Delincuencia... violencia... impunidad... inseguridad...
La inseguridad pública que hoy vivimos y que diariamente se hace presente en calles solitarias, avenidas concurridas, en lugares públicos y en nuestros propios hogares, trae aparejadas dos situaciones: la primera es que cada vez más, las residencias en las urbanizaciones y nuevos proyectos habitacionales se están amurallando y artillando en hierro, cerrando sus entradas con garitas, guardias de seguridad privada, sistemas de alarmas, etc., creando de paso con ello una conciencia colectiva, ultradefensiva, que sumerge a la sociedad panameña en el voluntarismo de la contraviolencia y en un fuero autónomo contra derecho de cada grupo urbano. Con esto no se avanza así, hacia la transformación de la sociedad.
La segunda situación provoca paralelamente a la primera, un fuerte cuestionamiento de amplios sectores de la sociedad panameña en torno a si los cacareados derechos humanos tienden más a la protección de los delincuentes -especialmente de los menores infractores que cometen en forma reincidente crímenes y violencia, amparados por el Código del menor y la familia, el cual ha resultado contraproducente y en un freno, tanto para los padres de familia, los educadores y las autoridades de policía- que a garantizar la seguridad ciudadana que en esencia es un derecho humano imprescindible.
Algunos sectores a ultranza de la sociedad panameña, opinan que "la mano de la justicia debe ser de hierro, inflexible, aunque su dureza represiva entrañe extralimitaciones, violaciones a los derechos más elementales del hombre", llegando incluso a proponer la instauración de la pena de muerte en el país para los delitos violentos que originen la muerte de víctimas. Esto sería en todo caso, combatir la violencia con violencia, pues quitar la vida a un ser humano de la manera y por la causa que sea, es violencia contra la vida.
Particularmente somos del criterio de que la violencia y los delitos hay que combatirlos con acciones concretas, buscando bajar los elevados niveles de delitos cometidos, pero sólo en el marco de la legalidad y del respeto de las garantías de cada ciudadano... de lo contrario, estaríamos convirtiéndonos en verdugos, en ejecutores de la violencia que pretendemos frenar. Aquella justicia en base a la Ley del Talión, que es un retroceso en el avance logrado por la civilización que sólo deja tras de sí profundas injusticias, excesos, rencores y desgarramiento social.
En este marco, nuestro país vive día con día a merced de la delincuencia (la criolla y la organizada) que pavorosamente crece sin freno, con su sello de crueldad y violencia pasmosa, que se expresan como depredadores armados diurnos y nocturnos, que no se miden para lograr sus aviesos objetivos.
Esta situación mantiene a propios y extraños en una permanente tensión, en una zozobra agobiante, en un estado de cautela extrema y temor perenne, todo lo cual provoca en el ciudadano desesperanza, indefección, incredulidad, ansiedades y toda una serie de sensaciones que no permiten el sosiego, la tranquilidad y por ende la paz a la cual tienen derecho.
Entonces, bajo los conceptos de la legalidad deseada para nuestro país, en su conjunto, el respeto de los derechos humanos y la seguridad pública, debemos entender que es un todo indivisible, en cuanto a que todos forman parte inseparable de la vida ciudadana e inciden directamente en nuestro comportamiento social.
Por otro lado, ciertamente hay que reconocer que la Policía Nacional hace esfuerzos por minimizar los índices de delincuencia que arrojan las estadísticas, pero la buena intención y el propósito de esta institución, que forma parte de los estamentos de seguridad nacional del país, se estrella con escollos casi insalvables: el primero una legislación penal que urge se reforme para aplicar penas más severas contra delitos violentos y que no permita la libertad tan prontamente de los delincuentes; segundo, un inadecuado e insuficiente presupuesto de funcionamiento, producto de la inmisericorde tijera y miope visión del ministerio de Economía y Finanzas; tercero, el famoso Código del menor, que es al final de cuentas una espada de doble filo, y que urge se reforme.
