. entendió que tenía el camino despejado para arreciar sus agresiones contra Cuba y destruir su gobierno. En este contexto, aparecen la enmienda Torricelli y la Ley Helms- Burton, repudiadas mundialmente como instrumentos violatorios del derecho internacional por su carácter extraterritorial e intervencionista a nivel global, pues no sólo afectaban a Cuba. Estos instrumentos, particularmente, apoyaban y premiaban todo intento por parte de cubanos de socavar y destruir el sistema político en la Isla. A raíz de estas leyes intervencionistas, algunos países (de Europa, Canadá, Argentina y México) se vieron obligados a adoptar soberanamente medidas y leyes para defenderse de sus efectos, e igual hizo Cuba, que adoptó, a manera de advertencia, leyes de ejecución para disuadir a quienes colaborasen con EE.UU. en sus planes subversivos.
Pero, además, ¿no fue Santo Tomás de Aquino quien dijo que, "cuando un pueblo está asediado, toda disidencia es traición"? Véase si no, la sección 109 de la Ley Helms-Burton, intitulada "Autorización del apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos", y la 115, que descaradamente admite que nada en la Ley inhibe el apoyo que se da "por otras vías", entre otros, el apoyo financiero a disidentes, y añade: "nada de lo dicho aquí...prohíbe ninguna de las actividades de investigación, protección o inteligencia jurídicamente autorizadas de un organismo encargado de hacer cumplir la ley o de un organismo de inteligencia de EE.UU." La Ley Helms-Burton pretende así legalizar la intervención de EE.UU. en los asuntos de Cuba. Y es en respuesta a esta mal llamada "Ley" que Cuba aprobó la Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que sirve de marco a los procesos de marzo pasado. Pero ocurre, además, que el Sr. James Cason, encargado de la Oficina de intereses de EE.UU. en Cuba admitió, públicamente, estar interviniendo abiertamenta y cínicamente en los asuntos internos de Cuba y, en especial, de estar apoyando y financiando a falsos "disidentes" a objeto de provocar una ruptura, un enfrentamiento con el gobierno cubano. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Aparte de los efectos devastadores de la guerra económica contra Cuba, llamada con delicadeza "bloqueo", entre 1959 y 2001 Cuba sufrió 697 actos terroristas auspiciados por EE.UU., que ocasionaron 7,000 víctimas entre muertos y heridos y cerca de 80 mil millones de dólares en pérdidas materiales. A ello se le suman más de 600 atentados contra la vida de su presidente, Dr. Fidel Castro, incluido el que se perpetró en Panamá con peligro a la vida de cientos de estudiantes y profesores de la universidad principal que estábamos reunidos en el sitio escogido por los terroristas para detonar la bomba.
Los tres ciudadanos de Cuba que se apoderaron por la fuerza de la lancha de pasajeros cometieron actos de piratería, secuestro y terrorismo, y fueron juzgados en el marco de las leyes nacionales y de los tratados internacionales que rigen la materia, incluídas las siete salvaguardas contempladas por la ONU en torno a la pena de muerte, requisitos no acatados por EE.UU. En la lancha viajaban 50 personas, entre ellas 8 niños y cuatro turistas extranjeras. Mas, para entender el apoderamiento ilícito de la lancha Baraguá, sería necesario - como dice Isabel Allende- tomar nota de que "Cuba ha sido víctima de 54 actos de piratería; que existe una Ley de Ajuste cubano que fomenta la emigración ilegal hacia EE.UU.; que EE.UU. no cumplen sus compromisos migratorios con el otorgamiento de visas; que EE.UU. han sido y son cómplices de todo esto." EE.UU., al incumplir los acuerdos migratorios suscritos con Cuba, de otorgar determinada cantidad de visas, incita a que ciudadanos cubanos emigren ilegalmente de la Isla y por medios violentos, sin someterlos a la justicia cuando cometen actos de terrorismo. ¿No es esto una incitación al terrorismo, una apología del delito? Se han registrado en los últimos siete meses siete secuestros, estimulados por EE.UU., cuyas autoridades otorgan la ciudadanía de ese país incondicionalmente a cualquier cubano que llegue del modo que sea a EE.UU.; reciben como héroes a verdaderos terroristas y se apoderan y subastan naves y aeronaves cubanas que deben ser devueltas a su dueño conforme a las leyes. ¿Todo para qué? Para crear un incidente migratorio, un pretexto para desencadenar con más furia la destrucción total de Cuba.
Ya una minoría de cubanos en Miami realizó una manifestación que pedía la invasión de Cuba, después de Irak. Después de cuatro décadas de terrorismo contra Cuba, su gobierno sentencia a tres terroristas según sus leyes y tratados internacionales, y por ello es puesta en el banquillo de los acusados. ¿Pero acusados de qué? ¿No dicen los tratados de la ONU que a los terroristas hay que aplicarles la pena máxima que contemplen los códigos penales? ¿No recomiendan acaso - estos mismos tratados internacionales, promovidos por EE.UU.- que los códigos penales sean actualizados para que contemplen los castigos más severos a quienes cometan terrorismo? ¿Acaso excluyen dichos convenios la pena de muerte? No. ¿Cuál "pecado" cometió Cuba?
(continuará en próxima entrega)
Sin obviar una discusión teórica sobre la pena de muerte, lo relevante es ahora observar que se ha censurado a Cuba por recurrir a esta medida, pero aún tenemos que ver un número de publicaciones críticas a la pena de muerte en EE.UU. y al ex gobernador Bush en la misma acción que las que aparecen ahora cuando Cuba ha recurrido a ella como recurso último en circunstancias excepcionales.
