De reformas penales y ceguera del intelecto
CUANDO EL Presidente de la República, Martín Torrijos Espino, tuvo a bien encomendarnos la redacción de los Códigos, tanto el de la materia penal como la procesal o judicial punitiva, aceptamos gustosamente, con beneplácito, dado que pondríamos en ejercicio los años dedicados a la cátedra universitaria, los largos años de desvelos fecundos tras la búsqueda permanente de conocimientos, los artículos de opinión que expresaban análisis de nuestro derecho positivo o vigente; en fin, de toda nuestra modesta experiencia en el mundo penal.
Amén de ello, constituía un honor inmerecido el que se nos designara "codificadores" de la legislación penal para Panamá. Ese honor, como es conocido, sólo se les difiere a juristas de reputada y reconocida trayectoria personal y profesional. Es una bonita manera de perpetuar en la historia jurídica de una nación a un jurista. Sin embargo, he de confesar que no es tarea fácil hacer un código, redactar cientos de normas penales y judiciales para luego convertirlas en leyes de la República.
En cada norma jurídica anida una filosofía y también pululan en ella los egoísmos, los intereses frívolos y hasta apasionados de quienes nunca ven nada bueno en lo que está animado por el altruismo fecundo, la buena fe y la sana inteligencia. Pocos fueron los juristas serios que salieron a decir algo inteligente, aportativo, fructífero, en aras de hacer una mejor norma allí en donde la propuesta presentaba alguna falencia, incompletitud o ausencia de proyección filosófica. Pocos también fueron los abogados que detractaron de las reformas sugeridas. Muchos, la gran mayoría de los abogados, guardaron silencio, nada dijeron, nada han dicho y tal vez nada dirán. Triste y penosa situación ésta, la de un gremio que soslaya u omite prestar importancia a dos importantes ramas del derecho que constituyen la herramienta de trabajo diaria de todo profesional de las leyes: El Derecho Penal y el Derecho Procesal Punitivo -nombre correcto- o Procesal Penal como generalmente se llama.
Han arremetido los detractores, a diestra y a siniestra, a la inteligencia y el buen juicio. Han dicho cosas impropias, indebidas, mal interpretadas o, a propósito, prejuiciados. Mintieron al país, por ejemplo, diciéndole que despenalizábamos el aborto. Satanizaron nuestras propuestas, mejores que la actual legislación. No le dijeron al país que los codificadores aumentábamos las penas para este tipo de delito -el aborto- y que sancionábamos hasta con 10 años de prisión al profesional de la medicina que practicara un aborto doloso. Hasta la Iglesia Católica, la panameña, se dejó llevar por estos aspavientos ruidosos y salieron a decir cosas sin haberlas leído, estudiado y analizado. Qué pena me causa todo este marasmo.
Recuerdo las lecturas que hice de Herbert Marcuse en "El Hombre Unidimensional", cuando al final de cuentas concluye que la solución es un "despertar y organizar la solidaridad en tanto que necesidad biológica para mantenerse unidos contra la brutalidad y la explotación inhumanas". Bien dice Marcuse que las modernas sociedades occidentales operan, se mueven, bajo un disfraz pseudodemocrático, pero que en el fondo esconden una estructura totalitaria basada en la lucha de clases y la explotación del hombre por el hombre.
Cómo entender a los detractores del buen propósito de las reformas cuando ayer interlocutaban un discurso que promueve y defiende los derechos humanos, las reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos o de los presos sin condena y, no obstante, hoy despotrican, maldicen el discurso democrático, propio del Estado de Derecho que se desea orientar con las propuestas de reformas en lo penal y en lo procesal.
En materia penal, esos detractores retornan a un causalismo penal que fue bueno en épocas pasadas para una España e Italia que promovieron el fascismo y que han echado cuesta abajo, al menos en primer debate, la propuesta de la imputación objetiva que postula un principio de culpabilidad penal inserto en el Estado de Derecho -proporcionalidad de las penas en base al quantum de participación criminal y de aporte a la realización o generación del delito- y que pregona el estado de inocencia -como derecho consustancial de todo particular- por encima de toda incriminación penal. Si esto no es defender la dignidad humana, entonces que digan los detractores qué es.
También hay que decir que salieron estos detractores a gritar a los cuatro vientos, que la norma sobre la prescripción de las penas -de mi exclusiva autoría y luego del pleno de la Comisión Codificadora, dado que la secundaron por mayoría absoluta- que establecía la prescripción tomando en cuenta la pena impuesta en la sentencia, había sido redactada para favorecer al señor Manuel Antonio Noriega y, de este modo, traerlo a Panamá libre e impoluto de cualquier juicio o cargo penal. Y los incautos, o los miedosos, o los ingenuos, o los asustadizos, o los demagogos y politiqueros baratos y de poca monta -por los cuales no pago ni un centavo- creyeron o quisieron creer en ello. Suprimieron este importante avance, verdadero instrumento humanizante del derecho procesal y del derecho penitenciario, bueno para este país dado que nos matriculábamos en las actuales corrientes vigorizantes del Derecho Penal en materia de prescripción -Cfr. Código Penal para el Estado de Sinaloa-México- y establecieron que la prescripción de la pena se da en un término máximo de hasta 30 años.
Ojalá estos señores, los impolutos, los escribas y fariseos de la juridicidad patria nunca se encuentren en un proceso punitivo, y que resultando condenados recuerden con nostalgia la buena norma que se había redactado para una sociedad que da muestra de su propia decadencia, egoísmo y perversidad del intelecto.
