De puertos y jueces
Casi todos los oficios -en teoría- están orientados a procurar el bien común. Por esta simple razón un trabajo dado, más que tornarse mezquinamente en la búsqueda del provecho personal, debiera con su ejercicio incrementar el bienestar general. Este postulado resulta particularmente apropiado en países donde la realidad socioeconómica de las mayorías dista mucho del potencial que encierra el buen aprovechamiento de su riqueza latente.
El tema de condonar los pagos obligatorios al Estado que persigue la Panama Ports Company y el grupo que apoya tan lesiva acción al erario nacional acrecentarán, aún más, la peligrosa situación financiera por la que atraviesa la República de Panamá.
El pasado 1 de agosto un fallo empañado, tanto por el salvamento de voto de uno de los magistrados que participó en dicho acto como que Winston Spadafora -foco del creciente malestar que aqueja a la Corte Suprema de Justicia- haya sido el suscriptor de la ponencia para negar la suspensión provisional de la equiparación de marras, añade otro elemento pernicioso a la muy afectada salud moral de la nación panameña.
Con similitud poco usual los dos principales diarios del país publicaron editoriales condenando el veredicto que nos ocupa. Cito textualmente: "En decisión que la deshonra, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó la suspensión de la resolución del ministro de Comercio e Industrias, de cuestionable constitucionalidad, por medio de la cual se aprobó la llamada "equiparación" en favor de Panama Ports Company, lo que significó la exoneración del pago al Estado por más de 30 millones de dólares anuales". Más adelante agregaba el escrito que "ojalá que la decisión final sobre la demanda contencioso-administrativa en cuestión se adopte con la participación de todos los miembros principales de la Sala Tercera. La importancia del caso así lo amerita y la salud fiscal e institucional del país lo demanda". (Hoy por hoy, La Prensa, 2 de agosto) El Panamá América (El Pulso de Panamá, 3 de agosto) concluía diciendo: "es lastimoso que la erosión que tan profundamente afecta la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales de su Nación, se haya extendido, con sus devastadores efectos, al seno del más alto tribunal de justicia, llamado a ser supremo guardián y baluarte de la legalidad, consecuencia tantas veces advertida del asalto por el Ejecutivo de los demás poderes del Estado".
Comparto plenamente, tanto el contenido de ambos escritos, como las declaraciones que en su momento diera Alberto Vallarino Clement -candidato presidencial en las elecciones de 1999 y prominente hombre de negocios- respecto a la ausencia de una genuina justificación para que el Gobierno eliminara un ingreso que oscila entre 25 a 30 millones de dólares por año. También me adhiero a lo dicho por el Presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Javier Rivera, respecto a la falta de equidad existente y la necesaria reflexión moral que este asunto generará a muy corto plazo.
La suma condonada -capaz de producir por encima de tres mil empleos que promedien 500 balboas mensuales más sus correspondientes prestaciones- supera, con creces, las cacareadas ventajas que no han cesado de pregonar sus promotores desde que se implantara tan dañino asunto.
Habrá quienes se van a empantanar arguyendo tecnicismos sobre si lo actuado es legal, o no. Para muchos, sin embargo, el fallo de fondo será sopesado -y por ende recordados todos los personajes que hayan participado de una forma u otra en tan triste evento- dentro de los cánones que establece la ética y el más básico respeto hacia el uso apropiado de un bien común.
Además del rechazo masivo que este caso ha recibido por la mayoría de los panameños, al final abrigo esperanzas que este lastimoso embrollo será resuelto en estricta justicia y apego a los más esenciales principios de moralidad, especialmente luego de la exposición que en su momento hará Alma Montenegro de Fletcher, procuradora de la Administración y celosa guardiana de los intereses del Estado.
Actualmente, está trabajando con un grupo de expertos australianos y norteamericanos con el objetivo de lograr un financiamiento de un millón de dólares del ejército australiano.
El entrevistado indicó que si un investigador panameño trata de sobrevivir de fondos panameños, sólo va a conseguir, probablemente, la infraestructura, pero no el dinero para financiar el proyecto en sí.
Sentenció que para que un investigador pueda subsistir en Panamá y convertirse en principal en un proyecto, además de buscar financiamiento exterior, deberá llegar a una madurez, tener varios contactos internacionales y publicar artículos.
Señaló que Panamá no puede pagar los salarios de los investigadores, y es por ello que hay limitantes para poder competir en el ámbito internacional. En su caso, sus ingresos parten de los proyectos que lleva adelante.
