Cumplimiento de obligaciones
En democracia, no se puede dudar de la legitimidad del derecho que tienen los ciudadanos a criticar las decisiones y opiniones emitidas por funcionarios de gobierno. Las reflexiones que siguen deben interpretarse como una modesta contribución a que el ejercicio de ese cuestionable derecho pueda realizarse en un marco de serena seriedad y solidez de criterios.
Porque sucede, a veces, que algunas de las opiniones que suscitan determinadas decisiones de gobierno adolecen del defecto de una fundamentación endeble o se desvían de la dirección a la que apuntan. En otras oportunidades, pasa que la legítima crítica arranca de un defectuoso conocimiento de la auténtica realidad de las cosas por parte de quien la formula.
El manejo de los asuntos de gobierno es como una ciencia de extremada complejidad sobre la que no todo el mundo está en condiciones de opinar acertadamente. Las decisiones de gobierno - unas buenas y otras malas - son complicadísimas elaboraciones intelectuales sobre las que se aplican delicadas técnicas de concepción, articulación y construcción. Su mera concepción o análisis no siempre está al alcance de todos. Incluso me atrevo a decir que, junto a una "lógica común", existe una "lógica jurídica" que no siempre coincide al milímetro con aquélla.
Hay ciencias que hasta tienen un léxico propio, diferente del que generalmente se utiliza cuando se habla fuera del ámbito científico. En gobierno, como reflejo de una ciencia, también tiene su lenguaje propio y, en ocasiones, diverso del que se emplea en el lenguaje común.
Muchas veces me ha tocado hablar y escribir sobre la globalización dentro de un contexto institucional, haciendo énfasis en las ventajas que ha generado y tratando de buscar una explicación para la crisis y sufrimiento que ella produce: movidas de empresas, fusiones y adquisiciones que están llevando a una concentración sin precedente en todos los sectores de la economía. Y cuando acabo de explicar estos movimientos que, por otra parte, llenan las páginas de los diarios, cuestiono ¿qué tiene esto que ver con mis deberes con los cuales estoy obligado por Ley? Y me pregunto: ¿es mi obligación dar una explicación sobre el por qué la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) está comprometida en la creación de una nueva cultura económica y el fortalecimiento del libre mercado? ¿Es mi responsabilidad justificar que la CLICAC es una institución creada para velar para aumentar el bienestar del consumidor mediante el fortalecimiento de una economía de libre mercado, promoviendo un comportamiento competitivo de los agentes económicos y la defensa de los derechos del consumidor?
Por aproximarse a un tema de actualidad, diré que para un ciudadano corriente el uso común de la palabra "obligación" remite al uso de facultades que no prohibe la ley. Pero para mí, como funcionario público (de gobierno), idéntica palabra solamente puede emplearse, con propiedad, en la forma que la Ley quiere que se utilice: "aquellas funciones que me están asignadas por la Ley". A los servidores públicos nos rige el principio de legalidad que radica en que sólo podemos hacer aquello que nos faculta la Ley, a diferencia de los ciudadanos particulares, reitero, que pueden hacer todo aquello que la Ley no prohibe. Enseguida se perciben las diferencias conceptuales. La Ley quiere que ese "abanico de contrastes" en que consiste genéricamente la obligación no comparezca si no se presentan, en la misma ocasión, todos y cada uno de los elementos que acabo de citar. Si un ciudadano no contraviene la voluntad de la norma legal, estará cumpliendo con su obligación en el sentido común de la palabra; pero si un funcionario público falta tan sólo a uno de los elementos claves de la Ley, no habrá cumplido con su obligación en el sentido técnico-jurídico del concepto.
Permítaseme un ejemplo. Como
Porque sucede, a veces, que algunas de las opiniones que suscitan determinadas decisiones de gobierno adolecen del defecto de una fundamentación endeble o se desvían de la dirección a la que apuntan. En otras oportunidades, pasa que la legítima crítica arranca de un defectuoso conocimiento de la auténtica realidad de las cosas por parte de quien la formula.
El manejo de los asuntos de gobierno es como una ciencia de extremada complejidad sobre la que no todo el mundo está en condiciones de opinar acertadamente. Las decisiones de gobierno - unas buenas y otras malas - son complicadísimas elaboraciones intelectuales sobre las que se aplican delicadas técnicas de concepción, articulación y construcción. Su mera concepción o análisis no siempre está al alcance de todos. Incluso me atrevo a decir que, junto a una "lógica común", existe una "lógica jurídica" que no siempre coincide al milímetro con aquélla.
Hay ciencias que hasta tienen un léxico propio, diferente del que generalmente se utiliza cuando se habla fuera del ámbito científico. En gobierno, como reflejo de una ciencia, también tiene su lenguaje propio y, en ocasiones, diverso del que se emplea en el lenguaje común.
Muchas veces me ha tocado hablar y escribir sobre la globalización dentro de un contexto institucional, haciendo énfasis en las ventajas que ha generado y tratando de buscar una explicación para la crisis y sufrimiento que ella produce: movidas de empresas, fusiones y adquisiciones que están llevando a una concentración sin precedente en todos los sectores de la economía. Y cuando acabo de explicar estos movimientos que, por otra parte, llenan las páginas de los diarios, cuestiono ¿qué tiene esto que ver con mis deberes con los cuales estoy obligado por Ley? Y me pregunto: ¿es mi obligación dar una explicación sobre el por qué la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) está comprometida en la creación de una nueva cultura económica y el fortalecimiento del libre mercado? ¿Es mi responsabilidad justificar que la CLICAC es una institución creada para velar para aumentar el bienestar del consumidor mediante el fortalecimiento de una economía de libre mercado, promoviendo un comportamiento competitivo de los agentes económicos y la defensa de los derechos del consumidor?
Por aproximarse a un tema de actualidad, diré que para un ciudadano corriente el uso común de la palabra "obligación" remite al uso de facultades que no prohibe la ley. Pero para mí, como funcionario público (de gobierno), idéntica palabra solamente puede emplearse, con propiedad, en la forma que la Ley quiere que se utilice: "aquellas funciones que me están asignadas por la Ley". A los servidores públicos nos rige el principio de legalidad que radica en que sólo podemos hacer aquello que nos faculta la Ley, a diferencia de los ciudadanos particulares, reitero, que pueden hacer todo aquello que la Ley no prohibe. Enseguida se perciben las diferencias conceptuales. La Ley quiere que ese "abanico de contrastes" en que consiste genéricamente la obligación no comparezca si no se presentan, en la misma ocasión, todos y cada uno de los elementos que acabo de citar. Si un ciudadano no contraviene la voluntad de la norma legal, estará cumpliendo con su obligación en el sentido común de la palabra; pero si un funcionario público falta tan sólo a uno de los elementos claves de la Ley, no habrá cumplido con su obligación en el sentido técnico-jurídico del concepto.
Permítaseme un ejemplo. Como
