Cuestión de estilos
Creo en la virtud del debate y la crítica dentro de toda sociedad democrática. Una vez leí un pensamiento que me llegó mucho y con el cual me identifico totalmente: "el libre choque de las ideas es el sonido de la libertad". De hecho, en mi práctica como político, he ejercido en muchas ocasiones ese derecho a la crítica, en no pocas ocasiones de forma apasionada. Pero al mismo tiempo, he tratado siempre de acompañar mis cuestionamientos con propuestas. A mi juicio, no se trata solamente de decir cuál es el problema, sino de proponer alternativas de solución al mismo.
Por ejemplo, desde la administración de Endara, sostuve públicamente que una herramienta útil para combatir la corrupción era dar eficaz cumplimiento al artículo 299 de la Constitución sobre declaraciones juradas de estado patrimonial. Concreté una propuesta durante la administración de Pérez Balladares, que el PRD archivó en la Comisión de Gobierno, pero no por ello, dejé de hacer cuestionamientos y exigí ante los notarios públicos y la Contraloría que me dieran copia de las declaraciones de aquellos funcionarios de esa administración que debían presentarla por mandato constitucional. No me dieron la información y ello sólo sirvió para resaltar la necesidad de desarrollar legalmente la norma prevista en nuestra Carta Magna. Una vez ganamos las elecciones en 1999, ya como legislador de la Alianza oficialista, volví a presentar dicha iniciativa legislativa, que esta vez se convirtió en Ley de la República. Es decir, no me limité a criticar lo que yo consideraba que estaba mal, sino que hice una propuesta y no paré de promoverla, hasta que se hiciera realidad.
Cuando se presenta una situación que la opinión pública percibe como negativa, surgen los críticos de siempre a exagerar los supuestos elementos indeseables de la acción gubernamental. Pero, ¿cuánto hay realmente de análisis objetivo tras la crítica destructiva? ¿Cuántos hacen un estudio de la situación y evalúan cuáles eran las otras alternativas de acción? ¿Cuántos proponen algo concreto que hacer para resolver el problema planteado? ¿Cuántos revisan lo que se hace en otros países para tener elementos de comparación? Haga memoria y verá que muy pocos lo hacen.
Quizá sea mi formación como abogado, ya que en la práctica profesional aprendí que cada parte dice la versión de la historia como más le conviene y que para formarse una opinión más objetiva, usualmente es necesario revisar los documentos que tienen que ver con el caso. Y cuando digo revisar los documentos, me refiero a todos y no solamente a los que convienen a una de las partes. Por ello, cuando veo en los medios que una empresa que ha perdido una licitación, acusa de corrupción al ente gubernamental, lo primero que pienso es en que me gustaría ver el expediente del acto público, antes de aventurar una opinión al respecto. No obstante, hay quienes no tienen necesidad de escuchar otras opiniones, basta conque se trate de una noticia que haga daño a la imagen del gobierno.
Fui un duro crítico de la administración Pérez Balladares. Presenté varias demandas contencioso administrativas contra decisiones tomadas por altos funcionarios de dicho gobierno. Una sola vez presenté una denuncia penal por la alteración dolosa de un acta de la Asamblea Legislativa. Siempre que critiqué o denuncié algo, lo hice con pruebas en la mano y haciendo o proponiendo algo concreto para resolver el problema. En no pocas ocasiones, recibí documentos para denunciar algo que no denuncié porque no lo consideré responsable, ya que no tenía forma de confirmar la veracidad de lo que se me estaba dando y entendía que lo más importante para mí era la credibilidad. He allí la diferencia entre una forma crítica, pero responsable, de hacer oposición y un estilo irresponsable de hacer las cosas, denunciando cuanto bochinche llega a mis oídos como si fuera cierto, poniendo en entredicho la seriedad de mi actuación (y no me estoy refiriendo exclusivamente a Chito Montenegro, aunque es un buen ejemplo de ese estilo que no comparto).
