Defendamos nuestras fronteras
Hemos hecho pública nuestra posición sobre la errática conducta de los personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que, al prohijar una Declaración de condena a los hechos sangrientos perpetrados en el Club Social: El Nogal- Colombia no hicieron, también patente en ella, la denuncia de la permanente violación a nuestra frontera por parte de grupos insurgentes de la vecina nación (los paramilitares, Autodefensas Unidas), como si Colombia fuera el único Estado huérfano de la solidaridad internacional, ante los desmanes cometidos por los mismos.
En esta oportunidad, esbozaremos nuestra apreciación respecto a la manera de abordar el mismo problema, esta vez, considerando otra dimensión: la cuestión de la defensa del territorio nacional. En primer término, es indiscutible que el tema de nuestra frontera con Colombia requiere una consideración responsable, de suerte tal que la solución que le busquemos al mismo pueda ser eficiente y eficaz. Es evidente, insistir en dos aspectos cardinales. Uno, que el asunto fronterizo con Colombia entraña un tratamiento integral, que involucra todos los componentes posibles del mismo, verbigracia: políticos, económicos, militares, sociales, demográficos, ecológicos, etc. Dos, que a su vez, por su singular condición, éste se asuma como una cuestión de Estado, ello es, indistintamente de partidos políticos o gobiernos en particular, a objeto de que el tratamiento sea continuo.
Es indiscutible que uno de los componentes fundamentales de la cuestión, es el ecológico; ya que el mismo conlleva la protección de la vegetación, prohibiendo la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de los ríos que tiene lugar en esa región. Se suma a ello, otro elemento vital del problema, la exigua presencia de connacionales en esa provincia, de allí que tengamos que reconocer que desde el punto de vista demográfico, Darién, y específicamente la zona fronteriza con Colombia, impele panameñizarla.
A propósito de ello, recientemente fuimos testigos de la desesperada situación en que vive un significativo grupo de indígenas en la provincia de Chiriquí, cerca de nuestra frontera con Costa Rica, que terminó en las montañas de Coclé, en busca de tierras para cultivar, y de donde fueron expulsados. Si tal es el problema, no sólo de estos indígenas, sino de miles de campesinos nuestros en otras provincias del país, por qué entonces no considerar en firme la posibilidad de hacer de Darién su tierra prometida. Obviamente que, paralelo a ello, el Estado debe estimular el proceso económicamente y con programas específicos de colonización controlada, lo que Carmen Miró denomina como "frontera agrícola", consistente en la migración del campo hacia otras regiones de mayor potencial agrícola; es decir, el despliegue de personas hacia tal región, exactamente como en su momento los norteamericanos hicieron con el oeste del país, los rusos con Siberia, o lo brasileños con el Mato Grosso.
Sin duda, que un repoblamiento de Darién conlleva que las instituciones del Estado se tienen que hacer presentes allí, asunto que de paso constituye otra falencia o componente del problema principal que no es otro que, el que Panamá en la frontera darienita, si acaso está en el mapa. Las principales instituciones estatales deben empezar ya a hacerse presentes en el sector, al menos en lo que concierne a los servicios básicos como el agua potable, electricidad, educación, salud, aduanas, etc.
Tratando de ser eluctable el problema darienita, pasemos ahora a revisar el real leiv motiv de este escrito, como lo es, el componente de la seguridad y defensa de nuestra frontera con Colombia. De más está decir, que sobre el particular, el debate se centra en la necesidad de defender adecuadamente nuestras fronteras y la inexistencia de un cuerpo profesionalmente capacitado para hacerlo, y la condición de que expresamente nuestra Constitución prohíbe tener un ejército. Al respecto nos preguntamos, ¿acaso los costarricenses ante el mismo reto constitucional desatienden sus fronteras...? Lo dudo. La prueba más fehaciente de que ello no es así, lo constituye la permanente disputa que le presentan a los nicaragüenses (que sí cuentan con un ejército con experiencia combativa), respecto a los derechos sobre el río San Juan. En consecuencia, ¿acaso significa entonces que la Constitución panameña inhabilita a nuestro país para defender sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres? La respuesta es un ¡no! contundente. Con todo, no basta con reconocerlo, es necesario demostrarlo y para ello debemos estar preparados, y eso es precisamente de lo que adolecemos. Por lo tanto, a contribuir a su solución, es hacia adonde apunta este escrito.
