Democracia y desarrollo
El próximo 10 de septiembre, en la ciudad de Lima, se reunirán los cancilleres de los estados miembros de la OEA para adoptar la Carta Democrática que le encomendaron preparar los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre de la Américas, en la ciudad de Quebec, Canadá.
El proceso para llegar a la cita de Lima, como comenté en el artículo que, bajo el título "La Carta Democrática de las Américas", publiqué en la edición del 9 de junio de El Panamá América, culminó su primera etapa en la reciente asamblea de la OEA, en la ciudad de San José. Allí se adoptó como documento de base, sobre el cual continuar la preparación de la Carta Democrática, al texto preparado por el Consejo Permanente de la OEA. Igualmente, se aprobó divulgarlo ampliamente para que sea conocido y para permitir que puedan recibirse las observaciones y aportes de los sectores externos a la organización, entre ellos, la sociedad civil.
Durante la primera etapa de las discusiones sobre la Carta Democrática se trató de armar un texto que responda a las realidades presentes del continente americano en el que, a diferencia de hace sólo unas décadas, ahora conviven regímenes democráticos. El proyecto de Carta Democrática, en un articulado relativamente corto, pretende relevar los elementos esenciales del sistema democrático y establecer las medidas para evitar su ruptura. Desde ese punto de vista cumple razonablemente su cometido.
La democracia como sistema político está supuesta a garantizar a quienes viven en ella las condiciones que les permitan alcanzar en libertad el desarrollo de sus capacidades individuales y las condiciones mínimas para acceder a una vida decorosa. Por tanto, asegurar que su vigencia no sea interrumpida es requisito básico para construir el desarrollo sostenible. Y, por consiguiente, establecer medidas y mecanismos para preservarla es una acción necesaria. El mecanismo que se consagra en el proyecto de Carta Democrática es el de la exclusión y dispone la separación de la familia de las naciones democráticas del continente del gobierno que no lo sea.
La exclusión no es nueva en el sistema interamericano. El artículo 9 de la Carta de la OEA ya estatuye que podrá ser suspendido de participar en las instancias del sistema interamericano el Estado miembro cuyo gobierno sea derrocado por la fuerza. Pero la proyectada Carta Democrática pretende avanzar un poco más y prevenir no sólo el caso del derrocamiento por la fuerza sino también cualquier otra forma de interrupción del orden democrático.
La diferencia más notable entre el ordenamiento vigente y la proyectada Carta Democrática está, por un lado, en la mayor amplitud de supuestos que pueden configurar la interrupción del orden democrático y, por otro, en que se flexibiliza la posibilidad de aplicar la medida de suspensión. Sobre estos dos puntos todavía se requerirán mayores precisiones y debates para lograr el consenso ante la cita de Lima.
Pero hay, además, otro aspecto del proyecto de Carta Democrática que ha sido destacado de manera insistente en esta nueva etapa de las deliberaciones y es el escaso tratamiento del tema de la pobreza crítica, cuya eliminación, como lo hemos plasmado en varios instrumentos jurídicos del sistema interamericano, comenzando por la Carta de la OEA, "es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los estados americanos".
La vigencia de la democracia debe garantizarnos las condiciones para construir el desarrollo sostenible, pero su sola existencia desde un punto de vista formal no es suficiente. A la par que nos preocupamos por establecer los mecanismos para preservar la democracia también debemos, con igual decisión, renovar el compromiso común de ayudarnos a alcanzar el desarrollo, comenzando por hacer efectiva la eliminación de la pobreza crítica.
El proceso para llegar a la cita de Lima, como comenté en el artículo que, bajo el título "La Carta Democrática de las Américas", publiqué en la edición del 9 de junio de El Panamá América, culminó su primera etapa en la reciente asamblea de la OEA, en la ciudad de San José. Allí se adoptó como documento de base, sobre el cual continuar la preparación de la Carta Democrática, al texto preparado por el Consejo Permanente de la OEA. Igualmente, se aprobó divulgarlo ampliamente para que sea conocido y para permitir que puedan recibirse las observaciones y aportes de los sectores externos a la organización, entre ellos, la sociedad civil.
Durante la primera etapa de las discusiones sobre la Carta Democrática se trató de armar un texto que responda a las realidades presentes del continente americano en el que, a diferencia de hace sólo unas décadas, ahora conviven regímenes democráticos. El proyecto de Carta Democrática, en un articulado relativamente corto, pretende relevar los elementos esenciales del sistema democrático y establecer las medidas para evitar su ruptura. Desde ese punto de vista cumple razonablemente su cometido.
La democracia como sistema político está supuesta a garantizar a quienes viven en ella las condiciones que les permitan alcanzar en libertad el desarrollo de sus capacidades individuales y las condiciones mínimas para acceder a una vida decorosa. Por tanto, asegurar que su vigencia no sea interrumpida es requisito básico para construir el desarrollo sostenible. Y, por consiguiente, establecer medidas y mecanismos para preservarla es una acción necesaria. El mecanismo que se consagra en el proyecto de Carta Democrática es el de la exclusión y dispone la separación de la familia de las naciones democráticas del continente del gobierno que no lo sea.
La exclusión no es nueva en el sistema interamericano. El artículo 9 de la Carta de la OEA ya estatuye que podrá ser suspendido de participar en las instancias del sistema interamericano el Estado miembro cuyo gobierno sea derrocado por la fuerza. Pero la proyectada Carta Democrática pretende avanzar un poco más y prevenir no sólo el caso del derrocamiento por la fuerza sino también cualquier otra forma de interrupción del orden democrático.
La diferencia más notable entre el ordenamiento vigente y la proyectada Carta Democrática está, por un lado, en la mayor amplitud de supuestos que pueden configurar la interrupción del orden democrático y, por otro, en que se flexibiliza la posibilidad de aplicar la medida de suspensión. Sobre estos dos puntos todavía se requerirán mayores precisiones y debates para lograr el consenso ante la cita de Lima.
Pero hay, además, otro aspecto del proyecto de Carta Democrática que ha sido destacado de manera insistente en esta nueva etapa de las deliberaciones y es el escaso tratamiento del tema de la pobreza crítica, cuya eliminación, como lo hemos plasmado en varios instrumentos jurídicos del sistema interamericano, comenzando por la Carta de la OEA, "es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los estados americanos".
La vigencia de la democracia debe garantizarnos las condiciones para construir el desarrollo sostenible, pero su sola existencia desde un punto de vista formal no es suficiente. A la par que nos preocupamos por establecer los mecanismos para preservar la democracia también debemos, con igual decisión, renovar el compromiso común de ayudarnos a alcanzar el desarrollo, comenzando por hacer efectiva la eliminación de la pobreza crítica.
