Derechos humanos: Libres e iguales
"LA IGNORANCIA, EL olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos".
El mundo entero se llena nuevamente de regocijo al conmemorarse mañana un aniversario más de la proclama de 30 artículos que la Asamblea General de las Naciones Unidas entregó como legado de la humanidad. Al cumplirse 57 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el sentido y el alcance de los principios en ella recogidos, lejos de perder vigencia cobran mayor valor para los centenares de millones de mujeres y hombres que en el planeta tierra libran a diario mil acciones a favor de la libertad, la justicia y la paz.
La búsqueda de la humanidad por lograr el respeto universal y efectivo de sus derechos no ha acabado de comenzar y el contenido de la Declaración Universal debe ser cada día más un instrumento de acción real y, de manera especial, en aquellas sociedades como la nuestra donde el Estado de Derecho es un espejismo y sólo sirve como muletilla para los demagogos en posiciones de poder o en funciones de autoridad. Todos aquellos que nos oponemos a la brutalidad, a la autocracia, a las injusticias que se perpetran en tantos lugares de la tierra, sabemos también que algo ha empezado a cambiar porque cada día somos más los activistas por los Derechos Humanos y cada día se dan más pasos para lograr que los Derechos Humanos sean universales, indivisibles e interdependientes.
Tenemos que ser cada vez más exigentes para que se multiplique por todos los medios, la difusión de los Derechos Humanos en nuestro país y poder así lograr que dicho código de conducta, dicho conjunto de principios, valores y prescripciones que ha contribuido y busca marcar la frontera entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el totalitarismo, entre las condiciones de vida dignas del hombre y las que no corresponden a su dignidad, sean cada vez más conocidas, practicadas y respetadas por todos, gobernantes y gobernados. No podemos seguir tolerando que la educación y la instrucción, el saber y la práctica de los Derechos Humanos no sea para los panameños el conocimiento profundo de cuanto la persona humana significa como base, vértice y fundamento de toda relación de justicia, como sujeto real y activo del derecho y como protagonista principal del orden jurídico.
El Estado panameño está en deuda con los Derechos Humanos de su población, los cuales son constantemente violados al mantener toda una serie de estructuras contrarias a los mismos y por las prácticas de los gobernantes de servir de cómplices y aliados de la corrupción y la impunidad que hoy asolan a la sociedad panameña. Mientras en Panamá se mantengan conductas gubernamentales que vulneran o amenazan a los Derechos Humanos, se está transgrediendo la obligación de hacer cuanto sea posible y necesario para impedir los comportamientos violatorios de los Derechos Humanos. De ahí que los primeros que deben ser educados en los Derechos Humanos son los propios servidores del Estado, empezando por el primer mandatario y sus ministros, así como los rectores del Organo Judicial para que cesen sus actitudes y ataques "basados en el menosprecio y el desconocimiento" que vienen desarrollando en contra de nuestros Derechos Humanos.
Cuando los violadores de los Derechos Humanos escapan, como ocurre en Panamá, a la aplicación de la Ley, al control disciplinario y a la administración de justicia, no sólo se hace patente la ineficacia de las autoridades, sino que aumenta en los ciudadanos la desconfianza hacia loa agentes del Estado. Y al generalizarse dicho sentimiento, aumenta entonces el número de quienes se abstienen de formular quejas y presentar denuncias por hechos que atentan contra sus derechos fundamentales. La impunidad cobra cuerpo y termina enseñoreándose más y más hasta llegar a convertirse en la referencia más acabada de la respetabilidad que hacen gala los verdugos ante sus víctimas.
Deben diseñarse y ejecutarse cuanto antes verdaderas políticas en Derechos Humanos para poder emprender el camino decidido hacia una democracia participativa. El establecimiento de unidades asesoras en todos los ministerios, incluyendo principalmente el Ministerio Público, con funcionarios y ciudadanos particulares verdaderamente versados en el tema, sería un buen punto de partida para que los Derechos Humanos en Panamá nos permitan a todos ser cada vez más libres e iguales.
