Del FES al F I $ $ $ $ $
Originalmente creado para durar dos años, después de subsistir por diecinueve, y con una historia plagada de escándalos nunca aclarados, ha llegado la hora de que el presidente Martinelli cumpla su promesa electoral de eliminarlo. Pero sin dejar de esclarecer responsabilidades y que los culpables de “haber metido la mano” paguen por su fechorías, sean del partido que sean, “enemigos o amigos”.
Cuando Guillermo Endara asumió la presidencia que había ganado legítimamente, en diciembre de 1989, su gobierno encontró un erario saqueado; no había dinero para pagar la planilla oficial, los bancos estaban cerrados y Panamá no era sujeto de crédito. Para disponer de recursos que pudieran usarse rápidamente, con la asistencia de organismos financieros internacionales se creó el Fondo de Emergencia Social (FES), destinado a ser un mecanismo capaz de dar respuestas rápidas, con las menores trabas burocráticas posibles, para solucionar problemas urgentes de las comunidades más pobres; pero insisto, con carácter temporal, hasta tanto los ministerios y entidades de línea estuvieran en capacidad de organizarse y cumplir sus responsabilidades.
La duración inicial fue extendida y, posteriormente, con la clara intención de hacerlo permanente y para que sirviera de vía encubierta para seguir repartiendo las nefastas “partidas circuitales”, el FES fue rebautizado FIS, institución que hoy llena los medios de comunicación; pero no por haber cumplido sus fines sino por haberse convertido en un mamotreto para encubrir un sinfín de bellaquerías.
Con presumibles buenas intenciones, el nuevo director designado por el presidente Martinelli, que debía haber cumplido la sana función de sepulturero, también con presumible sana motivación, contrató una auditoría para determinar cuál era el estado del FIS. Hasta allí, parecía que el señor Tamburelli actuaba dentro de parámetros razonables. Pero los últimos acontecimientos lo han colocado, a él y al gobierno, en el vértice de una vorágine de contradicciones, que anulan cuanta buena intención hubiera podido evidenciar con sus primeras acciones.
¿Por qué el director Tamburelli recurrió a una auditoría privada para sortear la intervención de la Contraloría? Aunque no se haya dicho, hay que presumir que justificadamente no confiaba en ella, si lo que buscaba era desenmascarar a personeros del pasado gobierno del PRD. Pero cuando llegaron los resultados éstos no fueron los esperados. Los señalados no sólo eran del PRD; también se involucraba a diputados y exdiputados allegados al actual gobierno y a funcionarios igualmente identificados con la presente administración.
Originalmente se dejó entrever que el director del FIS asumiría el costo de la auditoría privada; pero no fue así. La auditoría se pagó con fondos del FIS. Por consiguiente, pertenecía a la institución y debía ser divulgada. De allí que haberla “engavetado” por varios meses fue una pifia inexcusable del Sr. Tamburelli. Su deber era haberla puesto en manos de las autoridades competentes para que sirviera de base a más amplias investigaciones, de carácter oficial. La divulgación, en buena hora forzada por los medios de comunicación, solo ha servido para aumentar la sospecha de que existe la solapada intención de “echarle tierra al asunto”, por la extensión de sus ramificaciones a aliados de los gobernantes de turno.
Destapado el tamal, no caben las pueriles explicaciones del director del FIS, ni las ridículas rasgaduras de vestiduras escenificadas en la Asamblea. Lo único que evitará que la sospecha pase a convicción en la percepción ciudadana es que la investigación, que ahora se reclama debe hacer la Contraloría, sea rápida y de verdad “llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.
