Defendamos nuestros derechos
UNA COMISIÓN de profesionales del Derecho, identificados con el actual gobierno y de espaldas a una verdadera participación ciudadana, ha decidido presentar unilateralmente un anteproyecto de Código Penal que contiene notorias violaciones a nuestros derechos ciudadanos y choca con los logros alcanzados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
No debe tomarnos de sorpresa que se pretenda conculcar la libertad de expresión, en momentos en que la población panameña se aboca apenas al conocimiento y discusión del denominado Proyecto del Tercer Juego de Esclusas. Las medidas penales propuestas intentan promover la autocensura y apoyar la censura que ya circula para que no podamos conocer realmente toda la información concerniente al negociado de la ampliación que excluye la participación ciudadana.
Comparto con ustedes los criterios que expresa la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), ante la actuación de los profesionales de Derecho integrantes de la Comisión Codificadora: José Acevedo, Mercedes Araúz de Grimaldo, Ana I. Belfon V., José Juan Ceballos, Jorge Giannareas, Silvio Guerra Morales, Jerónimo Mejía, Carlos Muñoz Pope, Wigberto Quintero, Wilfredo Saenz F. y Jerry Wilson Navarro.
Panamá como Estado signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su Artículo 5, que trata sobre el Derecho a la Integridad Personal, destaca en el numeral sexto, que las penas privativas de libertad tienen como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados, principio que en la actualidad en nuestro país se mantiene en un estado de permanente violación, por lo que este proyecto de reforma penal viene a ratificarnos como país violador de normas internacionales reconocidas en debida forma por nuestro Estado. Para la comunidad nacional e internacional, no es desconocido que las cárceles panameñas carecen de las mínimas condiciones para la resocialización del condenado.
Hace pocas semanas, todos los ciudadanos hemos sido testigos, una vez más, de las malas condiciones en que se encuentran los detenidos en las cárceles panameñas y de la falta de presupuesto para hacer frente a problemas que violan los Derechos Humanos de los mismos, como la contaminación del agua potable con aguas negras, el hacinamiento en las celdas, el pésimo sistema alimenticio que existe, del trato privilegiado para los detenidos que pueden pagar un valor exagerado a los productos que les venden dentro de las cárceles y la falta de control por parte de la Contraloría General de la República sobre el producto de esas ventas. Hemos sabido de la introducción clandestina a las cárceles de prostitutas, en fin, una gran cantidad de anomalías que no se han resuelto y que han sido objeto de estudios y cuyas recomendaciones solamente quedan como letra muerta.
Nos preocupa que exista en Panamá una tendencia al aumento de las penas sin que exista con anterioridad una política de prevención especial y mucho menos de reinserción social con resultados positivos probados y que no se haya realizado un estudio científico sobre el estado actual de las cárceles y cómo las mismas serán afectadas ante la implementación de mayores penas.
En materia de calumnia e injuria, vemos que las penas se han incrementado sin que fueran acordes con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que les llevaran a la conclusión de exigir tal aumento. Aunado al hecho que se atenta contra el principio de legalidad y certeza al tipificarse dichos delitos bajo parámetros ambiguos como "investigación y verificación de la noticia, mínimamente exigible"; dejándose a un lado las obligaciones internacionales de Panamá asumidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 9, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Castillo Petruzzi. (página 190 del libro "Manual de Derechos Humanos").
Integrantes de la Comisión Codificadora han salido a atajar las críticas que se han hecho al proyecto, señalando que son "simples propuestas en un borrador cuyo único objeto es iniciar un debate nacional", pero para todo ciudadano panameño es conocido que existen leyes nefastas en esta República, que no han sido más que borradores elevados al rango de leyes durante una noche y madrugada. Consideramos que esa defensa tardía para excusar lo inexcusable, carece de todo sustento jurídico y moral.
Proyecto tan nefasto y retrógrado jamás debió salir de la circunscripción mental de quienes lo propusieron. Disfrazar de garantismo un proyecto que en su fondo continúa siendo inquisitivo, es una gaznatada más que se da al ciudadano panameño que en algún momento albergó la esperanza de que realmente tendríamos una plataforma legal de avanzada. El aumento de penas y la creación de nuevos delitos penados con privación de libertad, nos coloca entre las pocas naciones que hoy siguen manteniendo un sistema inquisitivo y violatorio de derechos, las esperanzas de alcanzar un pleno Estado de Derecho, se esfuman y se hacen lejanas con mordazas como este proyecto de Código Penal.
La Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), como asociación cuyo norte es la difusión de los derechos constitucionalmente garantizados, rechaza el contenido de dichas reformas, y nos mantendremos alertando a la ciudadanía sobre este proyecto, que abre las puertas al neoautoritarismo".
No debe tomarnos de sorpresa que se pretenda conculcar la libertad de expresión, en momentos en que la población panameña se aboca apenas al conocimiento y discusión del denominado Proyecto del Tercer Juego de Esclusas. Las medidas penales propuestas intentan promover la autocensura y apoyar la censura que ya circula para que no podamos conocer realmente toda la información concerniente al negociado de la ampliación que excluye la participación ciudadana.
Comparto con ustedes los criterios que expresa la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), ante la actuación de los profesionales de Derecho integrantes de la Comisión Codificadora: José Acevedo, Mercedes Araúz de Grimaldo, Ana I. Belfon V., José Juan Ceballos, Jorge Giannareas, Silvio Guerra Morales, Jerónimo Mejía, Carlos Muñoz Pope, Wigberto Quintero, Wilfredo Saenz F. y Jerry Wilson Navarro.
Panamá como Estado signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su Artículo 5, que trata sobre el Derecho a la Integridad Personal, destaca en el numeral sexto, que las penas privativas de libertad tienen como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados, principio que en la actualidad en nuestro país se mantiene en un estado de permanente violación, por lo que este proyecto de reforma penal viene a ratificarnos como país violador de normas internacionales reconocidas en debida forma por nuestro Estado. Para la comunidad nacional e internacional, no es desconocido que las cárceles panameñas carecen de las mínimas condiciones para la resocialización del condenado.
Hace pocas semanas, todos los ciudadanos hemos sido testigos, una vez más, de las malas condiciones en que se encuentran los detenidos en las cárceles panameñas y de la falta de presupuesto para hacer frente a problemas que violan los Derechos Humanos de los mismos, como la contaminación del agua potable con aguas negras, el hacinamiento en las celdas, el pésimo sistema alimenticio que existe, del trato privilegiado para los detenidos que pueden pagar un valor exagerado a los productos que les venden dentro de las cárceles y la falta de control por parte de la Contraloría General de la República sobre el producto de esas ventas. Hemos sabido de la introducción clandestina a las cárceles de prostitutas, en fin, una gran cantidad de anomalías que no se han resuelto y que han sido objeto de estudios y cuyas recomendaciones solamente quedan como letra muerta.
Nos preocupa que exista en Panamá una tendencia al aumento de las penas sin que exista con anterioridad una política de prevención especial y mucho menos de reinserción social con resultados positivos probados y que no se haya realizado un estudio científico sobre el estado actual de las cárceles y cómo las mismas serán afectadas ante la implementación de mayores penas.
En materia de calumnia e injuria, vemos que las penas se han incrementado sin que fueran acordes con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que les llevaran a la conclusión de exigir tal aumento. Aunado al hecho que se atenta contra el principio de legalidad y certeza al tipificarse dichos delitos bajo parámetros ambiguos como "investigación y verificación de la noticia, mínimamente exigible"; dejándose a un lado las obligaciones internacionales de Panamá asumidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 9, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Castillo Petruzzi. (página 190 del libro "Manual de Derechos Humanos").
Integrantes de la Comisión Codificadora han salido a atajar las críticas que se han hecho al proyecto, señalando que son "simples propuestas en un borrador cuyo único objeto es iniciar un debate nacional", pero para todo ciudadano panameño es conocido que existen leyes nefastas en esta República, que no han sido más que borradores elevados al rango de leyes durante una noche y madrugada. Consideramos que esa defensa tardía para excusar lo inexcusable, carece de todo sustento jurídico y moral.
Proyecto tan nefasto y retrógrado jamás debió salir de la circunscripción mental de quienes lo propusieron. Disfrazar de garantismo un proyecto que en su fondo continúa siendo inquisitivo, es una gaznatada más que se da al ciudadano panameño que en algún momento albergó la esperanza de que realmente tendríamos una plataforma legal de avanzada. El aumento de penas y la creación de nuevos delitos penados con privación de libertad, nos coloca entre las pocas naciones que hoy siguen manteniendo un sistema inquisitivo y violatorio de derechos, las esperanzas de alcanzar un pleno Estado de Derecho, se esfuman y se hacen lejanas con mordazas como este proyecto de Código Penal.
La Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), como asociación cuyo norte es la difusión de los derechos constitucionalmente garantizados, rechaza el contenido de dichas reformas, y nos mantendremos alertando a la ciudadanía sobre este proyecto, que abre las puertas al neoautoritarismo".
