Democracias vulnerables: II. Tres casos más y algunas reflexiones
La semana pasada destaqué nueve casos desde 1992 en que presidentes latinoamericanos habían sido depuestos no por iniciativa de militares y para beneficio de ellos, sino por civiles actuando con amplios sectores de la población, en razón de situaciones financieras y económicas desastrosas frente a las cuales dichos presidentes juzgaron necesario tomar medidas dramáticas o bien, siendo éstas necesarias, no las tomaron. Se puso término a su presidencia antes de tiempo también por hechos o, al menos, una percepción de hechos de grave corrupción atribuida a los gobiernos de tales mandatarios.
Me quedaron tres casos por considerar:
10. Jean Bertrand Aristide de Haití, quien gobernó por primera vez desde el 7 de febrero de 1991 hasta el 30 de septiembre del mismo año, cuando el ejército lo derrocó. Reasumió el poder presidencial el 15 de octubre de 1994, por intervención de Estados Unidos con el aval de la OEA y las Naciones Unidas, hasta el fin de su período el 7 de febrero de 1996. Durante ese tiempo disolvió el ejército y creó su propia Policía Nacional Civil (MINUH). Corrió nuevamente para presidenta sin contendor significativo, después de elecciones legislativas descalificadas por la OEA. Gobernó la segunda vez desde el 7 de febrero del 2001 hasta el 19 de febrero del 2004, obligado entonces a dejar el país por su autoritarismo, la violencia entre sus seguidores y grupos armados opositores (no necesariamente democráticos) que controlaban gran parte del país, la corrupción mezclada con el narcotráfico y la postración económica, el todo condicionado por su desbalance psicológico. Ahora reclama que no renunció, sino que los Estados Unidos lo sacaron de su país.
11. Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela gobierna desde el 2 de febrero de 1999. Impuso la elección de una Asamblea Constituyente y proclamó una nueva Constitución el 5 de agosto de dicho año. Continuó gobernando por otro primer período bajo la nueva Constitución desde el 19 de agosto del 2000 hasta el presente. Por el deterioro gravísimo de la economía, su concentración de poderes, su tendencia a militarizar el gobierno, su búsqueda de confrontación con los sectores organizados de la sociedad, incluso la Iglesia, y su simpatía por países de posiciones internacionales extremas, ha dividido la sociedad en torno a un referendo, permitido constitucionalmente, sobre su continuación o no en la presidencia.
12. José Arnoldo Alemán Lacayo de Nicaragua gobernó del 10 de enero de 1997 hasta el 10 de enero del 2002. Completó su período después de haberse entendido con los Sandinistas para cambios constitucionales y de la ley electoral que restringieran el pluralismo político favoreciéndose los dos partidos más grandes. Dejó el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población como el segundo más bajo de América Latina, sólo después del de Haití. Posteriormente ha sido enjuiciado, sentenciado y encarcelado por corrupción. Ello le hará imposible ser el mandamás detrás del Presidente Enrique Bolaños y luego aspirar a ser su sucesor.
El análisis de estos 12 casos desde 1992 permite ciertas conclusiones. La democracia en América Latina se enfrenta ahora a peligros más endógenos. Estos surgen de adentro mismo del sistema democrático y pueden ser más difíciles de superar. Por otra parte pueden darse casos mixtos, en los cuales se comprueben las dos vulnerabilidades, la que se da frente al poder militar y la que se da cara al estancamiento económico y a la corrupción.
Los casos considerados de crisis ética-económica indican que todos los países de América Latina están expuestos a este síndrome, puesto que se ha dado en países grandes, poderosos y ricos como en los pequeños, débiles y pobres, en los que todavía no han completado el proceso de desmilitarización de su vida política como en los que son democracias aparentemente consolidadas, en Suramérica, la región andina, el Caribe y el Istmo Centroamericano.
Lo que es explosivo en estos casos es la combinación de una crisis moral y una económica. Una crisis económica por sí sola la tendemos a aguantar por más tiempo y una crisis moral por sí sola genera una crítica que no se acompaña necesariamente de acción contundente. Para que se genere una actitud crítica con acción decisiva han de conjugarse ambas crisis de manera que la económica se vea no como producto de fuerzas impersonales, sino como producto por acción u omisión de la responsabilidad o más bien de la irresponsabilidad de los gobernantes. Y se necesita un liderazgo alterno que sea y no sólo se haga pasar por "nuevo", marginado por los sectores más tradicionales del país y no sólo pretendiendo serlo.
Tales cambios de presidente, aún si en estos casos se respetase el ordenamiento constitucional, no conducen automáticamente a una mejoría, a menos que se produzca el ascenso inmediato o eventual de un liderazgo verdaderamente ilustrado y renovador y que la población tome conciencia de que no hay solución sin su participación. Además, en todos estos casos los presidentes depuestos se encuentran sujetos a procesos judiciales. Ello revela un sentido más agudo de la responsabilidad personal que envuelve al liderazgo presidencial, lo que nos aleja del concepto de impunidad que se asociaba con este cargo.