Como las cosas que se escriben sí quedan para la historia, yo he escrito estas líneas para mis hijos e hijas, y para todo aquel que se quiera sumar a la seriedad del intelecto, salvando así el voto de mi responsabilidad histórica de unas reformas penales que pudieron haber cambiado el actual estado de cosas. ¡Dios bendiga a la Patria!
abog27172010@hotmail.com
Amén de ello, constituía un honor inmerecido el que se nos designara "codificadores" de la legislación penal para Panamá. Ese honor, como es conocido, sólo se les difiere a juristas de reputada y reconocida trayectoria personal y profesional. Es una bonita manera de perpetuar en la historia jurídica de una nación a un jurista. Sin embargo, he de confesar que no es tarea fácil hacer un código, redactar cientos de normas penales y judiciales para luego convertirlas en leyes de la República.
En cada norma jurídica anida una filosofía y también pululan en ella los egoísmos, los intereses frívolos y hasta apasionados de quienes nunca ven nada bueno en lo que está animado por el altruismo fecundo, la buena fe y la sana inteligencia. Pocos fueron los juristas serios que salieron a decir algo inteligente, aportativo, fructífero, en aras de hacer una mejor norma allí en donde la propuesta presentaba alguna falencia, incompletitud o ausencia de proyección filosófica. Pocos también fueron los abogados que detractaron de las reformas sugeridas. Muchos, la gran mayoría de los abogados, guardaron silencio, nada dijeron, nada han dicho y tal vez nada dirán. Triste y penosa situación ésta, la de un gremio que soslaya u omite prestar importancia a dos importantes ramas del derecho que constituyen la herramienta de trabajo diaria de todo profesional de las leyes: El Derecho Penal y el Derecho Procesal Punitivo -nombre correcto- o Procesal Penal como generalmente se llama.
Han arremetido los detractores, a diestra y a siniestra, a la inteligencia y el buen juicio. Han dicho cosas impropias, indebidas, mal interpretadas o, a propósito, prejuiciados. Mintieron al país, por ejemplo, diciéndole que despenalizábamos el aborto. Satanizaron nuestras propuestas, mejores que la actual legislación. No le dijeron al país que los codificadores aumentábamos las penas para este tipo de delito -el aborto- y que sancionábamos hasta con 10 años de prisión al profesional de la medicina que practicara un aborto doloso. Hasta la Iglesia Católica, la panameña, se dejó llevar por estos aspavientos ruidosos y salieron a decir cosas sin haberlas leído, estudiado y analizado. Qué pena me causa todo este marasmo.
Recuerdo las lecturas que hice de Herbert Marcuse en "El Hombre Unidimensional", cuando al final de cuentas concluye que la solución es un "despertar y organizar la solidaridad en tanto que necesidad biológica para mantenerse unidos contra la brutalidad y la explotación inhumanas". Bien dice Marcuse que las modernas sociedades occidentales operan, se mueven, bajo un disfraz pseudodemocrático, pero que en el fondo esconden una estructura totalitaria basada en la lucha de clases y la explotación del hombre por el hombre.
Cómo entender a los detractores del buen propósito de las reformas cuando ayer interlocutaban un discurso que promueve y defiende los derechos humanos, las reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos o de los presos sin condena y, no obstante, hoy despotrican, maldicen el discurso democrático, propio del Estado de Derecho que se desea orientar con las propuestas de reformas en lo penal y en lo procesal.
En materia penal, esos detractores retornan a un causalismo penal que fue bueno en épocas pasadas para una España e Italia que promovieron el fascismo y que han echado cuesta abajo, al menos en primer debate, la propuesta de la imputación objetiva que postula un principio de culpabilidad penal inserto en el Estado de Derecho -proporcionalidad de las penas en base al quantum de participación criminal y de aporte a la realización o generación del delito- y que pregona el estado de inocencia -como derecho consustancial de todo particular- por encima de toda incriminación penal. Si esto no es defender la dignidad humana, entonces que digan los detractores qué es.
También hay que decir que salieron estos detractores a gritar a los cuatro vientos, que la norma sobre la prescripción de las penas -de mi exclusiva autoría y luego del pleno de la Comisión Codificadora, dado que la secundaron por mayoría absoluta- que establecía la prescripción tomando en cuenta la pena impuesta en la sentencia, había sido redactada para favorecer al señor Manuel Antonio Noriega y, de este modo, traerlo a Panamá libre e impoluto de cualquier juicio o cargo penal. Y los incautos, o los miedosos, o los ingenuos, o los asustadizos, o los demagogos y politiqueros baratos y de poca monta -por los cuales no pago ni un centavo- creyeron o quisieron creer en ello. Suprimieron este importante avance, verdadero instrumento humanizante del derecho procesal y del derecho penitenciario, bueno para este país dado que nos matriculábamos en las actuales corrientes vigorizantes del Derecho Penal en materia de prescripción -Cfr. Código Penal para el Estado de Sinaloa-México- y establecieron que la prescripción de la pena se da en un término máximo de hasta 30 años.
Ojalá estos señores, los impolutos, los escribas y fariseos de la juridicidad patria nunca se encuentren en un proceso punitivo, y que resultando condenados recuerden con nostalgia la buena norma que se había redactado para una sociedad que da muestra de su propia decadencia, egoísmo y perversidad del intelecto.
Como las cosas que se escriben sí quedan para la historia, yo he escrito estas líneas para mis hijos e hijas, y para todo aquel que se quiera sumar a la seriedad del intelecto, salvando así el voto de mi responsabilidad histórica de unas reformas penales que pudieron haber cambiado el actual estado de cosas. ¡Dios bendiga a la Patria!
abog27172010@hotmail.com
