Defensoría astillada
LA Constitución Nacional es clara en su artículo 130 pues para aspirar a ser Defensor/a del Pueblo se requiere entre otros requisitos tener solvencia moral y prestigio reconocido. Por su parte, el Presidente Torrijos afirmó públicamente en San Miguelito el 17 de enero 2006 con motivo del lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Violencia Intrafamiliar: "... en muchos hogares panameños la violencia es una forma tolerada y hasta aceptada de violación de los derechos humanos... este mal debe ser erradicado de nuestro país. Para lograrlo, necesitamos que la ciudadanía, las instituciones relacionadas con la familia y la infancia, los tribunales de justicia y la sociedad bien organizada asuman una actitud de Cero Tolerancia contra este Delito".
La reciente elección del nuevo Defensor del Pueblo, Liborio García, relaciona lo anterior pues ha sido cuestionada por denuncias de violencia intrafamiliar, hecho agravado por afirmaciones del nuevo funcionario y varios legisladores que ubican esta violencia como un "asunto privado". Con razón el movimiento de mujeres expone que esas declaraciones "agrava nuestra consternación pues evidencia desconocimiento e irrespeto a décadas de trabajo de entidades de derechos humanos que logran identificar la violencia contra las mujeres como un problema social. Es lamentable que una persona que tenga que defender nuestros derechos contradiga totalmente la política del Señor Presidente Torrijos de: Cero tolerancia contra este delito".
Ellas subrayan: "La violencia contra las mujeres y en general, es una conducta aprendida desde la primera infancia y esta considerada por la Comunidad Internacional como lesiva a la Dignidad Humana y el Derecho a una vida digna. Reiteramos, denominarla un delito es un avance de la civilización que la considera tan grave como la tortura o la discriminación racial. No es en vano que Panamá al igual que los demás Estados ha adoptado Leyes y Convenciones como instrumentos jurídicos que les comprometen a garantizar los Derechos Humanos de las mujeres en todas las etapas de su vida. Entre ellas podemos mencionar a nivel nacional la Ley de Violencia Doméstica del 10 de julio del 2001, la Ley 4 sobre la Igualdad de Oportunidades; a nivel internacional, las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y su Protocolo facultativo, esas y muchas más leyes que son de plena vigencia en nuestra república".
Pero esto no es todo. Recientes declaraciones de la psicóloga y ex candidata Geraldine Emiliani, se suma al coro de denuncias que ubican que el proceso de escogencia del Defensor fue viciado -nuevamente, agregaría yo- y no se dio la elección objetiva y en base a méritos que tanto se había anunciado.
Estos sucesos más son lápidas que caen sobre la Defensoría del pueblo pues le restan credibilidad y legitimidad, y ni hablar de la actuación de la Asamblea legislativa y elites políticas siempre tan cuestionadas por la población.
No me canso de repetir que los países que cuentan con la Defensoría del Pueblo (DP) funcionando de acuerdo a sus nobles objetivos, demuestran que están avanzando notablemente en su madurez democrática. La DP es un poder público sin capacidad coactiva, cuya fuerza fundamental es ética, pues cuenta solo con la autoridad moral que abre cauces institucionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, y para que la propia ciudadanía defienda sus derechos. Por ello la DP debe poseer la legitimidad y la credibilidad para desarrollar eficazmente su importante labor. Si la DP es escogida de manera tal, que presuponga inclinaciones partidistas, es manejada por intereses creados, o su titular es cuestionado por su conducta, se pierde en el camino la principal arma de que dispone ésta institución: la autoridad moral.
¿Respetará el Gobierno su compromiso de Cero Tolerancia? ¿Se investigarán las acusaciones no solo en torno a la violencia doméstica, sino en relación al método utilizado para la elección? ¿Seguirá siendo cierta ese afirmación de que este país no lo compone nadie? ¿Estamos conscientes que debemos cambiar la forma de elección de la DP por una realmente democrática y transparente?
Como expresamos en una escrito conjunto con el Dr. Ulises Pitti en relación a la anterior elección del defensor: Perdimos todos y todas como sociedad panameña. Pero sobre todo perdieron los que "ganaron".
