Debate con Juan Manuel
Me sentí un tanto aludido por Juan M. Castulovich "Gobierno y cobiernos" (P. América 09/05/00), de cara a mis denuncias sobre el fraude legislativo y vicios nefastos insertos en el Código Electoral y, Constitución de los militares; cuando manifiesta que, según actuaciones que no precisó, hay sectores que parecen interpretar el veredicto electoral de forma distinta; por lo que debo asegurarle que muy lejos de interpretación subjetiva e infundada, el veredicto de los ciudadanos ha sido burlado por el Tribunal Electoral y los políticos mañosos que dirigen los nada democráticos partidos
Por otra parte, el contenido da el sabor que está defendiendo la postura del Tribunal Electoral y Consejo Nacional de Partidos, respecto al marginamiento de organizaciones de la sociedad civil, a voz volátil, en la Comisión de Reforma Electoral. En su escrito mezcla dos apreciaciones distintas, para llevarlas a una conclusión; me refiero a una presupuestada intención de cobernar de los sectores civiles que no específica y, por el otro, la pretensión de gobernantes de inmiscuirse en las funciones de otros órganos, cual es el caso de los legisladores.
Discrepo con eso de que la sociedad política se circunscribe a los partidos, en cuanto: ¿Dónde quedamos los ciudadanos que somos los principales actores de todos los procesos políticos? Contrario a su afirmación, la semántica tiene crucial importancia cuando, de su uso arbitrario, se proyectan significados que no se compadecen con la certitud; sobre el particular, nos habla de "competencia" legal entre los partidos por el poder y de aquellos que resultan "derrotados", términos que desprenden conceptos incongruentes a los procesos democráticos, en cuanto las elecciones no son lides bélicas, sino consultas donde el electorado decide entre las ofertas de candidaturas, de ninguna manera deba interpretarse que los miles de ciudadanos que no resultaron elegidos fueron derrotados, adjetivo despectivo y desmotivador. Las elecciones no son competencias de fútbol u otros, y aún el articular "derrotados" en los deportivos no resulta apropiado. Tampoco "saltar cercas", lo cual implica deslealtad con previas inclinaciones a determinadas ofertas electorales, ya que una vez elegidos y debido al pluralismo político que se desprende de la voluntad popular, los grupos políticos que gobiernan, salvedad de oportunismos personales, no pueden substraerse del consenso u oposición e, incluso de pactos de sana naturaleza.
Igualmente no estoy de acuerdo con la simple definición de gobernabilidad, cito: "como el conjunto de las condiciones que permiten a las autoridades ejercer sus funciones", en tanto no basta que unas elecciones legitimicen a los gobernantes, sino que es necesario que la gobernabilidad responda, dentro de la Constitución y las leyes, con eficacia a las demandas de los ciudadanos; por tanto, la participación ciudadana se convierte en el eje de la gobernabilidad democrática porque sin ella emergen las conmociones sociales que refiere Don Manuel.
No estoy de acuerdo con su afirmación de que solamente los partidos políticos pueden competir legalmente por el poder político, puesto que existe un sistema bíforo (que no comparto) tras la postulación libre en las municipales. Como ciudadano con derechos políticos, me niego a someterme a la pretensión exclusiva de los Magistrados del T.E. y partidos políticos de construir las normas electorales, cual parece sugerir su escrito; sencillamente, no puedo aceptar que ambos concerten acuerdos de interés mutuo que violentan la voluntad del electorado.
Por último, me opongo a las normas constitucionales, modeladas por los militares, que le han atribuido potestades absolutistas al T.E., para constituirlo en un coloso que decide todas las instancias electorales de manera definitiva, irrevocable y obligatoria. Ello ha dado lugar que los Magistrados se hayan convertido en los servidores de un almacén que tiene como clientela a un puñado de directivos de partidos. Esos poderes se destinaron a sofocar los recursos y protestas ciudadanas contra los fraudes que los gorilas instruían, pero ahora, libre de los militares, ya no son los milicos sino los Magistrados los maestros de la orquesta. Bastan las palabras del constituyente, Dr. Mario Galindo, en las actas de la reforma de 1983, las cuales confirman la necesidad de una nueva Carta Magna:
"Yo desde que me matriculé en esta Comisión, me matriculé consciente de que esta era una negociación política, y la negociación política se tiene que dar, necesariamente, entre los factores reales de poder y, uno de ellos es, definitivamente, la Guardia Nacional. Por eso me hago eco de las palabras del Comisionado Sossa, en el sentido de que hay que dar fórmulas que satisfagan, en la medida de lo posible a los factores reales del poder, y ese, es un factor real de poder.
