De los cupos a la competencia
La acción de gobierno requiere signos que hagan fácilmente comprensibles la voluntad y propósitos del Ejecutivo. La Presidenta de la República señaló hace unos días que no está de acuerdo con el aumento del pasaje al tiempo que se comprometió con los gremios transportistas a elaborar un informe para buscar alternativas al alza en los precios de la gasolina, para el cual el gobierno aportaría cien mil balboas. Este ha sido el hilo conductor de un plan para respaldar una política de "mano dura" y, en concreto, de una decisión para apoyar a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como ente regulador del transporte público.
Sin embargo, en ninguno de los planteamientos anteriores se habla de mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios, y mucho menos de fomentar la competencia entre los transportistas. Este objetivo es difícilmente discutible. Sobrepasado el equilibrio en las cuentas de los "palancas" y abordado un primer capítulo de amenazas de huelga y de alzas en los pasajes - propiciado por un aumento en costos e ineficiencias - se hace imprescindible iniciar un ajuste de las condiciones en las que se desenvuelve la actividad en más de cien rutas. Se requiere una mayor competencia que reduzca márgenes y precios a lo largo de toda la cadena de valor, desde la compra de los vehículos hasta que los distintos servicios son puestos a disposición del usuario.
La alharaca mediática de los grandes negociantes de cupos no debe hacernos olvidar que el fomento de la competencia es una acción necesaria, que debe alcanzar a todos los transportistas y cuyas manifestaciones son múltiples. El desarrollo de una política decidida en este sentido precisa un marco jurídico adecuado y un análisis económico preciso y sosegado.
Se hace necesario reformar la actual Ley que regula la actividad del transporte y dotar a la ATTT de medios humanos y materiales, y permitirle aglutinar en torno a sí los diferentes órganos autónomos que consientan la creación de un ambiente propicio para mejorar la calidad del servicio. Con todas las precauciones jurídicas necesarias, será preciso habilitar a la ATTT para que elabore pliegos y autorice concesiones que permitan abrir las diferentes rutas a una auténtica competencia, lo cual contribuirá a eliminar para siempre el sistema de cupos que consiente a un número plural de gamonales usufructuar de de un mercado caracterizado por ofrecer un pésimo servicio a los usuarios. Todas estas medidas deben establecerse con transparencia y carácter previo, siempre que sea posible. Que no quepa, en fin, interpretar decisiones políticas de este tenor desde el subjetivismo regional, partidista o incluso personal.
Reclamar un informe serio, que permita un punto de sosiego y la adopción de medidas eficaces es, en la materia que nos ocupa, una obligación ineludible. Un transportista, que sea sólo eso, sea grande o pequeño, dominante o dominado, no tendrá estímulo a aumentar precios cuando exista una verdadera competencia.
Se trata, en fin, de legislar, analizar, eliminar, resolver y promover. Nada ajeno a la gestión de gobierno. Pero la política es acción, y ésta requiere madurez. La ATTT debe buscar una fórmula permanente que mejore la situación de los usuarios y transportistas. Al fin y al cabo, el gobierno se ha comprometido en un protocolo que ha dado lugar a una tregua. Pero la competencia requiere más que eso y el gobierno está en condiciones políticas de desarrollar una amplia y fructífera tarea en este campo.
Sin embargo, en ninguno de los planteamientos anteriores se habla de mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios, y mucho menos de fomentar la competencia entre los transportistas. Este objetivo es difícilmente discutible. Sobrepasado el equilibrio en las cuentas de los "palancas" y abordado un primer capítulo de amenazas de huelga y de alzas en los pasajes - propiciado por un aumento en costos e ineficiencias - se hace imprescindible iniciar un ajuste de las condiciones en las que se desenvuelve la actividad en más de cien rutas. Se requiere una mayor competencia que reduzca márgenes y precios a lo largo de toda la cadena de valor, desde la compra de los vehículos hasta que los distintos servicios son puestos a disposición del usuario.
La alharaca mediática de los grandes negociantes de cupos no debe hacernos olvidar que el fomento de la competencia es una acción necesaria, que debe alcanzar a todos los transportistas y cuyas manifestaciones son múltiples. El desarrollo de una política decidida en este sentido precisa un marco jurídico adecuado y un análisis económico preciso y sosegado.
Se hace necesario reformar la actual Ley que regula la actividad del transporte y dotar a la ATTT de medios humanos y materiales, y permitirle aglutinar en torno a sí los diferentes órganos autónomos que consientan la creación de un ambiente propicio para mejorar la calidad del servicio. Con todas las precauciones jurídicas necesarias, será preciso habilitar a la ATTT para que elabore pliegos y autorice concesiones que permitan abrir las diferentes rutas a una auténtica competencia, lo cual contribuirá a eliminar para siempre el sistema de cupos que consiente a un número plural de gamonales usufructuar de de un mercado caracterizado por ofrecer un pésimo servicio a los usuarios. Todas estas medidas deben establecerse con transparencia y carácter previo, siempre que sea posible. Que no quepa, en fin, interpretar decisiones políticas de este tenor desde el subjetivismo regional, partidista o incluso personal.
Reclamar un informe serio, que permita un punto de sosiego y la adopción de medidas eficaces es, en la materia que nos ocupa, una obligación ineludible. Un transportista, que sea sólo eso, sea grande o pequeño, dominante o dominado, no tendrá estímulo a aumentar precios cuando exista una verdadera competencia.
Se trata, en fin, de legislar, analizar, eliminar, resolver y promover. Nada ajeno a la gestión de gobierno. Pero la política es acción, y ésta requiere madurez. La ATTT debe buscar una fórmula permanente que mejore la situación de los usuarios y transportistas. Al fin y al cabo, el gobierno se ha comprometido en un protocolo que ha dado lugar a una tregua. Pero la competencia requiere más que eso y el gobierno está en condiciones políticas de desarrollar una amplia y fructífera tarea en este campo.