En efecto, está claro que Panamá no cuenta ni con el instrumento jurídico internacional, ni con los recursos, ni el personal y los armamentos para hacerle frente a las continuas violaciones de nuestro territorio por parte de irregulares colombianos de todo signo. Se desprende de tal premisa, que es obligatorio procurarnos de la cobertura legal internacional indispensable para resguardar nuestra soberanía, de los recursos, del pie de fuerza y de las armas adecuadas que nos permitan repeler contundentemente las incursiones de cualquier grupo que intente violar nuestro territorio.
Para la cristalización de tales objetivos, nuestra patria debe plantearse sin rodeos la realización de dos acciones. La primera, consumar una condición jurídica que desde el decimonono ha sido anhelada por nuestros prohombres, como lo es, la de declarar la neutralización de todo el istmo de Panamá, de manera tal que ello nos permita sustraer cada kilómetro del territorio nacional de los conflictos armados que se desarrollan entre otros Estados, o dentro de ellos mismos, de forma permanente; es decir, tanto en tiempos de guerra, como en tiempos de paz (tal es el caso del peligro que para nosotros implica la cercanía de Colombia, que aunque no está en guerra con otro país, sí la desangra un conflicto interno que amenaza con desbordar sus fronteras, de las cuales la menos protegida es la nuestra). Tal acto se realizaría a través de la convocatoria de una conferencia internacional sobre Panamá, que concite la presencia de las principales potencias de América (Estados Unidos, Brasil, Argentina y México), de Europa (Federación de Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia), de Asia (República Popular China, Japón, India e Indonesia), de Africa (República de Sudáfrica, Nigeria y Egipto) y Australia, más los países limítrofes con el nuestro: Colombia y Costa Rica.
La razón de tal cónclave sería con el objeto de que los mismos acuerden un tratado de neutralización de la República de Panamá, exactamente igual al que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en 1955, aprobaron respecto a Austria, adoptado por este país en virtud de la Ley Constitucional del 26 de octubre de 1955. Es evidente que al tiempo que tales países se constituyen en coactores del estatuto de neutralización panameño, también asumen la condición de garantes de su cumplimiento ante violación por cualquier Estado del orbe.
La segunda acción que no es incompatible en lo absoluto con la primera, consiste en proceder lo más pronto posible a preparar el personal idóneo requerible y equiparlo con armamento moderno, propio de la tecnología militar de punta, que minimice por la calidad del armamento la cantidad de efectivos militares.
La fórmula para ello (me refiero a la preparación y dotación de dicho armamento), se debe procurar por vía de la cooperación o ayuda internacional que puedan ofrecer países que, aunque pequeños como el nuestro (aunque no exclusivamente), tales como Israel, Taiwán o Suiza, tienen vasta experiencia en razón de su muy particular condición geopolítica (estár rodeados de enemigos poderosísimos), se han visto obligados a desarrollar una modernísima defensa de su territorio, capaz de disuadir a cualquier Estado por fuerte que éste sea. En relación a lo último, indistintamente del incidente que en las Fuerzas Armadas colombianas produjo la reciente donación de aviones militares y otros equipos por parte de España, ése es justo el referente al que hacemos alusión.
Logrado lo anterior, dudo muchísimo que con una capacidad militar que utilice tecnología de punta en la defensa de nuestra frontera, los irregulares colombianos no sean disuadidos de violentar nuestra soberanía, como hoy alegremente lo hacen. Al revés, no importa de qué grupo insurgente se trate, lo cierto es que al violar nuestro territorio se expondría a una violenta represalia que, a su vez, de no ser convincente (que lo dudo) contaría ahora con el respaldo militar legal adicional de los Estados garantes del Tratado de Neutralización de la República de Panamá.
