Del dolor a la indolencia
Dieciocho vidas inocentes se perdieron de manera infernal hace dos años. Muchas otras, entre sobrevivientes, familiares y amigos de tantas víctimas, quedaron indeleblemente marcadas por la tragedia. El horror del bus carbonizado en plena calle Martín Sosa ese funesto 23 de octubre de 2006, fue un doloroso aldabonazo a la conciencia de la sociedad panameña. De pronto, los vicios, la corrupción, la falta de autoridad, el irrespeto a las normas y la desorganización imperantes en nuestro llamado sistema de transporte público urbano, salieron todos a relucir. En la opinión unánime de los usuarios, estos males fueron cómplices en una desgracia sobre ruedas casi anunciada. Todos caracterizan a un servicio deficiente y vergonzoso en donde los transportistas acostumbran a incumplir los reglamentos con la más descarada impunidad.
Ante el dolor y la conmoción de un pueblo harto del abuso al volante, el gobierno fue pródigo en promesas. La trampa de muerte conocida como transporte público urbano sería objeto de una reforma profunda, con normas restrictivas que el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y la Policía Nacional, harían cumplir celosamente en las calles. Se reconoció el compromiso del Estado en el mejoramiento del servicio a los usuarios, quienes en cada bus continuaban exponiendo su seguridad, sus bienes y sus vidas.
La ATTT fue puesta en manos de un viceministro. A los transportistas se les impuso una fecha límite para acatar los reglamentos: 27 de noviembre de 2006. Nada de pavos, amplificadores de sonido o pasajeros de pie en las rutas de Corredor. Nada de faroles rotos ni llantas con bandas de rodadura gastadas. A cada bus se le revisaría minuciosamente su sistema eléctrico, su dirección, frenos y suspensión. Se le exigiría, tal como dictaban las normas vigentes, que señalara las puertas de emergencia, a ser suficientes según la cantidad de pasajeros. Tendría que contar con un sistema de gobernador de velocidad o tacómetro para controlar las frecuentes regatas. El sistema de aire acondicionado, cuya defectuosa condición fue determinante en la tragedia de la calle Martín Sosa, sería cuidadosamente examinado.
Pasó ese 27 de noviembre. Pasó el 27 de noviembre del año siguiente. Pronto llegará el de este año y el transporte público sigue tan peligroso como en ese funesto 23 de octubre.
Hasta una nueva legislación especial fue aprobada. Pero, ¿existe acaso alguna autoridad que tenga la voluntad de hacerla cumplir? Al igual que hace dos años, el transporte público se mantiene sin mejoría ni mayor seguridad. La incomprensible indolencia gubernamental desafía a los usuarios. Esa misma indolencia agravia también la memoria de los dieciocho mártires, pasajeros que por la criminal irresponsabilidad de otros, ese 23 de octubre nunca llegaron a su destino.
