De licitaciones, contratos y enmiendas
A medida que pasa el tiempo se conocen más y más instancias en las cuales diversas autoridades del gobierno anterior favorecieron a determinadas personas, en perjuicio de otros licitantes, del Estado y de la comunidad en general. Aunque la práctica en la gran mayoría de los casos es legal, su continuación por el gobierno de turno es inaceptable.
La Ley 56, sobre contratación pública, aprobada por el gobierno anterior, revisó íntegramente las normas sobre la materia hasta entonces contenidas en el Código Fiscal, las cuales ya habían sido objeto de importantes reformas por el gobierno de Guillermo Endara Galimany.
Bajo dicha ley, las instituciones gubernamentales contratan a través de diferentes procedimientos, a saber, remates públicos, solicitudes de precios, concursos de precios y licitaciones públicas, cada uno de los cuales tiene sus peculiaridades en cuanto a formalidades y plazos. En este laberinto legal, cualquiera se pierde y cualquiera se escabulle.
En este contexto, además, las excepciones al proceso continúan siendo abusadas. Por ejemplo, la impresión de la Gaceta Oficial, cuando estuvo bajo el ministerio de la Presidencia, se contrató directamente, sin licitación previa, con un allegado del PRD durante todo el gobierno de Pérez Balladares. Hoy, la Gaceta está en el Registro Público, quién sabe por qué, pero continúa siendo impresa bajo el mismo contrato cuya génesis es cuestionable.
Otro ejemplo de abuso del proceso en general fue divulgado hace unas semanas por nuestra Unidad Investigativa en un reportaje profundo sobre la historia y el estado actual de las contrataciones de seguros, las cuales estaban en ese momento (y probablemente todavía hoy) en manos de un yerno del hoy ex presidente Ernesto Pérez Balladares. ¿Cómo obtuvo los contratos? Al parecer, a través de licitaciones públicas en las cuales, según algunos proponentes y conocedores de la industria de seguros, hubo irregularidades en las comisiones de evaluación que permitieron favoritismos.
Otra forma de favoritismo es mediante la introducción de reformas o enmiendas a contratos, las cuales no requieren de licitación por disposición legal. Recientemente se conoció que el contrato para el arrendamiento de un terreno de 46 hectáreas en Albrook se convirtió en venta, mediante la modificación del modelo de contrato incluido en el Pliego de Cargos con posterioridad a la licitación para contemplar una primera opción de compra. También añadieron extemporáneamente la obligación de la ARI de construir infraestructuras por cuatro millones de balboas. Como si lo anterior fuera poco, ahora ha salido una addenda a ese contrato por medio de la cual se congelan los precios de la opción de compra durante la vida del contrato.
Con todo lo anterior se colige que no importan cuántas leyes tengamos sino quiénes están ocupando los puestos gubernamentales y a quiénes se le deben favores. El nuevo gobierno ha prometido mucho en cuanto a corrupción (en todas sus formas). Con tiempo veremos si sus promesas son simple retórica.
La Ley 56, sobre contratación pública, aprobada por el gobierno anterior, revisó íntegramente las normas sobre la materia hasta entonces contenidas en el Código Fiscal, las cuales ya habían sido objeto de importantes reformas por el gobierno de Guillermo Endara Galimany.
Bajo dicha ley, las instituciones gubernamentales contratan a través de diferentes procedimientos, a saber, remates públicos, solicitudes de precios, concursos de precios y licitaciones públicas, cada uno de los cuales tiene sus peculiaridades en cuanto a formalidades y plazos. En este laberinto legal, cualquiera se pierde y cualquiera se escabulle.
En este contexto, además, las excepciones al proceso continúan siendo abusadas. Por ejemplo, la impresión de la Gaceta Oficial, cuando estuvo bajo el ministerio de la Presidencia, se contrató directamente, sin licitación previa, con un allegado del PRD durante todo el gobierno de Pérez Balladares. Hoy, la Gaceta está en el Registro Público, quién sabe por qué, pero continúa siendo impresa bajo el mismo contrato cuya génesis es cuestionable.
Otro ejemplo de abuso del proceso en general fue divulgado hace unas semanas por nuestra Unidad Investigativa en un reportaje profundo sobre la historia y el estado actual de las contrataciones de seguros, las cuales estaban en ese momento (y probablemente todavía hoy) en manos de un yerno del hoy ex presidente Ernesto Pérez Balladares. ¿Cómo obtuvo los contratos? Al parecer, a través de licitaciones públicas en las cuales, según algunos proponentes y conocedores de la industria de seguros, hubo irregularidades en las comisiones de evaluación que permitieron favoritismos.
Otra forma de favoritismo es mediante la introducción de reformas o enmiendas a contratos, las cuales no requieren de licitación por disposición legal. Recientemente se conoció que el contrato para el arrendamiento de un terreno de 46 hectáreas en Albrook se convirtió en venta, mediante la modificación del modelo de contrato incluido en el Pliego de Cargos con posterioridad a la licitación para contemplar una primera opción de compra. También añadieron extemporáneamente la obligación de la ARI de construir infraestructuras por cuatro millones de balboas. Como si lo anterior fuera poco, ahora ha salido una addenda a ese contrato por medio de la cual se congelan los precios de la opción de compra durante la vida del contrato.
Con todo lo anterior se colige que no importan cuántas leyes tengamos sino quiénes están ocupando los puestos gubernamentales y a quiénes se le deben favores. El nuevo gobierno ha prometido mucho en cuanto a corrupción (en todas sus formas). Con tiempo veremos si sus promesas son simple retórica.