No pretendo decir que el Gobierno no haya hecho nada que merezca severas críticas. Tampoco cuestiono el derecho a disentir ni la libertad de criticar o denunciar en el estilo que se prefiera. Simplemente, me permito señalar públicamente mi inclinación por un estilo distinto. Prefiero la actitud positiva de construir, para lo cual, a veces, hay que criticar lo que está mal, pero sin olvidar que el propósito final de esa crítica no es destruir al adversario por el placer de destruirlo, sino resaltar las virtudes de una manera distinta de hacer las cosas. Hay, sin embargo, quienes no distinguen diferencias entre una forma de crítica y la otra. Afortunadamente, la mayoría del pueblo panameño sí sabe hacer esa distinción.
El docente considera que el anteproyecto partió desde un punto crítico, pues se confunden las funciones de rectoría del sector salud con las de formación de recursos humanos, que son evidentemente muy diferentes, pues lo primero le corresponde por ley al Estado panameño, a través del MINSA, mientras que lo segundo le atañe directamente a las universidades.
A su juicio, esta confusión de funciones se presenta en tres aspectos básicos del anteproyecto, siendo uno de estos haber ubicado a las referidas comisiones en la Universidad de Panamá, "lo que ya le da un sesgo que pone en duda su objetividad".
Por otro lado, el anteproyecto establece que la comisión estará formada por nueve miembros, de los cuales cinco deben ser de la universidad oficial, lo que le da a la UP poder de decisión, "por su propia cuenta y a sus mejores intereses". Expresó Staff que también dispone que las presidencias y secretarías de las comisiones serán seleccionadas de entre los representantes de la UP, con lo que no sólo garantizan una mayoría, sino que también aseguran el manejo administrativo.
Estos tres aspectos, agregó, sesgan la ley, le quitan objetividad y credibilidad, lo que la va a hacer inoperante, porque la UP estaría asumiendo un papel de "juez y parte" en un proceso que, aunque tiene un propósito muy noble, no podrá cumplirse con una ley diseñada en esos términos.
Para corregir estos aspectos que ponen en riesgo el futuro del anteproyecto, Staff recomendó que a quien le corresponde el papel rector - el MINSA -- lo asuma, y que designe una comisión técnica en la que participen en una situación de equilibrio las universidades y otras instancias, como son las direcciones de docencia e investigación de los hospitales, lo que fortalecerá la objetividad y la eficiencia de cada comisión.
Por ejemplo, desde la administración de Endara, sostuve públicamente que una herramienta útil para combatir la corrupción era dar eficaz cumplimiento al artículo 299 de la Constitución sobre declaraciones juradas de estado patrimonial. Concreté una propuesta durante la administración de Pérez Balladares, que el PRD archivó en la Comisión de Gobierno, pero no por ello, dejé de hacer cuestionamientos y exigí ante los notarios públicos y la Contraloría que me dieran copia de las declaraciones de aquellos funcionarios de esa administración que debían presentarla por mandato constitucional. No me dieron la información y ello sólo sirvió para resaltar la necesidad de desarrollar legalmente la norma prevista en nuestra Carta Magna. Una vez ganamos las elecciones en 1999, ya como legislador de la Alianza oficialista, volví a presentar dicha iniciativa legislativa, que esta vez se convirtió en Ley de la República. Es decir, no me limité a criticar lo que yo consideraba que estaba mal, sino que hice una propuesta y no paré de promoverla, hasta que se hiciera realidad.
Cuando se presenta una situación que la opinión pública percibe como negativa, surgen los críticos de siempre a exagerar los supuestos elementos indeseables de la acción gubernamental. Pero, ¿cuánto hay realmente de análisis objetivo tras la crítica destructiva? ¿Cuántos hacen un estudio de la situación y evalúan cuáles eran las otras alternativas de acción? ¿Cuántos proponen algo concreto que hacer para resolver el problema planteado? ¿Cuántos revisan lo que se hace en otros países para tener elementos de comparación? Haga memoria y verá que muy pocos lo hacen.