*El autor es diplomático de carrera.
En esta oportunidad, esbozaremos nuestra apreciación respecto a la manera de abordar el mismo problema, esta vez, considerando otra dimensión: la cuestión de la defensa del territorio nacional. En primer término, es indiscutible que el tema de nuestra frontera con Colombia requiere una consideración responsable, de suerte tal que la solución que le busquemos al mismo pueda ser eficiente y eficaz. Es evidente, insistir en dos aspectos cardinales. Uno, que el asunto fronterizo con Colombia entraña un tratamiento integral, que involucra todos los componentes posibles del mismo, verbigracia: políticos, económicos, militares, sociales, demográficos, ecológicos, etc. Dos, que a su vez, por su singular condición, éste se asuma como una cuestión de Estado, ello es, indistintamente de partidos políticos o gobiernos en particular, a objeto de que el tratamiento sea continuo.
Es indiscutible que uno de los componentes fundamentales de la cuestión, es el ecológico; ya que el mismo conlleva la protección de la vegetación, prohibiendo la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de los ríos que tiene lugar en esa región. Se suma a ello, otro elemento vital del problema, la exigua presencia de connacionales en esa provincia, de allí que tengamos que reconocer que desde el punto de vista demográfico, Darién, y específicamente la zona fronteriza con Colombia, impele panameñizarla.
A propósito de ello, recientemente fuimos testigos de la desesperada situación en que vive un significativo grupo de indígenas en la provincia de Chiriquí, cerca de nuestra frontera con Costa Rica, que terminó en las montañas de Coclé, en busca de tierras para cultivar, y de donde fueron expulsados. Si tal es el problema, no sólo de estos indígenas, sino de miles de campesinos nuestros en otras provincias del país, por qué entonces no considerar en firme la posibilidad de hacer de Darién su tierra prometida. Obviamente que, paralelo a ello, el Estado debe estimular el proceso económicamente y con programas específicos de colonización controlada, lo que Carmen Miró denomina como "frontera agrícola", consistente en la migración del campo hacia otras regiones de mayor potencial agrícola; es decir, el despliegue de personas hacia tal región, exactamente como en su momento los norteamericanos hicieron con el oeste del país, los rusos con Siberia, o lo brasileños con el Mato Grosso.
Sin duda, que un repoblamiento de Darién conlleva que las instituciones del Estado se tienen que hacer presentes allí, asunto que de paso constituye otra falencia o componente del problema principal que no es otro que, el que Panamá en la frontera darienita, si acaso está en el mapa. Las principales instituciones estatales deben empezar ya a hacerse presentes en el sector, al menos en lo que concierne a los servicios básicos como el agua potable, electricidad, educación, salud, aduanas, etc.
Tratando de ser eluctable el problema darienita, pasemos ahora a revisar el real leiv motiv de este escrito, como lo es, el componente de la seguridad y defensa de nuestra frontera con Colombia. De más está decir, que sobre el particular, el debate se centra en la necesidad de defender adecuadamente nuestras fronteras y la inexistencia de un cuerpo profesionalmente capacitado para hacerlo, y la condición de que expresamente nuestra Constitución prohíbe tener un ejército. Al respecto nos preguntamos, ¿acaso los costarricenses ante el mismo reto constitucional desatienden sus fronteras...? Lo dudo. La prueba más fehaciente de que ello no es así, lo constituye la permanente disputa que le presentan a los nicaragüenses (que sí cuentan con un ejército con experiencia combativa), respecto a los derechos sobre el río San Juan. En consecuencia, ¿acaso significa entonces que la Constitución panameña inhabilita a nuestro país para defender sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres? La respuesta es un ¡no! contundente. Con todo, no basta con reconocerlo, es necesario demostrarlo y para ello debemos estar preparados, y eso es precisamente de lo que adolecemos. Por lo tanto, a contribuir a su solución, es hacia adonde apunta este escrito.
