¿Debate? Censura y complicidad

Ni para la categoría de parodia calificó el deprimente espectáculo, propio de un circo de mala muerte, que brindaron los precandidatos que se atribuyen las mejores posibilidades de ganar las elecciones primarias del partido de "la patria nueva y las marrullerías viejas".

Hace apenas unos meses, la dirigencia perredista se jactaba de que su problema no era postular un candidato sino como escoger de "entre los muchísimos presidenciales" que, según ellos, podían ofrecerle al país. Al final de las cuentas, aunque 12 ó 13 se registraron para participar en sus primarias, la contienda ha quedado reducida a tres, pero en realidad a dos: Navarro y Herrera. En torno a los dos se ha partido el partido, evidenciando, por la creciente animosidad entre ellos, que su cacareada unidad es más mito que realidad.

Exceptuados los obsecuentes seguidores de cada quien, lo que vieron y oyeron aquellos que esperaban un debate entre aspirantes con nivel presidencial, ahora, espero, tendrán claro que de los tres, revueltos y mezclados, no sale ni para un proyecto de gobernante, y mucho menos de un estadista.

Execrable, por decir lo menos, son las dos monumentales metidas de pata de la flamante trilogía electoral. Por un lado, se desbocaron al censurar dos propagandas electorales, cuyo único pecado fue reproducir hechos ocurridos, tal y como ocurrieron; decir la verdad, sin ediciones ni manipulaciones. Invocar las normas del Código de la Familia, que protegen la propiedad de la imagen personal; pero con el claro propósito de impedir que a algunas figuras políticas "les asoleen su pasado" es una chapucería legal y una descarada violación de la libertad de expresión.

Quien escoge la vida pública, por la naturaleza intrínseca de la política, está expuesto a que le digan lo bueno, lo malo y lo feo. Para eso se es figura pública. Y el candidato o candidata que aspira a un cargo de elección, mientras le repitan en su exacto contexto lo que antes dijo o hizo, no cabe que pueda reclamar violación a la propiedad de su imagen. Y si el Código Electoral lo dice, es obvio que esa fue una inclusión premeditada que debe subsanarse por dos vías: Una, mediante la eliminación de esa norma, a todas luces, contraria a la lógica y el sentido común; y dos, por la renuncia de todos los candidatos y candidatas a ampararse con ella.

La segunda metida de pata del Tribunal, en la que no es solo suya la culpa, pues es más que evidente que bajo la mesa existe un acuerdo con los interesados para que no se sepa quiénes les financian sus campañas, es "la pasadera de pelota" con que han evadido responder al legítimo reclamo de la ciudadanía para que se divulguen las contribuciones electorales. "Si nos lo piden los afectados lo decimos". Pero como éstos, los candidatos, no lo pedirán, entonces las listas de los donantes, que servirían para poner en evidencia quién dio qué y porqué, nunca se harán públicas. En otras palabras, otra vez la nefasta mancuerna de la partidocracia y el Tribunal Electoral, seguirán burlándose de los electores.

Castigar esa bellaquería es sencillo: Solamente votemos por aquellos candidatos que se comprometan y cumplan con la divulgación de las listas de sus donantes.