¿Por qué, habida cuenta del contraste entre ambos países, netamente favorable a Cuba, se exonera moralmente a EE.UU. y se condena a Cuba? Recordemos que, a la caída de la Unión Soviética, EE.UU. entendió que tenía el camino despejado para arreciar sus agresiones contra Cuba y destruir su gobierno. En este contexto, aparecen la enmienda Torricelli y la Ley Helms- Burton, repudiadas mundialmente como instrumentos violatorios del derecho internacional por su carácter extraterritorial e intervencionista a nivel global, pues no sólo afectaban a Cuba. Estos instrumentos, particularmente, apoyaban y premiaban todo intento por parte de cubanos de socavar y destruir el sistema político en la Isla. A raíz de estas leyes intervencionistas, algunos países (de Europa, Canadá, Argentina y México) se vieron obligados a adoptar soberanamente medidas y leyes para defenderse de sus efectos, e igual hizo Cuba, que adoptó, a manera de advertencia, leyes de ejecución para disuadir a quienes colaborasen con EE.UU. en sus planes subversivos.
Pero, además, ¿no fue Santo Tomás de Aquino quien dijo que, "cuando un pueblo está asediado, toda disidencia es traición"? Véase si no, la sección 109 de la Ley Helms-Burton, intitulada "Autorización del apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos", y la 115, que descaradamente admite que nada en la Ley inhibe el apoyo que se da "por otras vías", entre otros, el apoyo financiero a disidentes, y añade: "nada de lo dicho aquí...prohíbe ninguna de las actividades de investigación, protección o inteligencia jurídicamente autorizadas de un organismo encargado de hacer cumplir la ley o de un organismo de inteligencia de EE.UU." La Ley Helms-Burton pretende así legalizar la intervención de EE.UU. en los asuntos de Cuba. Y es en respuesta a esta mal llamada "Ley" que Cuba aprobó la Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que sirve de marco a los procesos de marzo pasado. Pero ocurre, además, que el Sr. James Cason, encargado de la Oficina de intereses de EE.UU. en Cuba admitió, públicamente, estar interviniendo abiertamenta y cínicamente en los asuntos internos de Cuba y, en especial, de estar apoyando y financiando a falsos "disidentes" a objeto de provocar una ruptura, un enfrentamiento con el gobierno cubano. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Aparte de los efectos devastadores de la guerra económica contra Cuba, llamada con delicadeza "bloqueo", entre 1959 y 2001 Cuba sufrió 697 actos terroristas auspiciados por EE.UU., que ocasionaron 7,000 víctimas entre muertos y heridos y cerca de 80 mil millones de dólares en pérdidas materiales. A ello se le suman más de 600 atentados contra la vida de su presidente, Dr. Fidel Castro, incluido el que se perpetró en Panamá con peligro a la vida de cientos de estudiantes y profesores de la universidad principal que estábamos reunidos en el sitio escogido por los terroristas para detonar la bomba.
Los tres ciudadanos de Cuba que se apoderaron por la fuerza de la lancha de pasajeros cometieron actos de piratería, secuestro y terrorismo, y fueron juzgados en el marco de las leyes nacionales y de los tratados internacionales que rigen la materia, incluídas las siete salvaguardas contempladas por la ONU en torno a la pena de muerte, requisitos no acatados por EE.UU. En la lancha viajaban 50 personas, entre ellas 8 niños y cuatro turistas extranjeras. Mas, para entender el apoderamiento ilícito de la lancha Baraguá, sería necesario - como dice Isabel Allende- tomar nota de que "Cuba ha sido víctima de 54 actos de piratería; que existe una Ley de Ajuste cubano que fomenta la emigración ilegal hacia EE.UU.; que EE.UU. no cumplen sus compromisos migratorios con el otorgamiento de visas; que EE.UU. han sido y son cómplices de todo esto." EE.UU., al incumplir los acuerdos migratorios suscritos con Cuba, de otorgar determinada cantidad de visas, incita a que ciudadanos cubanos emigren ilegalmente de la Isla y por medios violentos, sin someterlos a la justicia cuando cometen actos de terrorismo. ¿No es esto una incitación al terrorismo, una apología del delito? Se han registrado en los últimos siete meses siete secuestros, estimulados por EE.UU., cuyas autoridades otorgan la ciudadanía de ese país incondicionalmente a cualquier cubano que llegue del modo que sea a EE.UU.; reciben como héroes a verdaderos terroristas y se apoderan y subastan naves y aeronaves cubanas que deben ser devueltas a su dueño conforme a las leyes. ¿Todo para qué? Para crear un incidente migratorio, un pretexto para desencadenar con más furia la destrucción total de Cuba.
Ya una minoría de cubanos en Miami realizó una manifestación que pedía la invasión de Cuba, después de Irak. Después de cuatro décadas de terrorismo contra Cuba, su gobierno sentencia a tres terroristas según sus leyes y tratados internacionales, y por ello es puesta en el banquillo de los acusados. ¿Pero acusados de qué? ¿No dicen los tratados de la ONU que a los terroristas hay que aplicarles la pena máxima que contemplen los códigos penales? ¿No recomiendan acaso - estos mismos tratados internacionales, promovidos por EE.UU.- que los códigos penales sean actualizados para que contemplen los castigos más severos a quienes cometan terrorismo? ¿Acaso excluyen dichos convenios la pena de muerte? No. ¿Cuál "pecado" cometió Cuba?
(continuará en próxima entrega)
