Demandas contra el Estado
En la medida que la ciudadanía adquiere conciencia de su condición de soberana, se incrementan las demandas contra el Estado y sus funcionarios. Son señales positivas del imperio de la institucionalidad y el Derecho.
Es un fenómeno relativamente nuevo. Durante la dictadura era inconcebible que un ciudadano pudiera entablar exitosamente una acción judicial contra el Estado; menos aun cuando existía en los Códigos una norma que sólo responsabilizaba a éste por perjuicios inferidos por un "agente especial" o sea alguien que ostentara la condición de representante legal de una entidad o el Presidente de la República.
Reformada la norma e instaurada la democracia, se abrió el compás para surtir con mayor éxito las demandas. A la fecha, hay al menos un centenar de acciones judiciales que suman igual cantidad en millones de balboas. Desde las condenas al Estado, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de un grupo de trabajadores del IRHE e INTEL que habían sido despedidos, y por el laudo arbitral que le ordenó el pago de B/.30 millones por incumplir el contrato del puente Van Dam, la Corte ha asumido, el papel que le corresponde, de guardiana de la legalidad y la constitucionalidad. Si el Estado o alguna de sus entidades o funcionarios, por acción u omisión, contraria al orden legal, ocasiona daños a un ciudadano, queda sujeto a la acción de daños y perjuicios, lo cual es competencia de la Sala Tercera de la Corte.
¿Cómo evitar estas costosas acciones? Sencillo. Nombrando y eligiendo a gente capaz, honrada y profesional.
Es un fenómeno relativamente nuevo. Durante la dictadura era inconcebible que un ciudadano pudiera entablar exitosamente una acción judicial contra el Estado; menos aun cuando existía en los Códigos una norma que sólo responsabilizaba a éste por perjuicios inferidos por un "agente especial" o sea alguien que ostentara la condición de representante legal de una entidad o el Presidente de la República.
Reformada la norma e instaurada la democracia, se abrió el compás para surtir con mayor éxito las demandas. A la fecha, hay al menos un centenar de acciones judiciales que suman igual cantidad en millones de balboas. Desde las condenas al Estado, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de un grupo de trabajadores del IRHE e INTEL que habían sido despedidos, y por el laudo arbitral que le ordenó el pago de B/.30 millones por incumplir el contrato del puente Van Dam, la Corte ha asumido, el papel que le corresponde, de guardiana de la legalidad y la constitucionalidad. Si el Estado o alguna de sus entidades o funcionarios, por acción u omisión, contraria al orden legal, ocasiona daños a un ciudadano, queda sujeto a la acción de daños y perjuicios, lo cual es competencia de la Sala Tercera de la Corte.
¿Cómo evitar estas costosas acciones? Sencillo. Nombrando y eligiendo a gente capaz, honrada y profesional.