El mundo entero se llena nuevamente de regocijo al conmemorarse mañana un aniversario más de la proclama de 30 artículos que la Asamblea General de las Naciones Unidas entregó como legado de la humanidad. Al cumplirse 57 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el sentido y el alcance de los principios en ella recogidos, lejos de perder vigencia cobran mayor valor para los centenares de millones de mujeres y hombres que en el planeta tierra libran a diario mil acciones a favor de la libertad, la justicia y la paz.
La búsqueda de la humanidad por lograr el respeto universal y efectivo de sus derechos no ha acabado de comenzar y el contenido de la Declaración Universal debe ser cada día más un instrumento de acción real y, de manera especial, en aquellas sociedades como la nuestra donde el Estado de Derecho es un espejismo y sólo sirve como muletilla para los demagogos en posiciones de poder o en funciones de autoridad. Todos aquellos que nos oponemos a la brutalidad, a la autocracia, a las injusticias que se perpetran en tantos lugares de la tierra, sabemos también que algo ha empezado a cambiar porque cada día somos más los activistas por los Derechos Humanos y cada día se dan más pasos para lograr que los Derechos Humanos sean universales, indivisibles e interdependientes.
Tenemos que ser cada vez más exigentes para que se multiplique por todos los medios, la difusión de los Derechos Humanos en nuestro país y poder así lograr que dicho código de conducta, dicho conjunto de principios, valores y prescripciones que ha contribuido y busca marcar la frontera entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el totalitarismo, entre las condiciones de vida dignas del hombre y las que no corresponden a su dignidad, sean cada vez más conocidas, practicadas y respetadas por todos, gobernantes y gobernados. No podemos seguir tolerando que la educación y la instrucción, el saber y la práctica de los Derechos Humanos no sea para los panameños el conocimiento profundo de cuanto la persona humana significa como base, vértice y fundamento de toda relación de justicia, como sujeto real y activo del derecho y como protagonista principal del orden jurídico.
El Estado panameño está en deuda con los Derechos Humanos de su población, los cuales son constantemente violados al mantener toda una serie de estructuras contrarias a los mismos y por las prácticas de los gobernantes de servir de cómplices y aliados de la corrupción y la impunidad que hoy asolan a la sociedad panameña. Mientras en Panamá se mantengan conductas gubernamentales que vulneran o amenazan a los Derechos Humanos, se está transgrediendo la obligación de hacer cuanto sea posible y necesario para impedir los comportamientos violatorios de los Derechos Humanos. De ahí que los primeros que deben ser educados en los Derechos Humanos son los propios servidores del Estado, empezando por el primer mandatario y sus ministros, así como los rectores del Organo Judicial para que cesen sus actitudes y ataques "basados en el menosprecio y el desconocimiento" que vienen desarrollando en contra de nuestros Derechos Humanos.
Cuando los violadores de los Derechos Humanos escapan, como ocurre en Panamá, a la aplicación de la Ley, al control disciplinario y a la administración de justicia, no sólo se hace patente la ineficacia de las autoridades, sino que aumenta en los ciudadanos la desconfianza hacia loa agentes del Estado. Y al generalizarse dicho sentimiento, aumenta entonces el número de quienes se abstienen de formular quejas y presentar denuncias por hechos que atentan contra sus derechos fundamentales. La impunidad cobra cuerpo y termina enseñoreándose más y más hasta llegar a convertirse en la referencia más acabada de la respetabilidad que hacen gala los verdugos ante sus víctimas.
Deben diseñarse y ejecutarse cuanto antes verdaderas políticas en Derechos Humanos para poder emprender el camino decidido hacia una democracia participativa. El establecimiento de unidades asesoras en todos los ministerios, incluyendo principalmente el Ministerio Público, con funcionarios y ciudadanos particulares verdaderamente versados en el tema, sería un buen punto de partida para que los Derechos Humanos en Panamá nos permitan a todos ser cada vez más libres e iguales.
