De crímenes y crédito
Allá por la década del 60, un embajador norteamericano destacado en Panamá exclamó en una reunión: "Yo no entiendo este país", a lo que un asistente dijo: "Sí. Es kafkiano". Pero el embajador le contestó: "No. Yo entiendo a Kafka, yo no entiendo este país". Nada ha cambiado bajo el Sol. Aquí los diputados están más preocupados por el hurto pecuario que por el secuestro de seres humanos. Las penas por lo primero llegan a ser más graves que por lo segundo. La Corte es quien puede investigar y juzgar a los diputados y la Asamblea a los magistrados, pero ambos exigen que quien los denuncie "presente las pruebas", poniendo en los simples ciudadanos la carga de una tarea que corresponde a las propias autoridades jurisdiccionales. En lugar de pesos y contrapesos tenemos poderes que se cancelan.
Para los que nos gobiernan, en Panamá no damos una parte de nuestros ingresos honestamente obtenidos, para sufragar los gastos del Estado, sino que el Estado nos "permite" quedarnos con algo para sufragar nuestros gastos de vida. Los servidores públicos no están para servir, sino para ser servidos por los ciudadanos. Los policías nos cuidan la vida, la honra y los bienes, siempre y cuando no estén en una chambita de sobre tiempo, mientras asesinos pueden matar impunemente mientras no cumplan catorce años, y si los han cumplido pero no los dieciocho, entonces salen en un par de años...a seguir matando.
En este país, los ciudadanos honestos ya no tenemos derecho a exigir un Record Policivo a las personas que vamos a contratar para que trabajen con nosotros. Ni siquiera en caso de personal doméstico, al cual le abrimos las puertas de nuestros hogares para convivir. Sin embargo si alguien no pagó una cuenta, su nombre queda en los listados de la APC por más de un lustro. No hay proporcionalidad entre el riesgo social que representa un malapaga que el que reviste un asesino, secuestrador o violador , sin embargo nuestros gobernantes creen que es más importante que se sepa quién no pagó una cuenta, que quien segó una vida o violó a otra persona. En los países civilizados, cuando un violador o un pederasta se va a mudar a un barrio, las autoridades están obligadas a avisar a los vecinos del hecho y, en algunos casos, la presión social ha obligado a que no se muden.
No se puede establecer un Estado de Derecho en un país torcido.
Para los que nos gobiernan, en Panamá no damos una parte de nuestros ingresos honestamente obtenidos, para sufragar los gastos del Estado, sino que el Estado nos "permite" quedarnos con algo para sufragar nuestros gastos de vida. Los servidores públicos no están para servir, sino para ser servidos por los ciudadanos. Los policías nos cuidan la vida, la honra y los bienes, siempre y cuando no estén en una chambita de sobre tiempo, mientras asesinos pueden matar impunemente mientras no cumplan catorce años, y si los han cumplido pero no los dieciocho, entonces salen en un par de años...a seguir matando.
En este país, los ciudadanos honestos ya no tenemos derecho a exigir un Record Policivo a las personas que vamos a contratar para que trabajen con nosotros. Ni siquiera en caso de personal doméstico, al cual le abrimos las puertas de nuestros hogares para convivir. Sin embargo si alguien no pagó una cuenta, su nombre queda en los listados de la APC por más de un lustro. No hay proporcionalidad entre el riesgo social que representa un malapaga que el que reviste un asesino, secuestrador o violador , sin embargo nuestros gobernantes creen que es más importante que se sepa quién no pagó una cuenta, que quien segó una vida o violó a otra persona. En los países civilizados, cuando un violador o un pederasta se va a mudar a un barrio, las autoridades están obligadas a avisar a los vecinos del hecho y, en algunos casos, la presión social ha obligado a que no se muden.
No se puede establecer un Estado de Derecho en un país torcido.