Defensa social: un modelo político
Las corrientes de la política se mueven, de manera impetuosa, en Panamá. Se muestran turbulentas, turbias, raudas. Hay apresuramiento. Todo indica que la carrera por el solio presidencial está ausente -luego del ejercicio de un gobierno atacado, de modo casi permanente, de ser mediocre, incapaz, patrocinador de la corrupción, déspota y vanaglorioso- de principios y normas de ética que sirvan para regular esa maratón que puede traducir o llevar en su seno la eventual posibilidad de poder construir un mejor mañana para todos los que coexistimos en esta República. Sin moral fallece la República, advertía Bolívar. Se auguran días aciagos para la Patria. Y es allí, en ese ámbito, en ese escenario plagado de fetichismos políticos, que está ausente de toda moral política, en donde encontraremos el caldo de cultivo propicio para que germine el mortal virus que terminará soliviantando los pilares de nuestra nación: la corrupción en la cosa pública.
El sensacionalismo político pareciera haberse constituido en el desayuno, almuerzo y cena de todos los panameños. Los diarios, a su vez, están engrosados de numerosas páginas merced a los grandes escándalos que comunican la existencia de hechos venales, de corrupción, tráfico de influencias, etc. Tan así que podríamos decir que nuestra nación vive, de modo permanente, un carnaval de problemas. Y los actores de ese carnaval no son nuestras gentes, no es Juana, ni María, Pedro, ni Luis, sino los de siempre: esos políticos traidores a la voluntad del pueblo, estelionatos -camaleones- que saben inyectar una especie de narcótico en las mentes irredentas de la gente humilde que no comete el pecado de creerles sino que, simple y sencillamente, quiere creer.
Es visible en nuestra población, a nivel del pueblo, cómo campea la delincuencia juvenil, la inseguridad ciudadana, el hambre, el desempleo, la desnutrición, y gran parte de nuestra gente se halla subsumida en un ambiente de desesperanzas y de enorme desaliento. Es lo que llamamos la decepción generalizada de la nación.
Por otra parte, la justicia en los tribunales se ha tornado demorada, dilatoria y cuando no, lo que hace es traducir sentencias irredentas a la verdadera esencia del Derecho y que no es otra que la defensa de la dignidad de los hombres. Por ello, advertimos que el jurista o el político que no sabe ni quiere interpretar el real y verdadero sentido de la Ley e identificar a éste con esa dignidad humana, el mismo ha perdido toda posibilidad de poder comprender que el Derecho es un instrumento con ocasión de los hombres y no los hombres por ocasión del Derecho. En todo caso, todos los profesionales deben estar siempre al servicio de la justicia que no siempre, diríamos muy pocas veces, se halla plasmada o recogida en la simple normativa jurídica o a nivel de las sentencias que emanan de los tribunales.
La justicia no es cuestión o problema que importe al Derecho sino de los hombres que lo interpretan, aplican y ejecutan. El viejo paradigma que enseña el concepto de la "voluntad de la Ley" ha decaído. La Ley no tiene voluntad: ésta es propia de los hombres que las hacen, de los que las aplican, interpretan y ejecutan. Decir que hay una voluntad de la Ley es una pura ingenuidad de tontos. Se engaña a sí mismo quien dicta la sentencia perversa y justifica la maldad de su decisión advirtiendo que es esa la voluntad de la Ley. Igual acontece con quien la hace y finalmente advierte que la voluntad de la Ley hay que buscarla en los anales o registros que recogen su discusión o debate. Hay perversión en el sistema. De allí que todo hombre, sea jurista o político -también cualquier otro profesional- que no logre interpretar las grandes necesidades de los pueblos que, como el nuestro, marchan a la deriva y por senderos de oscuridad, siempre estará condenado a padecer de una miopía o de una hipertrofia visual que le impedirá hacerse solidario de los sufrimientos de nuestros hombres y mujeres. Se impone, luego, la defensa social. Una defensa social que interprete que nuestro pueblo, nuestra gente vale e importa, no por el voto que se deposita en una urna durante un torneo electoral que se cumple cada cinco años y que una vez efectuado los votantes pasan a ser meros seres vivientes de la nación. Es importante que la defensa social se connote en el discurso de nuestros candidatos presidenciales y de todo aquel que pretenda ocupar un puesto de elección popular. Por otra parte, ese modelo político -el de la defensa social- entraña una ponderación de los caros y altos intereses nacionales, propios a los de las grandes mayorías marginadas de todo eventual progreso y desarrollo social; también peticiona de los interlocutores del discurso político un cambio de mentalidad. Quienes pretenden dirigir la cúpula del poder político, en nuestro medio, ya sea por cargos de elección popular o por designación del Ejecutivo -básicamente ministros y directores de entidades autónomas y semiautónomas- deben comprometerse con nuestro pueblo, y para ello deben mostrar una agenda de trabajo, de compromiso social, que le permita a la gente valorar, aquilatar, ponderar, la justeza o no, la viabilidad o imposibilidad, de la efectiva concreción o materialización de los planes o metas que se persiguen implementar a través de un plan de gobierno. Es por ello, que la población panameña debe estar, cual águila que observa, desde sus alturas, el movimiento de la presa sobre la faz de la Tierra, pendiente de todos aquellos escribas y fariseos quienes son capaces de entregar el alma al diablo con tal de lograr, tras un increíble y asombroso mimetismo presentarse, ante nuestros hombres y mujeres, como tiernas ovejas y a través del cual ocultan el síndrome de lupus que caracteriza a esa llamada clase "de los políticos".
