Denuncias públicas
A diario leemos y escuchamos en los medios de comunicación social las denuncias y contradenuncias que se hacen miembros de oposición y de gobierno, como también de la empresa privada y de los partidos políticos, sobre abusos en la administración pública, el erario público, la seguridad estatal, los derechos humanos, carrera administrativa, licitaciones públicas, etc., pero ninguna surte efecto ante los tribunales de justicia. A pesar que todas las denuncias públicas tienen en el fondo motivos de interés, muchas mueren en su cuna. ¿Qué sería de la dignidad y la Patria si no existieran las denuncias y contradenuncias públicas? Es obvio que por más poder e influencia que tenga el denunciante o denunciado su conciencia y el posible temor a la justicia, les obliga a frenar sus despechos, ambiciones personales, económicas, políticas y gubernamentales.
En ocasiones, los abusos en contra del Estado provienen de la prepotencia de algunos políticos contra el semejante al creerse de que la Patria es un patrimonio a su servicio. Por ello las denuncias públicas son ventajosas como un medio de frenar los abusos, atropellos y el nepotismo. Lo lamentable es que nadie resulta condenado como denunciante o denunciado, resultando burlada la sociedad. Se hace necesaria la creación de una ley de imprescribilidad, o sea que no exista la usual prescripción en los delitos de peculados, enriquecimiento ilícito, no importa la fecha o el período en que se hayan cometido el delito. No importa el monto extraído del Estado de manera ilícita, debe tomarse como un delito punible para proteger con ello los bienes y recursos del país. Las denuncias y contradenuncias deben dársele curso hasta las últimas consecuencias para una completa credibilidad en los tribunales de justicia.
En ocasiones, los abusos en contra del Estado provienen de la prepotencia de algunos políticos contra el semejante al creerse de que la Patria es un patrimonio a su servicio. Por ello las denuncias públicas son ventajosas como un medio de frenar los abusos, atropellos y el nepotismo. Lo lamentable es que nadie resulta condenado como denunciante o denunciado, resultando burlada la sociedad. Se hace necesaria la creación de una ley de imprescribilidad, o sea que no exista la usual prescripción en los delitos de peculados, enriquecimiento ilícito, no importa la fecha o el período en que se hayan cometido el delito. No importa el monto extraído del Estado de manera ilícita, debe tomarse como un delito punible para proteger con ello los bienes y recursos del país. Las denuncias y contradenuncias deben dársele curso hasta las últimas consecuencias para una completa credibilidad en los tribunales de justicia.
