Derecho a la salud sexual y reproductiva
Está en el tapete la propuesta de una Ley Integral de Salud Sexual y Reproductiva.
Sobre cualquier fundamentalismo o ignorancia, debemos empinarnos como país y tener una ley que conduzca al establecimiento de un marco normativo, jurídico que garantice los derechos humanos de la población panameña al pleno goce de su salud sexual y reproductiva, facilite la ejecución eficiente y efectiva del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y de todas las políticas públicas dirigidas a lograr el más alto nivel de salud de la población, como parte de las estrategias y esfuerzos para alcanzar las Metas del Milenio.
La ley, de aprobarse, permitiría la aplicación y desarrollo de intervenciones que favorezcan la asunción y ejecución de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Por ello, instituye al Estado como garante en la defensa de la salud sexual y reproductiva a través de políticas públicas orientadas para tal fin. Promueve la educación sexual mediante programas educativos en las escuelas, a través de la formación en valores y prácticas más humanas y responsables de la sexualidad dirigido a estudiantes en todas las etapas del ciclo vital humano; capacitación en habilidades para la vida; educación académica en fisiología de la sexualidad y reproducción, capacitación sobre prácticas para mantener el cuerpo sano y prevenir embarazos en adolescentes y las enfermedades, y programas dirigidos a padres de familia y docentes.
La ley promueve la paternidad y la maternidad responsables; obliga a la coordinación de los servicios de salud; plantea la creación de mecanismos de capacitación y coordinación entre los profesionales de la salud y educación de los centros educativos para que se constituyan en agentes activos en la promoción de la información necesaria y oportuna. La adecuación de los centros de salud oficiales, para que puedan ofrecer de manera efectiva y eficiente, los servicios de prevención y tratamiento de embarazos y enfermedades, así como la atención a las mujeres embarazadas durante todo el período de gestación.
Obliga al Estado a establecer el respaldo presupuestal para la implementación de la ley. Promueve una cultura humanista y de equidad de la salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital.
La realidad que debemos superar es alarmante y preocupante. Una parte importante de los nacimientos ocurre en madres adolescentes, con consecuencia negativas para su salud y desarrollo. En las mujeres pobres, el embarazo temprano se da en una de cada cuatro mujeres embarazadas. Disminuye la cobertura de la planificación familiar al disminuir el uso de anticonceptivos de 48.8% a 41.9% en el año dos mil. El riesgo del aumento de enfermedades está presente.
Apoyemos decididamente la aprobación de esta ley y seamos ciudadanía vigilante de su cumplimiento.
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