Demandamos hombres con mentalidad de estadistas: que proyecten interés en ayudar a los pobres, a los huérfanos, desamparados, hambrientos, desempleados, enfermos, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, profesionales, plomeros, estilistas de belleza, amas de casa, plomeros, electricistas, taxistas, pedreros, justicia para los presos sin condena y para quienes habiéndola cumplido no son puestos en libertad, etc. Esto sería una agenda de gobierno proclamada desde la defensa social y de la dignidad humana.
El sensacionalismo político pareciera haberse constituido en el desayuno, almuerzo y cena de todos los panameños. Los diarios, a su vez, están engrosados de numerosas páginas merced a los grandes escándalos que comunican la existencia de hechos venales, de corrupción, tráfico de influencias, etc. Tan así que podríamos decir que nuestra nación vive, de modo permanente, un carnaval de problemas. Y los actores de ese carnaval no son nuestras gentes, no es Juana, ni María, Pedro, ni Luis, sino los de siempre: esos políticos traidores a la voluntad del pueblo, estelionatos -camaleones- que saben inyectar una especie de narcótico en las mentes irredentas de la gente humilde que no comete el pecado de creerles sino que, simple y sencillamente, quiere creer.
Es visible en nuestra población, a nivel del pueblo, cómo campea la delincuencia juvenil, la inseguridad ciudadana, el hambre, el desempleo, la desnutrición, y gran parte de nuestra gente se halla subsumida en un ambiente de desesperanzas y de enorme desaliento. Es lo que llamamos la decepción generalizada de la nación.
Por otra parte, la justicia en los tribunales se ha tornado demorada, dilatoria y cuando no, lo que hace es traducir sentencias irredentas a la verdadera esencia del Derecho y que no es otra que la defensa de la dignidad de los hombres. Por ello, advertimos que el jurista o el político que no sabe ni quiere interpretar el real y verdadero sentido de la Ley e identificar a éste con esa dignidad humana, el mismo ha perdido toda posibilidad de poder comprender que el Derecho es un instrumento con ocasión de los hombres y no los hombres por ocasión del Derecho. En todo caso, todos los profesionales deben estar siempre al servicio de la justicia que no siempre, diríamos muy pocas veces, se halla plasmada o recogida en la simple normativa jurídica o a nivel de las sentencias que emanan de los tribunales.
La justicia no es cuestión o problema que importe al Derecho sino de los hombres que lo interpretan, aplican y ejecutan. El viejo paradigma que enseña el concepto de la "voluntad de la Ley" ha decaído. La Ley no tiene voluntad: ésta es propia de los hombres que las hacen, de los que las aplican, interpretan y ejecutan. Decir que hay una voluntad de la Ley es una pura ingenuidad de tontos. Se engaña a sí mismo quien dicta la sentencia perversa y justifica la maldad de su decisión advirtiendo que es esa la voluntad de la Ley. Igual acontece con quien la hace y finalmente advierte que la voluntad de la Ley hay que buscarla en los anales o registros que recogen su discusión o debate. Hay perversión en el sistema. De allí que todo hombre, sea jurista o político -también cualquier otro profesional- que no logre interpretar las grandes necesidades de los pueblos que, como el nuestro, marchan a la deriva y por senderos de oscuridad, siempre estará condenado a padecer de una miopía o de una hipertrofia visual que le impedirá hacerse solidario de los sufrimientos de nuestros hombres y mujeres. Se impone, luego, la defensa social. Una defensa social que interprete que nuestro pueblo, nuestra gente vale e importa, no por el voto que se deposita en una urna durante un torneo electoral que se cumple cada cinco años y que una vez efectuado los votantes pasan a ser meros seres vivientes de la nación. Es importante que la defensa social se connote en el discurso de nuestros candidatos presidenciales y de todo aquel que pretenda ocupar un puesto de elección popular. Por otra parte, ese modelo político -el de la defensa social- entraña una ponderación de los caros y altos intereses nacionales, propios a los de las grandes mayorías marginadas de todo eventual progreso y desarrollo social; también peticiona de los interlocutores del discurso político un cambio de mentalidad. Quienes pretenden dirigir la cúpula del poder político, en nuestro medio, ya sea por cargos de elección popular o por designación del Ejecutivo -básicamente ministros y directores de entidades autónomas y semiautónomas- deben comprometerse con nuestro pueblo, y para ello deben mostrar una agenda de trabajo, de compromiso social, que le permita a la gente valorar, aquilatar, ponderar, la justeza o no, la viabilidad o imposibilidad, de la efectiva concreción o materialización de los planes o metas que se persiguen implementar a través de un plan de gobierno. Es por ello, que la población panameña debe estar, cual águila que observa, desde sus alturas, el movimiento de la presa sobre la faz de la Tierra, pendiente de todos aquellos escribas y fariseos quienes son capaces de entregar el alma al diablo con tal de lograr, tras un increíble y asombroso mimetismo presentarse, ante nuestros hombres y mujeres, como tiernas ovejas y a través del cual ocultan el síndrome de lupus que caracteriza a esa llamada clase "de los políticos".
Demandamos hombres con mentalidad de estadistas: que proyecten interés en ayudar a los pobres, a los huérfanos, desamparados, hambrientos, desempleados, enfermos, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, profesionales, plomeros, estilistas de belleza, amas de casa, plomeros, electricistas, taxistas, pedreros, justicia para los presos sin condena y para quienes habiéndola cumplido no son puestos en libertad, etc. Esto sería una agenda de gobierno proclamada desde la defensa social y de la dignidad humana.
