De tránsfugas, facultades extraordinarias y reelección
"Hace cincuenta años, los políticos en el mundo en desarrollo querían poderes extraordinarios para poner en ejecución las doctrinas económicas entonces a la moda, como la nacionalización de las industrias. Hoy en día sus sucesores quieren poderes similares para privatizar esas mismas industrias. La justificación de Menem para sus métodos es que se necesitan desesperadamente para poner en práctica reformas económicas duras... Fujimori formula argumentos similares. Las instituciones crediticias, tales el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han sido favorables a estos reclamos, y el mercado de bonos ha sido positivamente exuberante. Pero salvo en emergencias como la guerra, los métodos liberales son incompatibles a la larga con finalidades liberales".
Así se expresa Fareed Zakaria, en su artículo "El surgimiento de la democracia liberal", publicado en el número de noviembre-diciembre de 1997 de la revista Foreign Affair. En marzo del año pasado, al analizar el intento de reelección presidencial, coincidí con este planteamiento al señalar que el Poder Ejecutivo se ha convertido en el principal agente de cambios económicos neoliberales y que el caudillismo presidencialista tradicional se ha revestido de un economicismo tecnocrático. Advertí que se recurría entonces a la reelección a costas de la necesidad de fortalecer un gobierno de leyes, la participación y el Poder Legislativo.
El artículo de Zakaria analiza el sistema político que genera este hecho. El caso panameño se ubica así en un contexto más amplio, que vale la pena ahondar.
Zakaria precisa que la democracia es en su esencia un proceso para la selección del gobierno, a través de elecciones libres, pluralistas y competitivas. Por su parte el constitucionalismo "liberal", entendido este término con referencia al respeto por las libertades individuales y públicas, tiene que ver con las finalidades del gobierno, los derechos humanos, la igualdad bajo la ley, la distinción entre la Iglesia y el Estado, etc. Estas dos dimensiones pueden darse juntas en la democracia constitucional liberal. Pero pueden separarse, ya sea en la autocracia liberal, como por ejemplo bajo el imperio Austro-Húngaro o bajo Inglaterra en Hong Kong, ya sea en la democracia liberal, como se está dando en diversos países de Africa, Asia e incluso de nuestra América Latina.
La democracia por sí sola acumula, poder público a base de una mayoría electoral. En ella el Ejecutivo tiende a usurpar poder horizontalmente de los otros Organos del Estado y verticalmente de los gobiernos regionales o locales. Por lo contrario, el constitucionalismo liberal se concentra en limitar el poder público a favor de la autonomía y la dignidad del individuo.
Esta usurpación es frecuente en América Latina, donde el sistema político, según Zakaria, "produce dirigentes fuertes que creen que hablan por el pueblo- aun cuando han sido elegidos por una simple pluralidad... Los Presidentes nombran Gabinetes de sus amigotes (cronles), en vez de nombrar figuras relevantes de partido, manteniendo pocos controles internos sobre su poder. Y cuando sus puntos de vista entran en conflicto con los del Legislativo, o incluso con los Tribunales, los Presidentes "recurren a la Nación", ahorrándose las monótonas tareas de negociar y construir coaliciones". Confunden así la necesidad de un gobierno legítimo con la de uno fuerte, cuando el primero puede mantener el orden y poner en práctica políticas duras, aunque tenga que hacerlo despacio, a través precisamente de coaliciones.
Este análisis nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en Panamá. Bajo la Presidencia de Pérez Balladares, nuestra democracia se está tornando liberal, gracias a una subordinación de los otros Organos del Estado y el desarrollo de centros de poder económico allegados al Presidente. Como resultado se da en la sociedad civil, entre los comunicadores sociales, los propietarios de medios, el empresariado y la dirigencia social del país, una actitud de auto-inhibición que es producto de la cautela y hasta el temor frente al poder omnímodo del Ejecutivo.
Debemos tomar nota de dos hechos más que agudizan esta situación. En primer lugar, el Ejecutivo intenta sistemáticamente dislocar las estructuras partidarias opositoras, a través de la instigación de tránsfugas. No negocia con partidos de oposición proyectos de una agenda de Estado. Con ello lograría algunos de sus objetivos nacionales, pero al mismo tiempo reconocería la vigencia y conveniencia de que exista una oposición consistente como alternativa, con la consecuente restricción de su propio poder. Prefiere, por lo contrario, sonsacar individuos de partidos opositores, ofreciéndoles canonjías actuales o eventuales, aunque en el proceso los desprestigie como oportunistas. Pretende de este modo debilitar a dichos partidos para quedarse en el usufructo el más exclusivo posible del poder público y poder imponer sectariamente sus políticas económicas sin necesidad de negociación alguna y menos aún de concertación real.
