Derechos humanos y sistema carcelario
Para nadie es un secreto que las cárceles en Panamá son no solo unas “universidades del crimen” en donde no existe casi ninguna posibilidad de resocialización del delincuente sino, de igual forma, una fuente inagotable de la violación de los derechos humanos de la población carcelaria que solo por el hecho de vivir en las condiciones infrahumanas en las que se ven obligados a vivir, esto deviene en una forma de tortura inaceptable en una sociedad democrática.
Es lamentable que ni jueces ni fiscales traten de supervisar eficazmente las actuaciones de los custodios oficiales y las condiciones carcelarias como ordena la ley; así como, que las autoridades del Ejecutivo sigan con una política penitenciaria en donde solo cabe el mal denominado principio de “orden y disciplina” como tratamiento a seguir para los privados de libertad.
Por ello, como activista de los derechos humanos me siento complacido por los anuncios del Ministro de Gobierno y Justicia de que se destinaran unos fondos importantes para la construcción de nuevos centros penitenciarios en nuestro país lo cual es un primer paso en la dirección correcta para mejorar y humanizar al sistema carcelario y que debería incluir fondos para capacitar adecuadamente a los custodios en aras de proteger los derechos humanos de los detenidos y detenidas.
Sin embargo, considero que todos esos esfuerzos institucionales se verían reforzados si Panamá suscribiera el “Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas” ya que el mismo prevé un doble sistema para la prevención de la tortura: por una parte, la creación de un Subcomité internacional, constituido por expertos de varios países y, por otra parte, el establecimiento en cada uno de los Estados partes de un Mecanismo Nacional de Prevención, que es el organismo que debe asumir el peso de la prevención de la tortura mediante la realización de visitas periódicas a los lugares de detención.
Este documento internacional establece apoyos a los Estados que se encuentren en situación de violación de los derechos humanos de la población penitenciaria por parte del subcomité internacional a través de informes in situ de carácter confidenciales pero a la vez compromete a los mismos a que a nivel nacional mantenga, designe o cree “uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional”.
De este modo, podríamos vernos beneficiados a través de la cooperación internacional de las Naciones Unidas contaríamos con herramientas efectivas para establecer procedimientos de investigación y documentación eficaces de casos de torturas y malos tratos así como los fallecimientos irregulares para un correcto monitoreo del desempeño de los distintos centros de detención para con ello dejar atrás a los sitios de torturas en que son las cárceles panameñas y convertirlos en centros de resocialización.
