De espaldas a la sociedad
Lo criticable del Gobierno en el tema del transporte no es el pacto con los buseros, sino lo subrepticio del asunto. No es que se le tache de por sí la cínica indiferencia, sino el engaño a la población diciendo que iban a cambiar las cosas, y al final dejar todo tal como estaba, o incluso peor.
Hoy se sabe que la capital tendrá que esperar muchos años para gozar de un moderno sistema masivo de transporte. Pero eso no es lo peor; también es noticia que se repetirá el acto de confianza a los transportistas, dotándoles de contratos de concesión con la esperanza de que eso les dé dinero de la banca, para con ello eliminar los repudiados "diablos rojos". Vuelven así las promesas de los uniformes, de mejor trato a los usuarios, un salario a los "palancas", y otros cantos de sirena que ya conoce y desdeña el país, y le costaron al Estado al menos 13 de los 30 millones de dólares prestados por el BNP.
Todo el asunto se acordó sin contar con los usuarios, y mucho menos con aquellas empresas que precalificaron en el cada vez más ilusorio proceso de modernización del transporte.
Lo que desalienta es que nada de esto se supo por los conductos oficiales, producto de una conducta transparente del gobierno, sino como consecuencia de investigaciones periodísticas, filtraciones y confidencias aterradoras. Si por el Gobierno fuera, todo se hubiera guardado en el más innoble silencio, de esos que hieren por irrespetuosos.
Esta última jugada, la de los contratos de concesión y renovación de la flota, lo que parece buscar es darle otra millonada a los transportistas de hoy, y propiciar una exagerada valorización del actual negocio, que provocará un aumento excesivo de los costos de inversión en el futuro.
Es triste, infame por no decir otra cosa, que el Gobierno tome de tonta a una sociedad que pecó de paciente e ilusa.
Hoy se sabe que la capital tendrá que esperar muchos años para gozar de un moderno sistema masivo de transporte. Pero eso no es lo peor; también es noticia que se repetirá el acto de confianza a los transportistas, dotándoles de contratos de concesión con la esperanza de que eso les dé dinero de la banca, para con ello eliminar los repudiados "diablos rojos". Vuelven así las promesas de los uniformes, de mejor trato a los usuarios, un salario a los "palancas", y otros cantos de sirena que ya conoce y desdeña el país, y le costaron al Estado al menos 13 de los 30 millones de dólares prestados por el BNP.
Todo el asunto se acordó sin contar con los usuarios, y mucho menos con aquellas empresas que precalificaron en el cada vez más ilusorio proceso de modernización del transporte.
Lo que desalienta es que nada de esto se supo por los conductos oficiales, producto de una conducta transparente del gobierno, sino como consecuencia de investigaciones periodísticas, filtraciones y confidencias aterradoras. Si por el Gobierno fuera, todo se hubiera guardado en el más innoble silencio, de esos que hieren por irrespetuosos.
Esta última jugada, la de los contratos de concesión y renovación de la flota, lo que parece buscar es darle otra millonada a los transportistas de hoy, y propiciar una exagerada valorización del actual negocio, que provocará un aumento excesivo de los costos de inversión en el futuro.
Es triste, infame por no decir otra cosa, que el Gobierno tome de tonta a una sociedad que pecó de paciente e ilusa.