En efecto, está claro que Panamá no cuenta ni con el instrumento jurídico internacional, ni con los recursos, ni el personal y los armamentos para hacerle frente a las continuas violaciones de nuestro territorio por parte de irregulares colombianos de todo signo. Se desprende de tal premisa, que es obligatorio procurarnos de la cobertura legal internacional indispensable para resguardar nuestra soberanía, de los recursos, del pie de fuerza y de las armas adecuadas que nos permitan repeler contundentemente las incursiones de cualquier grupo que intente violar nuestro territorio.
Para la cristalización de tales objetivos, nuestra patria debe plantearse sin rodeos la realización de dos acciones. La primera, consumar una condición jurídica que desde el decimonono ha sido anhelada por nuestros prohombres, como lo es, la de declarar la neutralización de todo el istmo de Panamá, de manera tal que ello nos permita sustraer cada kilómetro del territorio nacional de los conflictos armados que se desarrollan entre otros Estados, o dentro de ellos mismos, de forma permanente; es decir, tanto en tiempos de guerra, como en tiempos de paz (tal es el caso del peligro que para nosotros implica la cercanía de Colombia, que aunque no está en guerra con otro país, sí la desangra un conflicto interno que amenaza con desbordar sus fronteras, de las cuales la menos protegida es la nuestra). Tal acto se realizaría a través de la convocatoria de una conferencia internacional sobre Panamá, que concite la presencia de las principales potencias de América (Estados Unidos, Brasil, Argentina y México), de Europa (Federación de Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia), de Asia (República Popular China, Japón, India e Indonesia), de Africa (República de Sudáfrica, Nigeria y Egipto) y Australia, más los países limítrofes con el nuestro: Colombia y Costa Rica.
La razón de tal cónclave sería con el objeto de que los mismos acuerden un tratado de neutralización de la República de Panamá, exactamente igual al que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en 1955, aprobaron respecto a Austria, adoptado por este país en virtud de la Ley Constitucional del 26 de octubre de 1955. Es evidente que al tiempo que tales países se constituyen en coactores del estatuto de neutralización panameño, también asumen la condición de garantes de su cumplimiento ante violación por cualquier Estado del orbe.
La segunda acción que no es incompatible en lo absoluto con la primera, consiste en proceder lo más pronto posible a preparar el personal idóneo requerible y equiparlo con armamento moderno, propio de la tecnología militar de punta, que minimice por la calidad del armamento la cantidad de efectivos militares.
La fórmula para ello (me refiero a la preparación y dotación de dicho armamento), se debe procurar por vía de la cooperación o ayuda internacional que puedan ofrecer países que, aunque pequeños como el nuestro (aunque no exclusivamente), tales como Israel, Taiwán o Suiza, tienen vasta experiencia en razón de su muy particular condición geopolítica (estár rodeados de enemigos poderosísimos), se han visto obligados a desarrollar una modernísima defensa de su territorio, capaz de disuadir a cualquier Estado por fuerte que éste sea. En relación a lo último, indistintamente del incidente que en las Fuerzas Armadas colombianas produjo la reciente donación de aviones militares y otros equipos por parte de España, ése es justo el referente al que hacemos alusión.
Logrado lo anterior, dudo muchísimo que con una capacidad militar que utilice tecnología de punta en la defensa de nuestra frontera, los irregulares colombianos no sean disuadidos de violentar nuestra soberanía, como hoy alegremente lo hacen. Al revés, no importa de qué grupo insurgente se trate, lo cierto es que al violar nuestro territorio se expondría a una violenta represalia que, a su vez, de no ser convincente (que lo dudo) contaría ahora con el respaldo militar legal adicional de los Estados garantes del Tratado de Neutralización de la República de Panamá.
*El autor es diplomático de carrera.
