Decretos leyes
El presidente Torrijos no necesita facultades extraordinarias para legislar desde el Gabinete. Controla con comodidad la mayoría de los diputados nacionales quienes, además, jamás han dado muestras ni de independencia como Organo del Estado ni de voluntad de fiscalización al Ejecutivo, como lo establece la Constitución, por lo que problemas para aprobar las leyes que les dé la gana, no existen.
Los temas inherentes a la seguridad nacional y ciudadana son de gran importancia, habida cuenta el estado calamitoso en que se encuentran producto del fracaso del gobierno en dichas políticas, una promesa electoral fallida de la ex patria nueva. Por lo menos si se legislara en la Asamblea, se darían tres debates y algo se pudiera conocer y opinar, para ver si la "línea" permite modificaciones.
El enterarnos ahora de que primero se adoptarán tales decretos leyes y luego se consultarán, es insistir en la creencia de que los panameños somos tontos, por decir lo menos. No se cuál organización aceptará participar para que les informen sobre hechos cumplidos. Los temas a tratar son delicados y el hermetismo sobre los mismos los hacen sospechosos. El ministro Delgado viajó a Washington para hablar del tema, reportaron los medios, y nada sabemos de su viaje ni de su agenda. Reitera la práctica del Ejecutivo de viajar con "agendas desconocidas". La estructura militar que existe hoy alrededor de todas las instituciones de seguridad dan mala espina y yo no tengo por qué confiar en que todos esos tigres ahora son vegetarianos. Si fueran competentes en sus funciones dentro de nuestra democracia, no estuviéramos escribiendo del tema.
La Constitución Nacional en su artículo 159 (16) establece de manera clara el mecanismo a seguir cuando, por razones de necesidad -que no es el caso-, se tenga que conferir tales poderes. La obligación de someter a la Asamblea tales decretos una vez aprobados "para que legisle sobre la materia en la legislatura inmediatamente siguiente…", sería el seguro contra lo inconsulto. Pero no, la práctica ha sido contraria a la letra clarísima de la Constitución y simplemente los remiten y ya, violando la norma que no admite, por clara, adicionales interpretaciones. Sobre esto, escuché no hace mucho a un diputado oficialista decir que cuando el actual Magistrado Mitchel era asesor del Legislativo, planteó la tesis de que bastaba con que el Ejecutivo enviara los decretos leyes a la Asamblea para cumplir con el mandato constitucional de legislar sobre la materia. Definitivamente para los PRDs la Constitución es de caucho.
Lo único que esta imposición va a producir es que si la oposición es gobierno en el 2009, se deroguen esos decretos y se vuelva a legislar, previa consulta amplia y seria, sobre la materia. Si no llega, coincido en que fácilmente vamos camino a una remilitarización, con los mismos de entonces al mando, "de corazón quizás", ahora bajo el "consenso de Washington", a pesar de los errores de la historia.
