Darfur y los Convenios de Ginebra
LA COMUNIDAD internacional comienza asumir, aunque tardíamente, sus responsabilidades en defensa de la población civil ante la grave crisis de derechos humanos que se vive en la región de Darfur, en Sudán, con más de dos millones de personas desplazadas y refugiadas, y un genocidio que ha cobrado más de 200, 000 muertos y miles de mujeres violadas.
Un baño de sangre y de violencia entronizada que finalmente sensibilizó al Consejo de Seguridad de la ONU, cuando el pasado 31 de julio aprobó por unanimidad la resolución 1769 impulsada por Gran Bretaña, Congo, Francia, Italia, Perú y Eslovaquia, que autoriza una fuerza "híbrida" de 26, 000 efectivos que será conocida como UNAMID, para encargarse del mantenimiento de la paz en Darfur, en reemplazo de 7, 000 soldados de la Unión Africana (UA).
Se trata de la misión de paz más importante del mundo, que estará bajo el comando de la ONU y que costará unos $2, 000 millones para encarar un conflicto que comenzó en febrero de 2003, cuando tribus africanas se rebelaron contra lo que consideraron décadas de discriminación del gobierno de Jartum, dominado por sectores de origen árabe, quienes avalaban una violencia sistemática contra civiles por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas y milicias respaldadas por el gobierno.
Estamos en presencia de un crimen contra la humanidad, cuyos efectos han sido devastadores. No se ha discriminado entre civiles y combatientes, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población civil: mujeres, niños, ancianos y enfermos. Paradójicamente, bajo el suelo de este empobrecido país está más del 10% de las reservas mundiales de petróleo. Ante esta situación, es necesario romper el ciclo de violencia y de desplazamiento, por lo que es indispensable una acción política de la comunidad mundial haciendo respetar el derecho internacional en circunstancias en que el Gobierno sudanés se obligue a proteger su población civil, respaldando las acciones humanitarias, abogando por un acuerdo político que involucre a los grupos armados de oposición con el respaldo internacional y los actores humanitarios en el propósito de movilizar sus esfuerzos para mejorar la protección de la población civil, lo que implica el desarme de las milicias; mientras se procura la apertura de causas criminales en la Corte Penal Internacional contra los infractores de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La intolerancia racial es repudiable e inadmisible en una sociedad civilizada, que distingue a las guerras de las matanzas. De allí la importancia de discernir sobre los principios humanitarios, que implica la protección de las personas (civiles, heridos y prisioneros) en tiempo de hostilidades, y que son la expresión de ideales universales de humanidad codificados en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales.
Los conflictos entre naciones han sido trauma permanente en el desarrollo de las relaciones políticas y sociales de los pueblos, pues los desequilibrios de poder se han medido por la fuerza, revelando una clara incompatibilidad entre la guerra y el derecho llamado a regir las normas de convivencia humana. La lógica del conflicto se presenta como una ruptura del orden en la que el derecho y la razón son sustituidos por la fuerza, generalmente alentada por intereses foráneos.
Hoy, conmemoramos el 56° aniversario de los Convenios de Ginebra, momento crucial en que los Estados razonaran jurídicamente consignando en un código de conducta humanitaria los cuatro convenios internacionales para proteger a las víctimas de la guerra, suscritos el 12 de agosto de 1949 en la Conferencia Diplomática de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Además de los Protocolos Adicionales I y II de 8 de junio de 1971.
Hace cien años, Panamá ha venido ratificado todos los instrumentos jurídicos referentes a las normas del derecho internacional humanitario, que hoy suman 30 y, en el caso particular de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, se trata de un legado de profunda sabiduría para la Humanidad. Panamá, en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no puede permanecer ajena a esta dramática realidad y, por tanto, ha asumido la responsabilidad de desempeñar un papel activo para poner fin a los abusos atroces en Sudán y contribuir a la protección de los derechos humanos, exigiendo a las partes involucradas en el conflicto sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario para mitigar peligros y nuevas amenazas a la civilización, velando para que los civiles sudaneses sean protegidos, respaldando la acción humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y abogando por un acuerdo político que disuelva y desarme a las milicias como un paso fundamental para garantizar la paz, lo que sin duda reforzará la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Corte Penal Internacional ante una catástrofe humanitaria de gran magnitud.
(*Vicepresidente de la Comisión Nal. de Derecho Internacional Humanitario.)
Las inscripciones son en la Biblioteca Eusebio A Morales.
