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De togas y de salas


LEJOS ESTÁN LOS rectores del Organo Judicial de imaginar la indignación que ha despertado -entre amplios sectores de la opinión pública- la desacertada y ridícula decisión de instituir el uso obligatorio de la toga argumentando que "les daría mayor solemnidad y realce a diversos actos y ceremoniales".
Sin duda, la justificación esgrimida para imponer la toga a todos los que administran justicia en la República, es mucho más ridícula que la toga misma. Llegar a la conclusión de que: "el uso de la toga coadyuva a destacar aún más las virtudes más excelsas de los profesionales del derecho" o afirmar que "es importante comprender que la dignidad y solemnidad de los actos judiciales compromete en Buena medida el respeto a los ciudadanos y a la función que ejerce el juez", nos lleva directamente a constatar cuan alejados están de nuestra realidad los integrante de la Corte Suprema de Justicia y, con ellos, aquellos integrantes o voceros de organizaciones de ciudadanos que han optado por guardar silencio ante este nuevo insulto a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
El uso de la toga por parte de los jueces, fiscales, magistrados, etc., vendría a aumentar la brecha existente en los estrados entre el ciudadano que busca justicia y quienes dicen administrarla.
El por qué de la toga ahora, es un síntoma de la degradación creciente que se produce en la administración de justicia dónde la morosidad, la corrupción, el desgreño, la ausencia de independencia y de autonomía, y la politiquería, han pisoteado cualquier esperanza de justicia.
Coincidimos con la responsable de Alianza Ciudada por la Justicia cuando afirma con razón: "Necesitamos un sistema de control ético de éstos funcionarios para que respondan ante la ley por infracción de delitos y de las normas éticas del Código Judicial". Me temo que como es a eso que le huyen, pretenden con la toga obligatoria intimidar el clamor popular por una verdadera administración de justicia.
Pero la cosa no termina allí, pues nuevamente ponen a rodar la falacia de que "debe crearse la Sala Quinta para resolver la mora judicial". Sin embargo, es un hecho notorio que la verdadera motivación surge de la creciente preocupación que prevalece en el Ejecutivo luego de la designación -por parte de los magistrados de la Corte Suprema- del Fiscal General Electoral como Magistrado del Tribunal Electoral.
El autoritarismo presidencialista por controlar aún más de lo que ya controla al Organo Judicial, lo ha llevado a querer acelerar la creación de una anómala Sala que, como bien supo acotar en su momento, el constitucionalista César Quintero: "no resolverá la morosidad judicial, más bien la agravará. Pero puede ser la última gota que colme y resquebraje el aparato de nuestra onerosa y desequilibrada administración de justicia". (La proyectada Sala Quinta, César Quintero, La Prensa, 5 de abril de 1999).
Por su parte, el ex presidente Guillermo Endara, en comunicado hecho público, ha manifestado que: "De ser ciertas estas maquinaciones y de llegar a concretarlas en un trasnochado y sorpresivo proyecto de ley de última hora, el Presidente Martín Torrijos estará en capacidad de nombrar de inmediato a tres nuevos Magistrados en la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, quedará en evidencia que su real intención no es una candorosa o sincera preocupación por la defensa de derechos fundamentales que consagra la Constitución Política mediante la creación de una nueva Sala, sino la de controlar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia al poder contar, mediante este subterfugio, con una clara mayoría de Magistrados evidentemente dispuestos a plegarse a sus intereses políticos del momento. El resultado será un aún mayor deterioro de la confianza que necesita a gritos una institución cuya credibilidad se encuentra tan menguada y en entredicho".
Hacemos nuevamente nuestras las prudentes y sabias palabras del Doctor César Quintero, cuando nos alertaba en El Panamá América del 15 de noviembre de 2000, que: "Como tantas veces he dicho, nuestra Corte Suprema no solo está recargada de funciones, sino también de potestades. Lo cierto es que esa Corte tiene un exceso de facultades, tanto jurisdiccionales, como administrativas y hasta políticas. Por ello, la jurisdicción constitucional, que es en cierto modo política, no debe ser adscrita a una Sala de la Corte Suprema, ni siquiera a ella en pleno. Dicha jurisdicción debe ser atribuida a una Corte Constitucional de no menos de cinco magistrados especializados. Entiéndase bien Corte Constitucional, separada de la justicia ordinaria. Por tanto no debe hablarse de Tribunal Constitucional y mucho menos de Sala Constitucional".
Existen convenios entre las aerolíneas y agencias de viajes para que los turistas realicen sus compras en Multiplaza, Centro Comercial El Dorado, Multi Centro, Los Pueblos, Vía España y Albrook.
Alcibiades Ávila, subjefe de la División de Delitos Contra el Patrimonio de la Policía Técnica Judicial (PTJ), explicó a Panamá América que para estas fechas se disparan los actos delictivos, por lo tanto los operativos se redoblan.
"Tanto la Policía Nacional como la PTJ, ponen en las calles muchos más agentes para garantizarle seguridad a las personas al momento de realizar sus compras de fin de año", expresó.
Precisamente no caer en las garras de los delincuentes se recomienda evitar llevar joyas y mucho dinero en efectivo para no llamar la atención, no llevar niños a los centros comerciales, de no tener otra opción, vígilelos muy de cerca.
Además, evite que desconocidos le propongan transacciones en la calle, ya que puede tratarse del "paquetazo".
Cuando se dirija al banco a realizar las transacciones navideñas, procure ir acompañado de una persona de confianza y muy importante, no cuente su dinero en público.
Utilice distintas vías de acceso a su casa, ya sea a pie o en vehículo.
Las autoridades piden también que se tenga cuidado con el lugar en que se estaciona.
Es fundamental comprar sólo lo necesario.

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