Debate para hoy
¿Qué pensaría usted si una persona que ha sido investigada por delitos contra la fe pública, que fue dado de baja en la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) y posteriormente fue investigada por delitos contra la salud pública diez años atrás, y en la actualidad ocupara un cargo de alta jerarquía en una organización de seguridad gubernamental?
Tal vez una de las primeras recomendaciones de un criminólogo sería remitirnos al expediente, buscar nuevas sospechas que nos lleven a concluir una repetición en la conducta del individuo, o cual fue su comportamiento fuera de prisión. Siendo fieles al principio criminológico debería imperar el derecho a una segunda oportunidad, pues muchos de los liberados prefieren mantenerse al margen y evitar regresar a prisión.
Tendríamos un caso interesante y merecedor de un análisis, que partiría como mínimo de la base ética y académica; por un lado la ciudadanía debe tener derecho a estar informada sobre quiénes ocupan los cargos públicos, con qué preparación académica cuentan para ostentar el cargo, cuáles son los requisitos que exige el mismo y cómo lo ejerce el ciudadano en cuestión, o cuáles son las razones de su superior para otorgarle el cargo. Por otra parte, sería injusto hacer consideraciones generales para sembrar la duda.
Pero agreguemos un nuevo ingrediente, digamos que en la misma institución laboran dos personas más que al igual que la primera fueron destituidos del mismo organismo de seguridad nacional, una de ellas en la misma fecha que el primero en mención. ¿Habría entonces razón para sospechar del responsable de estos nombramientos? ¿Ignora el pasado de sus subalternos? ¿Qué responsabilidad tendría el superior si alguno de ellos incurriera en un acto de corrupción a sabiendas del antecedente?
Tal vez, antes de ocupar el cargo, lo ideal sería que el o los funcionarios se sometieran a una evaluación individual de carácter psicológica clínica y criminológica para establecer su grado de peligrosidad.
Conocer el recurso humano de nuestras instituciones es un deber no solo de la ciudadanía sino de quien los emplea. Monitorear su desempeño, eficiencia, transparencia laboral, rendición de cuentas y la fiscalización, conforman una de las mayores fortalezas de nuestras entidades. Solo así, se cultiva la confianza entre gobernantes y gobernados. No obstante, situaciones como la antes descrita ocurren obviando la anuencia de la ciudadanía, un ejemplo es el hecho antes descrito.
