De corruptómetros y Montesinos
"Hay una crisis de corrupción a nivel mundial. Este es el claro mensaje que nos deja el Indice de Percepción de la Corrupción del año 2001, que refleja el grado en que es percibida la corrupción entre funcionarios públicos y políticos. En países de todos los continentes se registraron puntajes inferiores a 5 sobre una puntuación máxima posible de 10- incluyendo miembros de la OEA y de la Unión Europea...No se percibe aún un punto final al abuso de poder por parte de los funcionarios públicos y nunca antes los niveles de corrupción percibidos habían sido tan altos tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo." dijo Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional.
En el índice aparecen 91 países, de los cuales 55 países obtuvieron una puntuación inferior a 5, sugiriendo niveles altos de corrupción percibida en la administración pública y el gobierno. Panamá es parte de éstos con un puntaje de 3.7 compartiendo "honores" con México (tradicionalmente percibido como país de mucha corrupción, e inmediatamente debajo de Colombia).
Hay que tener en cuanta que la corrupción no es sólo gubernamental, sino que atraviesa el conjunto de las sociedades, pues muchas veces el corruptor es de la esfera privada, lo que se expresa en el soborno de las grandes compañía o la subvención a las campañas electorales con su consiguiente pase de factura. Transparencia está trabajando en un nuevo Indice de Fuentes de Soborno que aparecerá el próximo año, que detectará el uso de sobornos de empresas transnacionales en países subdesarrollados.
¿Hasta qué extremos puede llegar la corrupción? Si le pusiéramos nombre propio a la corrupción hoy seguramente se llamaría Vladimiro Montesinos, peruano cuya biografía causa escalofrío, pues se asemeja más al siniestro prontuario de un criminal. Este siniestro personaje estuvo a punto de quedarse en Panamá, utilizando el poder cobrado de la corrupción en Perú y la aplicación local de ese poder en nuestro país.
Montesinos es un ex capitán dado de baja deshonrosamente del ejército peruano. En 1976, tribunales de justicia juzgaron por espionaje a Montesinos, por haber fotocopiado y entregado una serie de documentos secretos sobre la situación de las Fuerzas Armadas peruanas a organizaciones extranjeras de espionaje. Antes de prestar servicios al gobierno de Fujimori a partir de 1991 como Asesor Presidencial y Jefe real de los Servicios de Inteligencia Nacional, fue conocido como principal contacto de narcotraficantes colombianos en Perú, de quienes fue defensor legal y hombre de confianza. Ha mantenido relaciones con el narcotráfico por más de 20 años y las sigue teniendo. Ha recibido dinero del comercio de estupefacientes y del tráfico de armamento y pertrechos dentro y fuera de su país.
Desde el golpe de 1992, Fujimori y Montesinos pusieron en marcha la organización delictiva más coordinada que haya existido en América Latina y sólo comparable a las mafias de Suharto en Indonesia, de Ferdinand Marcos en Filipinas o de los Duvalier en Haití. Controlando los medios, designando jueces y fiscales incondicionales, manipulando el parlamento, y usando a los militares y fuerzas de seguridad para aterrorizar a la población sumaron cifras a sus ingentes fortunas. La organización ha manejado 4,140 millones de dólares, desglosados como compras presupuestales: mil millones; armas: 1,400 millones; venta de empresas: mil millones; deuda externa: 600 millones y Poder Judicial: 150 millones.
Los clanes Fujimori-Montesinos y sus secuaces, que en lo principal suman 200 personas, han robado y amasado una importante fortuna en los 10 años. Cada uno de los casos fue en su momento motivo de una denuncia penal, pero acallado por la maquinaria dictatorial. Sólo en el negociado de la deuda externa, Montesinos, Camet, Abusada, Graña, Blacker Miller ganaron 600 millones de dólares creando empresas falsas en Panamá que compraron papeles a la quinta parte de su valor y que después fueron pagados por el 100% de su valor por el gobierno peruano al incluirlos en el Plan Brady de 1996.
Montesinos ha sido denunciado en numerosas ocasiones por violar derechos humanos. Es el principal responsable del asesinato y desaparición de peruanos, como director de grupos paramilitares como el Grupo "Colina", autor de la masacre de los Barrios Altos en Lima, allí se ultimó a 15 peruanos pobres, entre hombres, mujeres y niños (como el menor Javier Ríos Rojas muerto a balazos, abrazado a su padre, Manuel Ríos Pérez). En junio de 1995,cuando la justicia ordinaria investigaba esta matanza, los implicados en este caso se beneficiaron de dos leyes de amnistía promulgadas por el gobierno de Fujimori. La que consagró la impunidad para los que violaron los derechos humanos en los 15 años comprendidos entre mayo de 1980 y junio de 1995. Y la segunda prohibió la investigación de cualquier caso en que estuviesen implicados durante ese período militares, policías o civiles al servicio del Estado. Estas leyes han sido declaradas incompatibles con las obligaciones internacionales que tiene el estado peruano, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los asesinos a las órdenes de Montesinos son autores del secuestro, desaparición y asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación "La Cantuta" (18 de julio de 1992). Montesinos es el autor intelectual del asesinato de personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que denunció las prácticas criminales de esa organización. También estuvo detrás de la orden de asesinato y descuartizamiento de la señora Mariella Barreto y de la tortura de Leonor de la Rosa.
Entre corrupción y violación de derechos humanos sólo existe una tenue frontera. Pero en algunos casos ya cae la impunidad fragmentada en mil pedazos. Montesinos está tras las mismas rejas que construyó para otros, y Perú busca ajustar cuentas y poner andar el país. Menem, en Argentina, está en la mira, y la justicia acaricia a Pinochet en su propio patio. ¿Cuántos Montesinos en potencia pululan en nuestro país? ¿Cómo frenar la corrupción en picada? Es posible enfrentarlo con acciones de transparencia, rendición de cuentas, eficacia en los organismos de corrupción, monitoreo de la sociedad civil, educación en valores. ¿Qué esperamos?