La jornadas de clases serán de 8: 00 am. a 12: 00 mediodía y en la tarde de 1: 00 a 5: 00 p.m.
Debe agradarle trabajar con niños y la lectura.
Lo más importante, es el deseo de aprender.
Un baño de sangre y de violencia entronizada que finalmente sensibilizó al Consejo de Seguridad de la ONU, cuando el pasado 31 de julio aprobó por unanimidad la resolución 1769 impulsada por Gran Bretaña, Congo, Francia, Italia, Perú y Eslovaquia, que autoriza una fuerza "híbrida" de 26, 000 efectivos que será conocida como UNAMID, para encargarse del mantenimiento de la paz en Darfur, en reemplazo de 7, 000 soldados de la Unión Africana (UA).
Se trata de la misión de paz más importante del mundo, que estará bajo el comando de la ONU y que costará unos $2, 000 millones para encarar un conflicto que comenzó en febrero de 2003, cuando tribus africanas se rebelaron contra lo que consideraron décadas de discriminación del gobierno de Jartum, dominado por sectores de origen árabe, quienes avalaban una violencia sistemática contra civiles por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas y milicias respaldadas por el gobierno.
Estamos en presencia de un crimen contra la humanidad, cuyos efectos han sido devastadores. No se ha discriminado entre civiles y combatientes, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población civil: mujeres, niños, ancianos y enfermos. Paradójicamente, bajo el suelo de este empobrecido país está más del 10% de las reservas mundiales de petróleo. Ante esta situación, es necesario romper el ciclo de violencia y de desplazamiento, por lo que es indispensable una acción política de la comunidad mundial haciendo respetar el derecho internacional en circunstancias en que el Gobierno sudanés se obligue a proteger su población civil, respaldando las acciones humanitarias, abogando por un acuerdo político que involucre a los grupos armados de oposición con el respaldo internacional y los actores humanitarios en el propósito de movilizar sus esfuerzos para mejorar la protección de la población civil, lo que implica el desarme de las milicias; mientras se procura la apertura de causas criminales en la Corte Penal Internacional contra los infractores de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La intolerancia racial es repudiable e inadmisible en una sociedad civilizada, que distingue a las guerras de las matanzas. De allí la importancia de discernir sobre los principios humanitarios, que implica la protección de las personas (civiles, heridos y prisioneros) en tiempo de hostilidades, y que son la expresión de ideales universales de humanidad codificados en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales.
Los conflictos entre naciones han sido trauma permanente en el desarrollo de las relaciones políticas y sociales de los pueblos, pues los desequilibrios de poder se han medido por la fuerza, revelando una clara incompatibilidad entre la guerra y el derecho llamado a regir las normas de convivencia humana. La lógica del conflicto se presenta como una ruptura del orden en la que el derecho y la razón son sustituidos por la fuerza, generalmente alentada por intereses foráneos.
Hoy, conmemoramos el 56° aniversario de los Convenios de Ginebra, momento crucial en que los Estados razonaran jurídicamente consignando en un código de conducta humanitaria los cuatro convenios internacionales para proteger a las víctimas de la guerra, suscritos el 12 de agosto de 1949 en la Conferencia Diplomática de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Además de los Protocolos Adicionales I y II de 8 de junio de 1971.
Hace cien años, Panamá ha venido ratificado todos los instrumentos jurídicos referentes a las normas del derecho internacional humanitario, que hoy suman 30 y, en el caso particular de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, se trata de un legado de profunda sabiduría para la Humanidad. Panamá, en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no puede permanecer ajena a esta dramática realidad y, por tanto, ha asumido la responsabilidad de desempeñar un papel activo para poner fin a los abusos atroces en Sudán y contribuir a la protección de los derechos humanos, exigiendo a las partes involucradas en el conflicto sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario para mitigar peligros y nuevas amenazas a la civilización, velando para que los civiles sudaneses sean protegidos, respaldando la acción humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y abogando por un acuerdo político que disuelva y desarme a las milicias como un paso fundamental para garantizar la paz, lo que sin duda reforzará la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Corte Penal Internacional ante una catástrofe humanitaria de gran magnitud.
(*Vicepresidente de la Comisión Nal. de Derecho Internacional Humanitario.)
Las inscripciones son en la Biblioteca Eusebio A Morales.
La jornadas de clases serán de 8: 00 am. a 12: 00 mediodía y en la tarde de 1: 00 a 5: 00 p.m.
Debe agradarle trabajar con niños y la lectura.
Lo más importante, es el deseo de aprender.