Por otra parte, el contenido da el sabor que está defendiendo la postura del Tribunal Electoral y Consejo Nacional de Partidos, respecto al marginamiento de organizaciones de la sociedad civil, a voz volátil, en la Comisión de Reforma Electoral. En su escrito mezcla dos apreciaciones distintas, para llevarlas a una conclusión; me refiero a una presupuestada intención de cobernar de los sectores civiles que no específica y, por el otro, la pretensión de gobernantes de inmiscuirse en las funciones de otros órganos, cual es el caso de los legisladores.
Discrepo con eso de que la sociedad política se circunscribe a los partidos, en cuanto: ¿Dónde quedamos los ciudadanos que somos los principales actores de todos los procesos políticos? Contrario a su afirmación, la semántica tiene crucial importancia cuando, de su uso arbitrario, se proyectan significados que no se compadecen con la certitud; sobre el particular, nos habla de "competencia" legal entre los partidos por el poder y de aquellos que resultan "derrotados", términos que desprenden conceptos incongruentes a los procesos democráticos, en cuanto las elecciones no son lides bélicas, sino consultas donde el electorado decide entre las ofertas de candidaturas, de ninguna manera deba interpretarse que los miles de ciudadanos que no resultaron elegidos fueron derrotados, adjetivo despectivo y desmotivador. Las elecciones no son competencias de fútbol u otros, y aún el articular "derrotados" en los deportivos no resulta apropiado. Tampoco "saltar cercas", lo cual implica deslealtad con previas inclinaciones a determinadas ofertas electorales, ya que una vez elegidos y debido al pluralismo político que se desprende de la voluntad popular, los grupos políticos que gobiernan, salvedad de oportunismos personales, no pueden substraerse del consenso u oposición e, incluso de pactos de sana naturaleza.
Igualmente no estoy de acuerdo con la simple definición de gobernabilidad, cito: "como el conjunto de las condiciones que permiten a las autoridades ejercer sus funciones", en tanto no basta que unas elecciones legitimicen a los gobernantes, sino que es necesario que la gobernabilidad responda, dentro de la Constitución y las leyes, con eficacia a las demandas de los ciudadanos; por tanto, la participación ciudadana se convierte en el eje de la gobernabilidad democrática porque sin ella emergen las conmociones sociales que refiere Don Manuel.
No estoy de acuerdo con su afirmación de que solamente los partidos políticos pueden competir legalmente por el poder político, puesto que existe un sistema bíforo (que no comparto) tras la postulación libre en las municipales. Como ciudadano con derechos políticos, me niego a someterme a la pretensión exclusiva de los Magistrados del T.E. y partidos políticos de construir las normas electorales, cual parece sugerir su escrito; sencillamente, no puedo aceptar que ambos concerten acuerdos de interés mutuo que violentan la voluntad del electorado.
Por último, me opongo a las normas constitucionales, modeladas por los militares, que le han atribuido potestades absolutistas al T.E., para constituirlo en un coloso que decide todas las instancias electorales de manera definitiva, irrevocable y obligatoria. Ello ha dado lugar que los Magistrados se hayan convertido en los servidores de un almacén que tiene como clientela a un puñado de directivos de partidos. Esos poderes se destinaron a sofocar los recursos y protestas ciudadanas contra los fraudes que los gorilas instruían, pero ahora, libre de los militares, ya no son los milicos sino los Magistrados los maestros de la orquesta. Bastan las palabras del constituyente, Dr. Mario Galindo, en las actas de la reforma de 1983, las cuales confirman la necesidad de una nueva Carta Magna:
"Yo desde que me matriculé en esta Comisión, me matriculé consciente de que esta era una negociación política, y la negociación política se tiene que dar, necesariamente, entre los factores reales de poder y, uno de ellos es, definitivamente, la Guardia Nacional. Por eso me hago eco de las palabras del Comisionado Sossa, en el sentido de que hay que dar fórmulas que satisfagan, en la medida de lo posible a los factores reales del poder, y ese, es un factor real de poder.