Esta actitud contrasta con la del Gobierno anterior. A pesar de toda su complicidad con la dictadura y con las violaciones de los derechos humanos, no se intentó colocar al PRD fuera de la Ley ni destruirlo políticamente. Se le reconocieron las curules legislativas que había obtenido y pudo reconstituirse en franca oposición. Incluso se incluyeron sus representantes en las Comisiones Presidenciales sobre la ARI y el Canal. Se puso en práctica una democracia constitucionalista incluyente.
Otro hecho merece atención: el recurso del Ejecutivo por tercera vez consecutiva al numeral 16 del artículo 153 de la Constitución, para obtener facultades extraordinarias. Se reservan para el Ejecutivo materias importantes, especialmente económicas, que debieran ser discutidas por la Asamblea en sesiones ordinarias o extraordinarias. Se ejercen estas facultades al mismo tiempo y se convoca la Asamblea a sesiones extraordinarias, irrespetando la norma constitucional de que tales facultades "serán ejercidas durante el receso de la Asamblea Legislativa". Y también se desconoce la norma constitucional de que todo Decreto-Ley producto de estas facultades "deberá ser sometido al Organo Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente".
Se demuestra una desconfianza en su propia mayoría legislativa y un desprecio por el Organo que nuestra Constitución menciona en primer lugar al estipular que el Poder Público sólo emana del pueblo. La base de la política económica se torna precaria, porque no se fundamenta en decisiones tomadas a través de instituciones que se contrapesan y teniendo en cuenta la alternabilidad en el poder.
Los tránsfugas y las facultades extraordinarias agudizan la tendencia hacia una democracia liberal. Esta culmina por ahora con el intento de la reelección presidencial, que todos los tránsfugas deben acuerpar. Inestable, propensa a la corrupción y socialmente insensible, la democracia liberal termina comprometiendo las políticas económicas que le sirven de pretexto. Lo que sucede en Asia demuestra que no se puede asentar una política económica exitosa en el poder de un Ejecutivo autoritario que se perpetúa. Debiéramos aprender del error de otros, para no repetirlo nosotros.
Así se expresa Fareed Zakaria, en su artículo "El surgimiento de la democracia liberal", publicado en el número de noviembre-diciembre de 1997 de la revista Foreign Affair. En marzo del año pasado, al analizar el intento de reelección presidencial, coincidí con este planteamiento al señalar que el Poder Ejecutivo se ha convertido en el principal agente de cambios económicos neoliberales y que el caudillismo presidencialista tradicional se ha revestido de un economicismo tecnocrático. Advertí que se recurría entonces a la reelección a costas de la necesidad de fortalecer un gobierno de leyes, la participación y el Poder Legislativo.
El artículo de Zakaria analiza el sistema político que genera este hecho. El caso panameño se ubica así en un contexto más amplio, que vale la pena ahondar.
Zakaria precisa que la democracia es en su esencia un proceso para la selección del gobierno, a través de elecciones libres, pluralistas y competitivas. Por su parte el constitucionalismo "liberal", entendido este término con referencia al respeto por las libertades individuales y públicas, tiene que ver con las finalidades del gobierno, los derechos humanos, la igualdad bajo la ley, la distinción entre la Iglesia y el Estado, etc. Estas dos dimensiones pueden darse juntas en la democracia constitucional liberal. Pero pueden separarse, ya sea en la autocracia liberal, como por ejemplo bajo el imperio Austro-Húngaro o bajo Inglaterra en Hong Kong, ya sea en la democracia liberal, como se está dando en diversos países de Africa, Asia e incluso de nuestra América Latina.
La democracia por sí sola acumula, poder público a base de una mayoría electoral. En ella el Ejecutivo tiende a usurpar poder horizontalmente de los otros Organos del Estado y verticalmente de los gobiernos regionales o locales. Por lo contrario, el constitucionalismo liberal se concentra en limitar el poder público a favor de la autonomía y la dignidad del individuo.
