Derechos que no son privilegios
Contrario a lo ofrecido por los que impulsan el actual modelo de crecimiento económico, nuestra sociedad se hace más injusta y excluyente, se deteriora la calidad de vida y muchas personas viven en situación de supervivencia. El modelo que vivimos aparece como incluyente en lo político electoral, pero es altamente concentrador y excluyente en lo económico social. La privatización, globalización y el mercado expropian el poder de los(las) ciudadanos(as) y del Estado, y trasladan toda la capacidad de decidir al mercado, o fuera del país o en manos de unos cuantos. El modelo no está en condiciones de ofrecer empleo, mejoras salariales, salud, educación ni seguridad social para todos(as). Es excluyente de los trabajadores(as) en término de acuerdo social, y sólo los incluye como ciudadanos(as) votantes, puramente electores. Incluso se señala como privilegios, las conquistas. No hay que olvidar que los derechos ganados en la lucha de décadas no son privilegios, sino escalones hacia una merecida vida digna.
El movimiento sindical se ve debilitado en ocasiones, pues en sus estructuras internas han campeado las prácticas autoritarias, corrupción, atomización y ausencia de perspectiva sociopolítica, aislándose del resto de la sociedad civil organizada como lo bien lo aceptan muchos de sus dirigentes conscientes.
Los niveles de organización y afiliación sindical han disminuido apreciablemente y el movimiento laboral enfrenta el desafío de sostenerse, estructurar una unidad real, escapar del clientelismo político, la manipulación, y ampliar su cobertura además de los asalariados del sector formal, al sector informal, subempleado y desempleado de la ciudad y el campo.
No hay excusa, el crecimiento económico no puede desenvolverse separado de la equidad, la justicia social y el medio ambiente, pues sino es sólo un embudo donde lo ancho es para unos cuantos y lo angosto para muchos, provocando olas tormentosas que se vuelven contra los que muchas veces proclaman discursos que se niegan en su práctica concreta. Sería interesante encontrar en los planes de gobierno de los partidos políticos repuestas a los problemas laborales, y la firme decisión de abrir la participación a los trabajadores a la par de otros sectores sociales, en los mecanismos de consulta y de toma de decisión sobre temas que nos afectan, entre otras:
La implementación de una vez por todas de la carrera administrativa, con su respectivo Manual de Clases y la escala general de sueldos.
La revisión de los regímenes especiales existentes en las zonas francas y maquiladoras, ya que no establecen un marco mínimo de condiciones para el funcionamiento de esas zonas, donde se garanticen los derechos laborales básicos en correspondencia con la legislación laboral nacional e internacional.
El mantenimiento de los derechos y espacios de libre organización sindical en las empresas privatizadas, y el compromiso de que esas empresas brinden servicios eficientes y accesibles a la población, en especial en los sectores más apartados.
El establecimiento de, una vez por todas, un salario mínimo acorde al costo de la canasta básica, y apartar toda posibilidad de colocar el salario al vaivén del mercado.
La garantía como no negociable la cláusula social que inserte los derechos básicos de los trabajadores panameños para los efectos de cualquier negociación o acuerdo internacional, negando así la posibilidad de una desregulación laboral en el predominio de la ley de la oferta y de la demanda.
El establecimiento de estrategias nacionales para la promoción de empleos efectivos y de adecuada remuneración, para superar la alta tasa de desempleo actual y el subempleo que afecta a número importante de ciudadanos.
Pero la agenda laboral debe ampliarse a una agenda social amplia en conjunto con la sociedad civil que eche las bases de un modelo de desarrollo con equidad, descentralización, ambiente y género. El tema de la ética no puede faltar, sobre todo cuando hoy la corrupción se pasea oronda por los caminos del país.
(raulleisr@hotmail.com)