Ante este panorama de anarquía y creciente inseguridad en calles, avenidas, comercios y residencias tomada por el hampa y su violencia, la sociedad panameña pugna por un sistema realmente efectivo de seguridad pública, de aplicación con contundencia del código penal con el rigor requerido dentro de la legalidad y para ello, es menester que el gobierno nacional en la figura de la señora Presidenta de la República, Mireya Moscoso, propicie con su iniciativa que se dote a los estamentos de seguridad -especialmente a la Policía Nacional- del presupuesto adecuado y los equipos de soporte complementarios y que además se preocupe y se interese en la reforma y adecuación del Código Penal vigente. Señora Presidenta: ¡en sus manos está esta iniciativa de solución!
La segunda situación provoca paralelamente a la primera, un fuerte cuestionamiento de amplios sectores de la sociedad panameña en torno a si los cacareados derechos humanos tienden más a la protección de los delincuentes -especialmente de los menores infractores que cometen en forma reincidente crímenes y violencia, amparados por el Código del menor y la familia, el cual ha resultado contraproducente y en un freno, tanto para los padres de familia, los educadores y las autoridades de policía- que a garantizar la seguridad ciudadana que en esencia es un derecho humano imprescindible.
Algunos sectores a ultranza de la sociedad panameña, opinan que "la mano de la justicia debe ser de hierro, inflexible, aunque su dureza represiva entrañe extralimitaciones, violaciones a los derechos más elementales del hombre", llegando incluso a proponer la instauración de la pena de muerte en el país para los delitos violentos que originen la muerte de víctimas. Esto sería en todo caso, combatir la violencia con violencia, pues quitar la vida a un ser humano de la manera y por la causa que sea, es violencia contra la vida.
Particularmente somos del criterio de que la violencia y los delitos hay que combatirlos con acciones concretas, buscando bajar los elevados niveles de delitos cometidos, pero sólo en el marco de la legalidad y del respeto de las garantías de cada ciudadano... de lo contrario, estaríamos convirtiéndonos en verdugos, en ejecutores de la violencia que pretendemos frenar. Aquella justicia en base a la Ley del Talión, que es un retroceso en el avance logrado por la civilización que sólo deja tras de sí profundas injusticias, excesos, rencores y desgarramiento social.
En este marco, nuestro país vive día con día a merced de la delincuencia (la criolla y la organizada) que pavorosamente crece sin freno, con su sello de crueldad y violencia pasmosa, que se expresan como depredadores armados diurnos y nocturnos, que no se miden para lograr sus aviesos objetivos.
Esta situación mantiene a propios y extraños en una permanente tensión, en una zozobra agobiante, en un estado de cautela extrema y temor perenne, todo lo cual provoca en el ciudadano desesperanza, indefección, incredulidad, ansiedades y toda una serie de sensaciones que no permiten el sosiego, la tranquilidad y por ende la paz a la cual tienen derecho.
Entonces, bajo los conceptos de la legalidad deseada para nuestro país, en su conjunto, el respeto de los derechos humanos y la seguridad pública, debemos entender que es un todo indivisible, en cuanto a que todos forman parte inseparable de la vida ciudadana e inciden directamente en nuestro comportamiento social.
Por otro lado, ciertamente hay que reconocer que la Policía Nacional hace esfuerzos por minimizar los índices de delincuencia que arrojan las estadísticas, pero la buena intención y el propósito de esta institución, que forma parte de los estamentos de seguridad nacional del país, se estrella con escollos casi insalvables: el primero una legislación penal que urge se reforme para aplicar penas más severas contra delitos violentos y que no permita la libertad tan prontamente de los delincuentes; segundo, un inadecuado e insuficiente presupuesto de funcionamiento, producto de la inmisericorde tijera y miope visión del ministerio de Economía y Finanzas; tercero, el famoso Código del menor, que es al final de cuentas una espada de doble filo, y que urge se reforme.
Ante este panorama de anarquía y creciente inseguridad en calles, avenidas, comercios y residencias tomada por el hampa y su violencia, la sociedad panameña pugna por un sistema realmente efectivo de seguridad pública, de aplicación con contundencia del código penal con el rigor requerido dentro de la legalidad y para ello, es menester que el gobierno nacional en la figura de la señora Presidenta de la República, Mireya Moscoso, propicie con su iniciativa que se dote a los estamentos de seguridad -especialmente a la Policía Nacional- del presupuesto adecuado y los equipos de soporte complementarios y que además se preocupe y se interese en la reforma y adecuación del Código Penal vigente. Señora Presidenta: ¡en sus manos está esta iniciativa de solución!