En el índice aparecen 91 países, de los cuales 55 países obtuvieron una puntuación inferior a 5, sugiriendo niveles altos de corrupción percibida en la administración pública y el gobierno. Panamá es parte de éstos con un puntaje de 3.7 compartiendo "honores" con México (tradicionalmente percibido como país de mucha corrupción, e inmediatamente debajo de Colombia).
Hay que tener en cuanta que la corrupción no es sólo gubernamental, sino que atraviesa el conjunto de las sociedades, pues muchas veces el corruptor es de la esfera privada, lo que se expresa en el soborno de las grandes compañía o la subvención a las campañas electorales con su consiguiente pase de factura. Transparencia está trabajando en un nuevo Indice de Fuentes de Soborno que aparecerá el próximo año, que detectará el uso de sobornos de empresas transnacionales en países subdesarrollados.
¿Hasta qué extremos puede llegar la corrupción? Si le pusiéramos nombre propio a la corrupción hoy seguramente se llamaría Vladimiro Montesinos, peruano cuya biografía causa escalofrío, pues se asemeja más al siniestro prontuario de un criminal. Este siniestro personaje estuvo a punto de quedarse en Panamá, utilizando el poder cobrado de la corrupción en Perú y la aplicación local de ese poder en nuestro país.
Montesinos es un ex capitán dado de baja deshonrosamente del ejército peruano. En 1976, tribunales de justicia juzgaron por espionaje a Montesinos, por haber fotocopiado y entregado una serie de documentos secretos sobre la situación de las Fuerzas Armadas peruanas a organizaciones extranjeras de espionaje. Antes de prestar servicios al gobierno de Fujimori a partir de 1991 como Asesor Presidencial y Jefe real de los Servicios de Inteligencia Nacional, fue conocido como principal contacto de narcotraficantes colombianos en Perú, de quienes fue defensor legal y hombre de confianza. Ha mantenido relaciones con el narcotráfico por más de 20 años y las sigue teniendo. Ha recibido dinero del comercio de estupefacientes y del tráfico de armamento y pertrechos dentro y fuera de su país.
Desde el golpe de 1992, Fujimori y Montesinos pusieron en marcha la organización delictiva más coordinada que haya existido en América Latina y sólo comparable a las mafias de Suharto en Indonesia, de Ferdinand Marcos en Filipinas o de los Duvalier en Haití. Controlando los medios, designando jueces y fiscales incondicionales, manipulando el parlamento, y usando a los militares y fuerzas de seguridad para aterrorizar a la población sumaron cifras a sus ingentes fortunas. La organización ha manejado 4,140 millones de dólares, desglosados como compras presupuestales: mil millones; armas: 1,400 millones; venta de empresas: mil millones; deuda externa: 600 millones y Poder Judicial: 150 millones.
Los clanes Fujimori-Montesinos y sus secuaces, que en lo principal suman 200 personas, han robado y amasado una importante fortuna en los 10 años. Cada uno de los casos fue en su momento motivo de una denuncia penal, pero acallado por la maquinaria dictatorial. Sólo en el negociado de la deuda externa, Montesinos, Camet, Abusada, Graña, Blacker Miller ganaron 600 millones de dólares creando empresas falsas en Panamá que compraron papeles a la quinta parte de su valor y que después fueron pagados por el 100% de su valor por el gobierno peruano al incluirlos en el Plan Brady de 1996.
Montesinos ha sido denunciado en numerosas ocasiones por violar derechos humanos. Es el principal responsable del asesinato y desaparición de peruanos, como director de grupos paramilitares como el Grupo "Colina", autor de la masacre de los Barrios Altos en Lima, allí se ultimó a 15 peruanos pobres, entre hombres, mujeres y niños (como el menor Javier Ríos Rojas muerto a balazos, abrazado a su padre, Manuel Ríos Pérez). En junio de 1995,cuando la justicia ordinaria investigaba esta matanza, los implicados en este caso se beneficiaron de dos leyes de amnistía promulgadas por el gobierno de Fujimori. La que consagró la impunidad para los que violaron los derechos humanos en los 15 años comprendidos entre mayo de 1980 y junio de 1995. Y la segunda prohibió la investigación de cualquier caso en que estuviesen implicados durante ese período militares, policías o civiles al servicio del Estado. Estas leyes han sido declaradas incompatibles con las obligaciones internacionales que tiene el estado peruano, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los asesinos a las órdenes de Montesinos son autores del secuestro, desaparición y asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación "La Cantuta" (18 de julio de 1992). Montesinos es el autor intelectual del asesinato de personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que denunció las prácticas criminales de esa organización. También estuvo detrás de la orden de asesinato y descuartizamiento de la señora Mariella Barreto y de la tortura de Leonor de la Rosa.
Entre corrupción y violación de derechos humanos sólo existe una tenue frontera. Pero en algunos casos ya cae la impunidad fragmentada en mil pedazos. Montesinos está tras las mismas rejas que construyó para otros, y Perú busca ajustar cuentas y poner andar el país. Menem, en Argentina, está en la mira, y la justicia acaricia a Pinochet en su propio patio. ¿Cuántos Montesinos en potencia pululan en nuestro país? ¿Cómo frenar la corrupción en picada? Es posible enfrentarlo con acciones de transparencia, rendición de cuentas, eficacia en los organismos de corrupción, monitoreo de la sociedad civil, educación en valores. ¿Qué esperamos?
