De Torquemada, Santa Inquisición y La DRP
La Contraloría General de la República tiene entre las funciones constitucionales y legales juzgar las cuentas de los funcionarios de manejo, tal como lo indica la Carta Magna en su artículo 276. Como resultado de esta disposición, se crea la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), la cual actúa como homólogo de los tribunales de cuentas existentes en otros países. Su creación data del año 1990, con posterioridad a la invasión, y desde esa fecha hemos observado el inicio, y no conclusión, de una serie de procesos por responsabilidad patrimonial seguidos a muchos ex funcionarios y particulares involucrados quienes, en un momento dado, depredaron los bienes y dineros a ellos confiados.
Sin embargo, hasta la fecha, no tengo conocimiento, y no se ha informado, si algunos de estos procesos han concluido satisfactoriamente con la restitución al Estado de los bienes que le han sido birlados.
No obstante, hemos observado en los últimos días la polémica surgida entre el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y el contralor Alvin Weeden, quienes han llenado los medios de insultos, epítetos fuertes y muchos calificativos rojos, los cuales no merecen nuestra atención. Lo que nos mantiene aprensivos es que un caso que debe ventilarse, desarrollarse y concluirse con la imposición de sanciones, se haya tomado como bandera política tratando de estigmatizar con ello a todos los involucrados. Adicionalmente, el mismo no encuentra respuesta a múltiples interrogantes, tales como: ¿Por qué hasta ahora se viene a realizar esta investigación cuando han transcurrido más de cinco años de la salida de Pérez Balladares como presidente? ¿Por qué ahora se ventila en los medios de comunicación este caso, cuando estamos en plena campaña electoral? ¿Por qué no se han publicitado los otros procesos que gestionan a nivel de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con la misma envergadura que éste? ¿Por qué sólo se han investigado a los miembros de un partido en especial?
Soy del criterio de que quien la debe, tiene que pagarla; quien le sustrajo bienes al Estado, quien festinó de nuestro dinero recaudado en impuestos, tazas y derechos tiene la obligación de asumir su responsabilidad y devolver lo sustraído.
Lo que es censurable es que este “Tribunal de Cuentas” trate de ser convertido en un “Tribunal de Inquisición”, con su Torquemada incluido, y lleve a cabo una cacería de brujas con el único norte de de dañar la imagen de un partido a pocos meses de llevarse a cabo la fiesta electoral.
Si esta investigación se hubiera hecho con anticipación, a pocos meses de haberse separado Pérez Balladares como presidente, estoy seguro que no se hubiese visto con la misma óptica como en estos momentos está siendo seguida por muchos de nosotros.
Sin embargo, hasta la fecha, no tengo conocimiento, y no se ha informado, si algunos de estos procesos han concluido satisfactoriamente con la restitución al Estado de los bienes que le han sido birlados.
No obstante, hemos observado en los últimos días la polémica surgida entre el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y el contralor Alvin Weeden, quienes han llenado los medios de insultos, epítetos fuertes y muchos calificativos rojos, los cuales no merecen nuestra atención. Lo que nos mantiene aprensivos es que un caso que debe ventilarse, desarrollarse y concluirse con la imposición de sanciones, se haya tomado como bandera política tratando de estigmatizar con ello a todos los involucrados. Adicionalmente, el mismo no encuentra respuesta a múltiples interrogantes, tales como: ¿Por qué hasta ahora se viene a realizar esta investigación cuando han transcurrido más de cinco años de la salida de Pérez Balladares como presidente? ¿Por qué ahora se ventila en los medios de comunicación este caso, cuando estamos en plena campaña electoral? ¿Por qué no se han publicitado los otros procesos que gestionan a nivel de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con la misma envergadura que éste? ¿Por qué sólo se han investigado a los miembros de un partido en especial?
Soy del criterio de que quien la debe, tiene que pagarla; quien le sustrajo bienes al Estado, quien festinó de nuestro dinero recaudado en impuestos, tazas y derechos tiene la obligación de asumir su responsabilidad y devolver lo sustraído.
Lo que es censurable es que este “Tribunal de Cuentas” trate de ser convertido en un “Tribunal de Inquisición”, con su Torquemada incluido, y lleve a cabo una cacería de brujas con el único norte de de dañar la imagen de un partido a pocos meses de llevarse a cabo la fiesta electoral.
Si esta investigación se hubiera hecho con anticipación, a pocos meses de haberse separado Pérez Balladares como presidente, estoy seguro que no se hubiese visto con la misma óptica como en estos momentos está siendo seguida por muchos de nosotros.
