De todo un poco
Se ha dejado entrever a la opinión pública una presunta negociación entre los EE.UU. y Panamá sobre el llamado convenio "Derecho de Fuerzas Visitantes". Sin embargo han surgido declaraciones del Viceministro encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de que "el acuerdo sobre no está siendo considerado por Panamá, ya que no se ajusta a la realidad nacional y porque en este país no hay militares. Es hora de que se entienda que la propuesta sobre no es un tema de consideración de parte de la Cancillería panameña. Nosotros hemos comunicado al Embajador Norteamericano y al Departamento de Estado que esa propuesta no es aceptable para nosotros. No me parece que el término aplica a Panamá porque aquí no tenemos ejército; entonces cómo puede haber un acuerdo de si no hay una fuerza militar acá", concluyó afirmando el Vicecanciller, según lo dado a conocer por algunos medios.
Posteriormente, en el diario La Estrella de Panamá, salió publicado el día 1 de Agosto, en la primera plana, a seis columnas, pronunciamiento del Vicecanciller que da fe ante la ciudadanía de que "cualquier acuerdo que se firme con Estados Unidos u otro país en los próximos años de la Presidenta de la República, será debidamente consultado y consensuado con el pueblo panameño."
Es asombroso cómo se pretende jugar con la opinión pública. La excusa dada por el Vicecanciller nos parece la más cándida, por decir lo menos. Poco importa el nombre que se le dé al instrumento, lo que interesa es el contenido y éste se ha mantenido en estricto secreto a la ciudadanía. ¿Cuándo se le consultará a la ciudadanía? El pueblo cuestiona la visión de país de los gobernantes, sobre todo en la forma como se han manejado las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Es muy fácil hablar de "soberanía" cuando hay cómo comer, pero la falta de circulante, producto de la ida de los norteamericanos del suelo patrio, está facturando hambruna al país.
En el documento conocido como "Compromiso para el cambio" -plan de gobierno de esta administración- se dice en la pag. 28 que " Los objetivos de política exterior del Estado deben ser del dominio Público" y no creemos que en este caso se esté dando fiel cumplimiento a ese enunciado.
Además, eso de que el pueblo será plenamente consensuado y consultado resulta, a la larga, pura paja. Se termina procediendo de acuerdo con los intereses de las elites. Y después nos llenamos la boca hablando de democracia. Si de veras se desea saber la opinión del pueblo, debe recurrirse a un plebiscito donde realmente se verá reflejada su voluntad y no apelar a triquiñuelas que todos ya conocemos. ¡Cumplan su palabra! Un gobierno que no cumple con lo prometido es un gobierno ilegítimo.
Este gobierno parece haber acuñado la frase "caso cerrado" para todo lo que concierne a peticiones del pueblo. Pero cuando se trata de sus intereses, entonces hablan de que "nada está escrito sobre piedra", para denotar de que son amplios y abiertos.
El asunto del salario mínimo es uno de esos "casos cerrados" para el gobierno. ¡Ah!, pero si de sus salarios se trata, entonces "nada está escrito sobre piedra". Así vemos cómo al pueblo se le incrementa el salario en centavos, justo lo necesario para que según ellos pueda vivir, pero lo que no dicen es qué clase de vida y con qué limitaciones. Sin embargo ellos sí tienen derecho a vivir y disfrutar de todos los placeres de la vida. Al pueblo le exigen privaciones y para ellos no hay limitaciones.
Cuando el Gobierno Nacional anunció el aumento del salario mínimo a la cantidad de B/s. 253.00 al mes, pidió a los empresarios que no trasladen el aumento del salario mínimo a los productos de la canasta básica familiar. No sé realmente qué piensan los del gobierno. Los empresarios en Panamá han denotado una avidez insólita en lo que a lucrar se refiere y esperar que cumplan con lo requerido por el Gobierno Nacional, sólo los idiotas le conceden crédito.
Los empresarios nacionales cuando se rebajaron los aranceles, en vez de abaratar sus productos los encarecieron aun más, protegidos por el gobierno pasado que no hizo absolutamente nada para detener el avasallamiento empresarial. El Gobierno Nacional lo que tiene que hacer, aun cuando las IFIs se muestren contrarias, es el restablecimiento de la Oficina de Regulación de Precios, aunque sea por un período de dos años, para cesar el ímpetu alcista existente y poner orden en la casa. El empresariado panameño no tiene el grado de conciencia humana necesaria, ni tampoco existe la competencia real necesaria para que se dé la libre oferta y demanda. Además, en lo que atañe a la Canasta Básica Familiar, no existe la tal "libre demanda", pues se trata de productos alimenticios básicos sin los que el ser humano difícilmente puede subsistir y por ello se ve sometido a pagar lo que sea para su adquisición.
