Cuotas obrero-patronal
Para todos debe llamar a la reflexión las declaraciones emitidas por el Prof. Juan Jované, Director de la Caja de Seguro Social (CSS). Ha manifestado que el Gobierno Central adeuda en concepto de cuotas obrero-patronal la suma de B/.32 millones para el primer semestre del año. O sea, está reteniendo las cuotas de los funcionarios públicos y no remite la patronal... ¿o sí?
Todos sabemos que el Prof. Jované está al frente de una entidad que por ley dice ser "autónoma", pero no tiene autonomía financiera. La designación de sus directores ante la Junta Directiva incluye a representantes de los asegurados, la empresa privada y el gobierno. Su función está en velar por los mejores intereses de la CSS en cuanto administración, finanzas, servicios médicos, etc. mediante el descuento y envío de la cuota obrero-patronal a la CSS.
Somos testigos de las constantes denuncias donde se descubre la grave falta por parte de la empresa privada en no remitir esas cuotas. La última que registramos fue la del diario El Universal. Cuando las empresas privadas no entregan a sus empleados las fichas de la CSS, salta a la vista el incumplimiento de la empresa. ¿ Me pregunto si la CSS retiene la ficha de los funcionarios públicos por incumplimiento de su patrono? De no retenerlo, entonces debo preguntar. ¿Qué criterio utiliza la CSS en retener la ficha de las empresas privadas y al gobierno facilitárselas? No se puede aplicar doble estándares para unos y a otros. Además, a la empresa privada se le aplica la acción de un proceso de cobro por jurisdicción coactiva... ¿y al gobierno qué? ¿Qué tiempo puede el Gobierno Central tomarse en pagar antes de iniciar similar acción? Si la Junta Directiva de la CSS tiene respuesta a estas interrogantes, sería bueno que se dieran a conocer.
Los asegurados ciertamente estarán preocupados que la administración de la CSS facilite los beneficios de salud a quienes sus patrones no pagan y a ellos se los exijan. Lo más grave es cuando a la hora de retirar sus medicamentos, el que paga no reciba lo suyo por aquello de la solidaridad para con los asegurados. Esta situación le resta a la CSS la eficiente labor de brindar los servicios de salud a sus asegurados y cumplir sus obligaciones con los proveedores. Los constantes abusos por la cual la CSS ha estado sometida por años, tanto del sector privado y más por parte del gobierno deben cesar antes que la quiebren. Los constantes requerimientos para mejorar los servicios de consulta externa, hospitalización y equiparar los hospitales requiere de un manejo prístino de las finanzas. De no mejorar esta situación, los asegurados tienen la palabra para requerir del Prof. Jované restrinja el servicio hasta que el Gobierno pague. A cambio, los centros de salud y el Ministerio de Salud deben asumir sus responsabilidades con los funcionarios públicos.
(jacisner@sinfo.net)
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
Todos sabemos que el Prof. Jované está al frente de una entidad que por ley dice ser "autónoma", pero no tiene autonomía financiera. La designación de sus directores ante la Junta Directiva incluye a representantes de los asegurados, la empresa privada y el gobierno. Su función está en velar por los mejores intereses de la CSS en cuanto administración, finanzas, servicios médicos, etc. mediante el descuento y envío de la cuota obrero-patronal a la CSS.
Somos testigos de las constantes denuncias donde se descubre la grave falta por parte de la empresa privada en no remitir esas cuotas. La última que registramos fue la del diario El Universal. Cuando las empresas privadas no entregan a sus empleados las fichas de la CSS, salta a la vista el incumplimiento de la empresa. ¿ Me pregunto si la CSS retiene la ficha de los funcionarios públicos por incumplimiento de su patrono? De no retenerlo, entonces debo preguntar. ¿Qué criterio utiliza la CSS en retener la ficha de las empresas privadas y al gobierno facilitárselas? No se puede aplicar doble estándares para unos y a otros. Además, a la empresa privada se le aplica la acción de un proceso de cobro por jurisdicción coactiva... ¿y al gobierno qué? ¿Qué tiempo puede el Gobierno Central tomarse en pagar antes de iniciar similar acción? Si la Junta Directiva de la CSS tiene respuesta a estas interrogantes, sería bueno que se dieran a conocer.
Los asegurados ciertamente estarán preocupados que la administración de la CSS facilite los beneficios de salud a quienes sus patrones no pagan y a ellos se los exijan. Lo más grave es cuando a la hora de retirar sus medicamentos, el que paga no reciba lo suyo por aquello de la solidaridad para con los asegurados. Esta situación le resta a la CSS la eficiente labor de brindar los servicios de salud a sus asegurados y cumplir sus obligaciones con los proveedores. Los constantes abusos por la cual la CSS ha estado sometida por años, tanto del sector privado y más por parte del gobierno deben cesar antes que la quiebren. Los constantes requerimientos para mejorar los servicios de consulta externa, hospitalización y equiparar los hospitales requiere de un manejo prístino de las finanzas. De no mejorar esta situación, los asegurados tienen la palabra para requerir del Prof. Jované restrinja el servicio hasta que el Gobierno pague. A cambio, los centros de salud y el Ministerio de Salud deben asumir sus responsabilidades con los funcionarios públicos.
(jacisner@sinfo.net)
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