Lo avanzado en mejoramiento y transformación se perdió, y la imagen y discurso ético en la Asamblea Legislativa quedó desdibujado por los hechos. Se lesionó mortalmente a una entidad que debe ser la conciencia ética de este pueblo, debilitada por su baja credibilidad y la ciudadanía, por ello, es afectada en su capacidad de impulsar la protección y promoción de sus derechos ante la misma.
Por todo ello, es necesario luchar por una nueva cultura política y una mayor conciencia ciudadana en nuestro país.
raulleisr@hotmail.com
La reciente elección del nuevo Defensor del Pueblo, Liborio García, relaciona lo anterior pues ha sido cuestionada por denuncias de violencia intrafamiliar, hecho agravado por afirmaciones del nuevo funcionario y varios legisladores que ubican esta violencia como un "asunto privado". Con razón el movimiento de mujeres expone que esas declaraciones "agrava nuestra consternación pues evidencia desconocimiento e irrespeto a décadas de trabajo de entidades de derechos humanos que logran identificar la violencia contra las mujeres como un problema social. Es lamentable que una persona que tenga que defender nuestros derechos contradiga totalmente la política del Señor Presidente Torrijos de: Cero tolerancia contra este delito".
Ellas subrayan: "La violencia contra las mujeres y en general, es una conducta aprendida desde la primera infancia y esta considerada por la Comunidad Internacional como lesiva a la Dignidad Humana y el Derecho a una vida digna. Reiteramos, denominarla un delito es un avance de la civilización que la considera tan grave como la tortura o la discriminación racial. No es en vano que Panamá al igual que los demás Estados ha adoptado Leyes y Convenciones como instrumentos jurídicos que les comprometen a garantizar los Derechos Humanos de las mujeres en todas las etapas de su vida. Entre ellas podemos mencionar a nivel nacional la Ley de Violencia Doméstica del 10 de julio del 2001, la Ley 4 sobre la Igualdad de Oportunidades; a nivel internacional, las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y su Protocolo facultativo, esas y muchas más leyes que son de plena vigencia en nuestra república".
Pero esto no es todo. Recientes declaraciones de la psicóloga y ex candidata Geraldine Emiliani, se suma al coro de denuncias que ubican que el proceso de escogencia del Defensor fue viciado -nuevamente, agregaría yo- y no se dio la elección objetiva y en base a méritos que tanto se había anunciado.
Estos sucesos más son lápidas que caen sobre la Defensoría del pueblo pues le restan credibilidad y legitimidad, y ni hablar de la actuación de la Asamblea legislativa y elites políticas siempre tan cuestionadas por la población.
No me canso de repetir que los países que cuentan con la Defensoría del Pueblo (DP) funcionando de acuerdo a sus nobles objetivos, demuestran que están avanzando notablemente en su madurez democrática. La DP es un poder público sin capacidad coactiva, cuya fuerza fundamental es ética, pues cuenta solo con la autoridad moral que abre cauces institucionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, y para que la propia ciudadanía defienda sus derechos. Por ello la DP debe poseer la legitimidad y la credibilidad para desarrollar eficazmente su importante labor. Si la DP es escogida de manera tal, que presuponga inclinaciones partidistas, es manejada por intereses creados, o su titular es cuestionado por su conducta, se pierde en el camino la principal arma de que dispone ésta institución: la autoridad moral.
¿Respetará el Gobierno su compromiso de Cero Tolerancia? ¿Se investigarán las acusaciones no solo en torno a la violencia doméstica, sino en relación al método utilizado para la elección? ¿Seguirá siendo cierta ese afirmación de que este país no lo compone nadie? ¿Estamos conscientes que debemos cambiar la forma de elección de la DP por una realmente democrática y transparente?
Como expresamos en una escrito conjunto con el Dr. Ulises Pitti en relación a la anterior elección del defensor: Perdimos todos y todas como sociedad panameña. Pero sobre todo perdieron los que "ganaron".
Lo avanzado en mejoramiento y transformación se perdió, y la imagen y discurso ético en la Asamblea Legislativa quedó desdibujado por los hechos. Se lesionó mortalmente a una entidad que debe ser la conciencia ética de este pueblo, debilitada por su baja credibilidad y la ciudadanía, por ello, es afectada en su capacidad de impulsar la protección y promoción de sus derechos ante la misma.
Por todo ello, es necesario luchar por una nueva cultura política y una mayor conciencia ciudadana en nuestro país.
raulleisr@hotmail.com
