Derechos de las víctimas
Causa dolor ver a humildes familias panameñas afectadas por la omisión en el cumplimiento de sus deberes por parte del sistema de salud, particularmente por la CSS. No es la primera vez que por negligencia inexcusable se producen muertes y afectaciones colectivas a la salud. Recordemos las que se produjeron como consecuencia de las máquinas de diálisis, y aquellas por irradiación, en años muy recientes.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, en esta oportunidad, el Estado ha actuado responsablemente, intentando paliar no sólo el dolor, sino también procurando satisfacer el derecho a la verdad y el derecho a la reparación civil, vía extrajudicial. No obstante, aún falta un importante y por lo visto largo trecho por recorrer en lo relativo a la determinación del verdadero número de víctimas por envenenamiento de medicamentos. Más allá de reconocer lo importante del precedente y la necesidad de promover una ley donde el Estado facilite, en futuros casos, la reparación civil a través de un proceso más expedito, se hace necesario asegurar que el sistema de salud no siga produciendo casos de muertes colectivas; es decir, que otros panameños en el futuro no sufran tan amarga experiencia.
Para ello, una profunda reforma es imperante e impostergable, sin excusas. Hay que poner la inteligencia y la voluntad al servicio del ciudadano. Anchos sectores de la población que usan a diario el sistema tienen derecho a acudir al mismo esperando aceptables niveles de calidad y seguridad. ¿Hasta cuándo la indiferencia, la falta de solidaridad y de controles? Debemos ser inflexibles en tutelar el derecho a la salud, derecho de alta incidencia en la calidad de vida de las personas.
Causa vergüenza observar cómo miles de panameños acuden todos los días a hospitales y clínicas de atención pública y reciben un trato contrario a la dignidad del ser humano. Sin dejar de reconocer el compromiso de médicos que sí muestran un verdadero interés en cumplir con su sagrada misión, hay otros -demasiados diría-, que no atienden su horario de trabajo ocasionando una importante lesión al patrimonio del Estado y perjudicando a quienes acuden a él en búsqueda de auxilio. Hay que agregar el criminal desabastecimiento de medicamentos como evidencia de la pésima administración que pone en riesgo permanente la vida de enfermos crónicos y la demora en las citas e intervenciones quirúrgicas. En fin, mil y un problemas a la espera de verdadera solución.
La Comisión Técnica de Garantes ha presentado a la Presidencia de la República sugerencias y recomendaciones para dar una respuesta adecuada al actual estado de cosas en el sector salud. Esperamos que el intenso debate producido a raíz de la presentación de la llamada Hoja de Ruta produzca los resultados que la población demanda. No nos puede dar parálisis por análisis. En algún momento, quien no se sume a la tarea de proponer en vez de sólo criticar deberá asumir parte de la responsabilidad y cargar moralmente con los muertos y las diarias violaciones al derecho a la salud.
(ex defensor del Pueblo y coordinador de la Comisión de Garantes)
Las autoridades han prometido tomar cartas en el asunto, mientras se desaloja un edificio de este tipo que al poco tiempo vuelve a ser habitado.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, en esta oportunidad, el Estado ha actuado responsablemente, intentando paliar no sólo el dolor, sino también procurando satisfacer el derecho a la verdad y el derecho a la reparación civil, vía extrajudicial. No obstante, aún falta un importante y por lo visto largo trecho por recorrer en lo relativo a la determinación del verdadero número de víctimas por envenenamiento de medicamentos. Más allá de reconocer lo importante del precedente y la necesidad de promover una ley donde el Estado facilite, en futuros casos, la reparación civil a través de un proceso más expedito, se hace necesario asegurar que el sistema de salud no siga produciendo casos de muertes colectivas; es decir, que otros panameños en el futuro no sufran tan amarga experiencia.
Para ello, una profunda reforma es imperante e impostergable, sin excusas. Hay que poner la inteligencia y la voluntad al servicio del ciudadano. Anchos sectores de la población que usan a diario el sistema tienen derecho a acudir al mismo esperando aceptables niveles de calidad y seguridad. ¿Hasta cuándo la indiferencia, la falta de solidaridad y de controles? Debemos ser inflexibles en tutelar el derecho a la salud, derecho de alta incidencia en la calidad de vida de las personas.
Causa vergüenza observar cómo miles de panameños acuden todos los días a hospitales y clínicas de atención pública y reciben un trato contrario a la dignidad del ser humano. Sin dejar de reconocer el compromiso de médicos que sí muestran un verdadero interés en cumplir con su sagrada misión, hay otros -demasiados diría-, que no atienden su horario de trabajo ocasionando una importante lesión al patrimonio del Estado y perjudicando a quienes acuden a él en búsqueda de auxilio. Hay que agregar el criminal desabastecimiento de medicamentos como evidencia de la pésima administración que pone en riesgo permanente la vida de enfermos crónicos y la demora en las citas e intervenciones quirúrgicas. En fin, mil y un problemas a la espera de verdadera solución.
La Comisión Técnica de Garantes ha presentado a la Presidencia de la República sugerencias y recomendaciones para dar una respuesta adecuada al actual estado de cosas en el sector salud. Esperamos que el intenso debate producido a raíz de la presentación de la llamada Hoja de Ruta produzca los resultados que la población demanda. No nos puede dar parálisis por análisis. En algún momento, quien no se sume a la tarea de proponer en vez de sólo criticar deberá asumir parte de la responsabilidad y cargar moralmente con los muertos y las diarias violaciones al derecho a la salud.
(ex defensor del Pueblo y coordinador de la Comisión de Garantes)
Las autoridades han prometido tomar cartas en el asunto, mientras se desaloja un edificio de este tipo que al poco tiempo vuelve a ser habitado.