La carencia de ejército en Panamá excluye el primer tipo de derrocamiento. Habríamos estado expuestos a la deposición presidencial del segundo tipo, si la oposición hubiera sido irresponsable o si hubiera surgido un liderazgo opositor populista al margen del existente. Además, las elecciones del 2 de mayo nos ofrecen una esperanza de cambio sin trauma. Nuestra democracia por ello, sin ser invulnerable, tiene la oportunidad de poder rectificar su rumbo moral y económico bajo el nuevo gobierno que sin duda resultará de las próximas elecciones. (ariyan@sinfo.net)
Me quedaron tres casos por considerar:
10. Jean Bertrand Aristide de Haití, quien gobernó por primera vez desde el 7 de febrero de 1991 hasta el 30 de septiembre del mismo año, cuando el ejército lo derrocó. Reasumió el poder presidencial el 15 de octubre de 1994, por intervención de Estados Unidos con el aval de la OEA y las Naciones Unidas, hasta el fin de su período el 7 de febrero de 1996. Durante ese tiempo disolvió el ejército y creó su propia Policía Nacional Civil (MINUH). Corrió nuevamente para presidenta sin contendor significativo, después de elecciones legislativas descalificadas por la OEA. Gobernó la segunda vez desde el 7 de febrero del 2001 hasta el 19 de febrero del 2004, obligado entonces a dejar el país por su autoritarismo, la violencia entre sus seguidores y grupos armados opositores (no necesariamente democráticos) que controlaban gran parte del país, la corrupción mezclada con el narcotráfico y la postración económica, el todo condicionado por su desbalance psicológico. Ahora reclama que no renunció, sino que los Estados Unidos lo sacaron de su país.
11. Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela gobierna desde el 2 de febrero de 1999. Impuso la elección de una Asamblea Constituyente y proclamó una nueva Constitución el 5 de agosto de dicho año. Continuó gobernando por otro primer período bajo la nueva Constitución desde el 19 de agosto del 2000 hasta el presente. Por el deterioro gravísimo de la economía, su concentración de poderes, su tendencia a militarizar el gobierno, su búsqueda de confrontación con los sectores organizados de la sociedad, incluso la Iglesia, y su simpatía por países de posiciones internacionales extremas, ha dividido la sociedad en torno a un referendo, permitido constitucionalmente, sobre su continuación o no en la presidencia.
12. José Arnoldo Alemán Lacayo de Nicaragua gobernó del 10 de enero de 1997 hasta el 10 de enero del 2002. Completó su período después de haberse entendido con los Sandinistas para cambios constitucionales y de la ley electoral que restringieran el pluralismo político favoreciéndose los dos partidos más grandes. Dejó el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población como el segundo más bajo de América Latina, sólo después del de Haití. Posteriormente ha sido enjuiciado, sentenciado y encarcelado por corrupción. Ello le hará imposible ser el mandamás detrás del Presidente Enrique Bolaños y luego aspirar a ser su sucesor.
El análisis de estos 12 casos desde 1992 permite ciertas conclusiones. La democracia en América Latina se enfrenta ahora a peligros más endógenos. Estos surgen de adentro mismo del sistema democrático y pueden ser más difíciles de superar. Por otra parte pueden darse casos mixtos, en los cuales se comprueben las dos vulnerabilidades, la que se da frente al poder militar y la que se da cara al estancamiento económico y a la corrupción.
Los casos considerados de crisis ética-económica indican que todos los países de América Latina están expuestos a este síndrome, puesto que se ha dado en países grandes, poderosos y ricos como en los pequeños, débiles y pobres, en los que todavía no han completado el proceso de desmilitarización de su vida política como en los que son democracias aparentemente consolidadas, en Suramérica, la región andina, el Caribe y el Istmo Centroamericano.
Lo que es explosivo en estos casos es la combinación de una crisis moral y una económica. Una crisis económica por sí sola la tendemos a aguantar por más tiempo y una crisis moral por sí sola genera una crítica que no se acompaña necesariamente de acción contundente. Para que se genere una actitud crítica con acción decisiva han de conjugarse ambas crisis de manera que la económica se vea no como producto de fuerzas impersonales, sino como producto por acción u omisión de la responsabilidad o más bien de la irresponsabilidad de los gobernantes. Y se necesita un liderazgo alterno que sea y no sólo se haga pasar por "nuevo", marginado por los sectores más tradicionales del país y no sólo pretendiendo serlo.
Tales cambios de presidente, aún si en estos casos se respetase el ordenamiento constitucional, no conducen automáticamente a una mejoría, a menos que se produzca el ascenso inmediato o eventual de un liderazgo verdaderamente ilustrado y renovador y que la población tome conciencia de que no hay solución sin su participación. Además, en todos estos casos los presidentes depuestos se encuentran sujetos a procesos judiciales. Ello revela un sentido más agudo de la responsabilidad personal que envuelve al liderazgo presidencial, lo que nos aleja del concepto de impunidad que se asociaba con este cargo.
La carencia de ejército en Panamá excluye el primer tipo de derrocamiento. Habríamos estado expuestos a la deposición presidencial del segundo tipo, si la oposición hubiera sido irresponsable o si hubiera surgido un liderazgo opositor populista al margen del existente. Además, las elecciones del 2 de mayo nos ofrecen una esperanza de cambio sin trauma. Nuestra democracia por ello, sin ser invulnerable, tiene la oportunidad de poder rectificar su rumbo moral y económico bajo el nuevo gobierno que sin duda resultará de las próximas elecciones. (ariyan@sinfo.net)