Quizá sea mi formación como abogado, ya que en la práctica profesional aprendí que cada parte dice la versión de la historia como más le conviene y que para formarse una opinión más objetiva, usualmente es necesario revisar los documentos que tienen que ver con el caso. Y cuando digo revisar los documentos, me refiero a todos y no solamente a los que convienen a una de las partes. Por ello, cuando veo en los medios que una empresa que ha perdido una licitación, acusa de corrupción al ente gubernamental, lo primero que pienso es en que me gustaría ver el expediente del acto público, antes de aventurar una opinión al respecto. No obstante, hay quienes no tienen necesidad de escuchar otras opiniones, basta conque se trate de una noticia que haga daño a la imagen del gobierno.
Fui un duro crítico de la administración Pérez Balladares. Presenté varias demandas contencioso administrativas contra decisiones tomadas por altos funcionarios de dicho gobierno. Una sola vez presenté una denuncia penal por la alteración dolosa de un acta de la Asamblea Legislativa. Siempre que critiqué o denuncié algo, lo hice con pruebas en la mano y haciendo o proponiendo algo concreto para resolver el problema. En no pocas ocasiones, recibí documentos para denunciar algo que no denuncié porque no lo consideré responsable, ya que no tenía forma de confirmar la veracidad de lo que se me estaba dando y entendía que lo más importante para mí era la credibilidad. He allí la diferencia entre una forma crítica, pero responsable, de hacer oposición y un estilo irresponsable de hacer las cosas, denunciando cuanto bochinche llega a mis oídos como si fuera cierto, poniendo en entredicho la seriedad de mi actuación (y no me estoy refiriendo exclusivamente a Chito Montenegro, aunque es un buen ejemplo de ese estilo que no comparto).
No pretendo decir que el Gobierno no haya hecho nada que merezca severas críticas. Tampoco cuestiono el derecho a disentir ni la libertad de criticar o denunciar en el estilo que se prefiera. Simplemente, me permito señalar públicamente mi inclinación por un estilo distinto. Prefiero la actitud positiva de construir, para lo cual, a veces, hay que criticar lo que está mal, pero sin olvidar que el propósito final de esa crítica no es destruir al adversario por el placer de destruirlo, sino resaltar las virtudes de una manera distinta de hacer las cosas. Hay, sin embargo, quienes no distinguen diferencias entre una forma de crítica y la otra. Afortunadamente, la mayoría del pueblo panameño sí sabe hacer esa distinción.
El docente considera que el anteproyecto partió desde un punto crítico, pues se confunden las funciones de rectoría del sector salud con las de formación de recursos humanos, que son evidentemente muy diferentes, pues lo primero le corresponde por ley al Estado panameño, a través del MINSA, mientras que lo segundo le atañe directamente a las universidades.
A su juicio, esta confusión de funciones se presenta en tres aspectos básicos del anteproyecto, siendo uno de estos haber ubicado a las referidas comisiones en la Universidad de Panamá, "lo que ya le da un sesgo que pone en duda su objetividad".
Por otro lado, el anteproyecto establece que la comisión estará formada por nueve miembros, de los cuales cinco deben ser de la universidad oficial, lo que le da a la UP poder de decisión, "por su propia cuenta y a sus mejores intereses". Expresó Staff que también dispone que las presidencias y secretarías de las comisiones serán seleccionadas de entre los representantes de la UP, con lo que no sólo garantizan una mayoría, sino que también aseguran el manejo administrativo.
Estos tres aspectos, agregó, sesgan la ley, le quitan objetividad y credibilidad, lo que la va a hacer inoperante, porque la UP estaría asumiendo un papel de "juez y parte" en un proceso que, aunque tiene un propósito muy noble, no podrá cumplirse con una ley diseñada en esos términos.
Para corregir estos aspectos que ponen en riesgo el futuro del anteproyecto, Staff recomendó que a quien le corresponde el papel rector - el MINSA -- lo asuma, y que designe una comisión técnica en la que participen en una situación de equilibrio las universidades y otras instancias, como son las direcciones de docencia e investigación de los hospitales, lo que fortalecerá la objetividad y la eficiencia de cada comisión.