Esta usurpación es frecuente en América Latina, donde el sistema político, según Zakaria, "produce dirigentes fuertes que creen que hablan por el pueblo- aun cuando han sido elegidos por una simple pluralidad... Los Presidentes nombran Gabinetes de sus amigotes (cronles), en vez de nombrar figuras relevantes de partido, manteniendo pocos controles internos sobre su poder. Y cuando sus puntos de vista entran en conflicto con los del Legislativo, o incluso con los Tribunales, los Presidentes "recurren a la Nación", ahorrándose las monótonas tareas de negociar y construir coaliciones". Confunden así la necesidad de un gobierno legítimo con la de uno fuerte, cuando el primero puede mantener el orden y poner en práctica políticas duras, aunque tenga que hacerlo despacio, a través precisamente de coaliciones.
Este análisis nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en Panamá. Bajo la Presidencia de Pérez Balladares, nuestra democracia se está tornando liberal, gracias a una subordinación de los otros Organos del Estado y el desarrollo de centros de poder económico allegados al Presidente. Como resultado se da en la sociedad civil, entre los comunicadores sociales, los propietarios de medios, el empresariado y la dirigencia social del país, una actitud de auto-inhibición que es producto de la cautela y hasta el temor frente al poder omnímodo del Ejecutivo.
Debemos tomar nota de dos hechos más que agudizan esta situación. En primer lugar, el Ejecutivo intenta sistemáticamente dislocar las estructuras partidarias opositoras, a través de la instigación de tránsfugas. No negocia con partidos de oposición proyectos de una agenda de Estado. Con ello lograría algunos de sus objetivos nacionales, pero al mismo tiempo reconocería la vigencia y conveniencia de que exista una oposición consistente como alternativa, con la consecuente restricción de su propio poder. Prefiere, por lo contrario, sonsacar individuos de partidos opositores, ofreciéndoles canonjías actuales o eventuales, aunque en el proceso los desprestigie como oportunistas. Pretende de este modo debilitar a dichos partidos para quedarse en el usufructo el más exclusivo posible del poder público y poder imponer sectariamente sus políticas económicas sin necesidad de negociación alguna y menos aún de concertación real.
Esta actitud contrasta con la del Gobierno anterior. A pesar de toda su complicidad con la dictadura y con las violaciones de los derechos humanos, no se intentó colocar al PRD fuera de la Ley ni destruirlo políticamente. Se le reconocieron las curules legislativas que había obtenido y pudo reconstituirse en franca oposición. Incluso se incluyeron sus representantes en las Comisiones Presidenciales sobre la ARI y el Canal. Se puso en práctica una democracia constitucionalista incluyente.
Otro hecho merece atención: el recurso del Ejecutivo por tercera vez consecutiva al numeral 16 del artículo 153 de la Constitución, para obtener facultades extraordinarias. Se reservan para el Ejecutivo materias importantes, especialmente económicas, que debieran ser discutidas por la Asamblea en sesiones ordinarias o extraordinarias. Se ejercen estas facultades al mismo tiempo y se convoca la Asamblea a sesiones extraordinarias, irrespetando la norma constitucional de que tales facultades "serán ejercidas durante el receso de la Asamblea Legislativa". Y también se desconoce la norma constitucional de que todo Decreto-Ley producto de estas facultades "deberá ser sometido al Organo Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente".
Se demuestra una desconfianza en su propia mayoría legislativa y un desprecio por el Organo que nuestra Constitución menciona en primer lugar al estipular que el Poder Público sólo emana del pueblo. La base de la política económica se torna precaria, porque no se fundamenta en decisiones tomadas a través de instituciones que se contrapesan y teniendo en cuenta la alternabilidad en el poder.
Los tránsfugas y las facultades extraordinarias agudizan la tendencia hacia una democracia liberal. Esta culmina por ahora con el intento de la reelección presidencial, que todos los tránsfugas deben acuerpar. Inestable, propensa a la corrupción y socialmente insensible, la democracia liberal termina comprometiendo las políticas económicas que le sirven de pretexto. Lo que sucede en Asia demuestra que no se puede asentar una política económica exitosa en el poder de un Ejecutivo autoritario que se perpetúa. Debiéramos aprender del error de otros, para no repetirlo nosotros.
