Derechos humanos y Perú
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha negado al gobierno peruano por inadmisible, el recurso de retiro de la competencia contenciosa del fallo sobre el encausamiento de terroristas con el debido proceso y ha reafirmado su derecho a pronunciarse sobre otros dos casos clamorosamente polémicos: el caso del ciudadano Baruch Ivcher, despojado de la nacionalidad peruana y de la propiedad del Canal 2 y de los magistrados separados del Tribunal Constitucional por pronunciarse en sentido negativo al reeleccionismo presidencial.
El gobierno peruano ha reaccionado, devolviendo el fallo a la Corte y declarando que no lo acatará. Lamentable decisión. La vigencia universal de los derechos humanos no solamente es reconocida en la región sino en todo el mundo, conforme lo establece la declaración universal aprobada por los estados miembros de la ONU.
Al contrario de lo que exponen las autoridades peruanas en sus alegatos, la Corte Interamericana no está cercando al país sudamericano sino que él mismo ha creado una situación de autocercamiento, vale decir de desconocimiento y marginación unilateral y voluntaria de la competencia contenciosa del tribunal que lo coloca en indeseable soledad jurídica dentro de la comunidad internacional.
La Corte ha aclarado que no demanda la nulidad de los procesos a los terroristas, ni mucho menos su liberación, sino que exhorta a que los juicios se reencausen dentro del debido proceso. Si los delitos de los terroristas son delitos de lesa humanidad, las autoridades peruanas no debieran oponerse a que los juicios se efectúen en tribunales ordinarios, dentro de las formalidades procesales que permiten la actuación de abogados defensores y las garantías de ley. En el mismo sentido podríamos pronunciarnos sobre la revisión de las sentencias que privaron al opositor Baruch Ivcher de sus derechos y a los magistrados del Tribunal Constitucional, separados por opinar en contra de la reelección de Fujimori por tres períodos sucesivos. Cuando los intereses políticos se interponen al imperio del derecho, como en estos casos,
se engendran situaciones anómalas que, a la postre, revierten y embisten a sus progenitores con la contundencia de un boomerang.
El gobierno peruano ha reaccionado, devolviendo el fallo a la Corte y declarando que no lo acatará. Lamentable decisión. La vigencia universal de los derechos humanos no solamente es reconocida en la región sino en todo el mundo, conforme lo establece la declaración universal aprobada por los estados miembros de la ONU.
Al contrario de lo que exponen las autoridades peruanas en sus alegatos, la Corte Interamericana no está cercando al país sudamericano sino que él mismo ha creado una situación de autocercamiento, vale decir de desconocimiento y marginación unilateral y voluntaria de la competencia contenciosa del tribunal que lo coloca en indeseable soledad jurídica dentro de la comunidad internacional.
La Corte ha aclarado que no demanda la nulidad de los procesos a los terroristas, ni mucho menos su liberación, sino que exhorta a que los juicios se reencausen dentro del debido proceso. Si los delitos de los terroristas son delitos de lesa humanidad, las autoridades peruanas no debieran oponerse a que los juicios se efectúen en tribunales ordinarios, dentro de las formalidades procesales que permiten la actuación de abogados defensores y las garantías de ley. En el mismo sentido podríamos pronunciarnos sobre la revisión de las sentencias que privaron al opositor Baruch Ivcher de sus derechos y a los magistrados del Tribunal Constitucional, separados por opinar en contra de la reelección de Fujimori por tres períodos sucesivos. Cuando los intereses políticos se interponen al imperio del derecho, como en estos casos,
se engendran situaciones anómalas que, a la postre, revierten y embisten a sus progenitores con la contundencia de un boomerang.