Posteriormente, en el diario La Estrella de Panamá, salió publicado el día 1 de Agosto, en la primera plana, a seis columnas, pronunciamiento del Vicecanciller que da fe ante la ciudadanía de que "cualquier acuerdo que se firme con Estados Unidos u otro país en los próximos años de la Presidenta de la República, será debidamente consultado y consensuado con el pueblo panameño."
Es asombroso cómo se pretende jugar con la opinión pública. La excusa dada por el Vicecanciller nos parece la más cándida, por decir lo menos. Poco importa el nombre que se le dé al instrumento, lo que interesa es el contenido y éste se ha mantenido en estricto secreto a la ciudadanía. ¿Cuándo se le consultará a la ciudadanía? El pueblo cuestiona la visión de país de los gobernantes, sobre todo en la forma como se han manejado las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Es muy fácil hablar de "soberanía" cuando hay cómo comer, pero la falta de circulante, producto de la ida de los norteamericanos del suelo patrio, está facturando hambruna al país.
En el documento conocido como "Compromiso para el cambio" -plan de gobierno de esta administración- se dice en la pag. 28 que " Los objetivos de política exterior del Estado deben ser del dominio Público" y no creemos que en este caso se esté dando fiel cumplimiento a ese enunciado.
Además, eso de que el pueblo será plenamente consensuado y consultado resulta, a la larga, pura paja. Se termina procediendo de acuerdo con los intereses de las elites. Y después nos llenamos la boca hablando de democracia. Si de veras se desea saber la opinión del pueblo, debe recurrirse a un plebiscito donde realmente se verá reflejada su voluntad y no apelar a triquiñuelas que todos ya conocemos. ¡Cumplan su palabra! Un gobierno que no cumple con lo prometido es un gobierno ilegítimo.
Este gobierno parece haber acuñado la frase "caso cerrado" para todo lo que concierne a peticiones del pueblo. Pero cuando se trata de sus intereses, entonces hablan de que "nada está escrito sobre piedra", para denotar de que son amplios y abiertos.
El asunto del salario mínimo es uno de esos "casos cerrados" para el gobierno. ¡Ah!, pero si de sus salarios se trata, entonces "nada está escrito sobre piedra". Así vemos cómo al pueblo se le incrementa el salario en centavos, justo lo necesario para que según ellos pueda vivir, pero lo que no dicen es qué clase de vida y con qué limitaciones. Sin embargo ellos sí tienen derecho a vivir y disfrutar de todos los placeres de la vida. Al pueblo le exigen privaciones y para ellos no hay limitaciones.
Cuando el Gobierno Nacional anunció el aumento del salario mínimo a la cantidad de B/s. 253.00 al mes, pidió a los empresarios que no trasladen el aumento del salario mínimo a los productos de la canasta básica familiar. No sé realmente qué piensan los del gobierno. Los empresarios en Panamá han denotado una avidez insólita en lo que a lucrar se refiere y esperar que cumplan con lo requerido por el Gobierno Nacional, sólo los idiotas le conceden crédito.
Los empresarios nacionales cuando se rebajaron los aranceles, en vez de abaratar sus productos los encarecieron aun más, protegidos por el gobierno pasado que no hizo absolutamente nada para detener el avasallamiento empresarial. El Gobierno Nacional lo que tiene que hacer, aun cuando las IFIs se muestren contrarias, es el restablecimiento de la Oficina de Regulación de Precios, aunque sea por un período de dos años, para cesar el ímpetu alcista existente y poner orden en la casa. El empresariado panameño no tiene el grado de conciencia humana necesaria, ni tampoco existe la competencia real necesaria para que se dé la libre oferta y demanda. Además, en lo que atañe a la Canasta Básica Familiar, no existe la tal "libre demanda", pues se trata de productos alimenticios básicos sin los que el ser humano difícilmente puede subsistir y por ello se ve sometido a pagar lo que sea para su adquisición.