Destacó que, aunque falta mucho para lograr que Panamá sea un país dedicado a las investigaciones, es esperanzador que se está avanzando, por lo que hizo un llamado al Estado para que vele por seguir ese camino.
El tema de condonar los pagos obligatorios al Estado que persigue la Panama Ports Company y el grupo que apoya tan lesiva acción al erario nacional acrecentarán, aún más, la peligrosa situación financiera por la que atraviesa la República de Panamá.
El pasado 1 de agosto un fallo empañado, tanto por el salvamento de voto de uno de los magistrados que participó en dicho acto como que Winston Spadafora -foco del creciente malestar que aqueja a la Corte Suprema de Justicia- haya sido el suscriptor de la ponencia para negar la suspensión provisional de la equiparación de marras, añade otro elemento pernicioso a la muy afectada salud moral de la nación panameña.
Con similitud poco usual los dos principales diarios del país publicaron editoriales condenando el veredicto que nos ocupa. Cito textualmente: "En decisión que la deshonra, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó la suspensión de la resolución del ministro de Comercio e Industrias, de cuestionable constitucionalidad, por medio de la cual se aprobó la llamada "equiparación" en favor de Panama Ports Company, lo que significó la exoneración del pago al Estado por más de 30 millones de dólares anuales". Más adelante agregaba el escrito que "ojalá que la decisión final sobre la demanda contencioso-administrativa en cuestión se adopte con la participación de todos los miembros principales de la Sala Tercera. La importancia del caso así lo amerita y la salud fiscal e institucional del país lo demanda". (Hoy por hoy, La Prensa, 2 de agosto) El Panamá América (El Pulso de Panamá, 3 de agosto) concluía diciendo: "es lastimoso que la erosión que tan profundamente afecta la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales de su Nación, se haya extendido, con sus devastadores efectos, al seno del más alto tribunal de justicia, llamado a ser supremo guardián y baluarte de la legalidad, consecuencia tantas veces advertida del asalto por el Ejecutivo de los demás poderes del Estado".
Comparto plenamente, tanto el contenido de ambos escritos, como las declaraciones que en su momento diera Alberto Vallarino Clement -candidato presidencial en las elecciones de 1999 y prominente hombre de negocios- respecto a la ausencia de una genuina justificación para que el Gobierno eliminara un ingreso que oscila entre 25 a 30 millones de dólares por año. También me adhiero a lo dicho por el Presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Javier Rivera, respecto a la falta de equidad existente y la necesaria reflexión moral que este asunto generará a muy corto plazo.
La suma condonada -capaz de producir por encima de tres mil empleos que promedien 500 balboas mensuales más sus correspondientes prestaciones- supera, con creces, las cacareadas ventajas que no han cesado de pregonar sus promotores desde que se implantara tan dañino asunto.
Habrá quienes se van a empantanar arguyendo tecnicismos sobre si lo actuado es legal, o no. Para muchos, sin embargo, el fallo de fondo será sopesado -y por ende recordados todos los personajes que hayan participado de una forma u otra en tan triste evento- dentro de los cánones que establece la ética y el más básico respeto hacia el uso apropiado de un bien común.
Además del rechazo masivo que este caso ha recibido por la mayoría de los panameños, al final abrigo esperanzas que este lastimoso embrollo será resuelto en estricta justicia y apego a los más esenciales principios de moralidad, especialmente luego de la exposición que en su momento hará Alma Montenegro de Fletcher, procuradora de la Administración y celosa guardiana de los intereses del Estado.
Actualmente, está trabajando con un grupo de expertos australianos y norteamericanos con el objetivo de lograr un financiamiento de un millón de dólares del ejército australiano.
El entrevistado indicó que si un investigador panameño trata de sobrevivir de fondos panameños, sólo va a conseguir, probablemente, la infraestructura, pero no el dinero para financiar el proyecto en sí.
Sentenció que para que un investigador pueda subsistir en Panamá y convertirse en principal en un proyecto, además de buscar financiamiento exterior, deberá llegar a una madurez, tener varios contactos internacionales y publicar artículos.
Señaló que Panamá no puede pagar los salarios de los investigadores, y es por ello que hay limitantes para poder competir en el ámbito internacional. En su caso, sus ingresos parten de los proyectos que lleva adelante.
Destacó que, aunque falta mucho para lograr que Panamá sea un país dedicado a las investigaciones, es esperanzador que se está avanzando, por lo que hizo un llamado al Estado para que vele por seguir ese camino.
