Desacatar el desacato
"Quien ofenda públicamente al ciudadano panameño insistiendo en arrestar sin juicio previo por desacato, será arrestado también sin juicio previo por mentecato". Propongo este artículo único para un proyecto de ley, por la cual se sanciona a los que hacen de la arbitrariedad un dogma de fe. ¿No es una ofensa contra las normas de convivencia social imponer arrestos sin un debido proceso? Por ello pienso que quien insista en aplicarlas es quien verdaderamente irrespeta. Habría que arrestar a todo procurador o a todo magistrado de la Corte, (y cosas peores que nos gobiernen), que nos intenten imponer una ley ortiga.
Y llamo ley ortiga a esas normas de desacato, porque aquí muchos han protestado por lo que ocurrió a una profesora (que debió rascarse mucho en Kuna Yala), pero no ven que un funcionario público que arresta sin enjuiciar a un ciudadano que se exprese en un medio, defiende la coronación de la arbitrariedad. Si los funcionarios públicos, quienes insisten en arrestar sin juicio, fueran jefes indígenas, seguramente abogarían por un artículo en el Código Penal de Kuna Yala, que disponga la pena de ortiga inconmutable, contra quien los irrespete públicamente.
Yo puedo comenzar a entender el sentimiento de los particulares que defienden la penalización de la calumnia o injuria, durante la coyuntura en que se sienten ofendidos sin aparente solución. Se sienten impotentes ante quienes los calumnian. Lo que no entiendo es que los funcionarios públicos, quienes por la naturaleza del trabajo que eligieron practicar, desenvainen normas que penalizan la calumnia. Ya estos funcionarios se despenalizaron, porque no les da pena imponer castigos propios de rábulas que ostentan cargos públicos.
Protesto también por la decisión adoptada contra Marcel Chery, y por aquella que le amenazan imponer a otros periodistas, por el simple hecho de reproducir acusaciones que otros hacen, o transcribir documentos oficiales que otros validan. Es como si una madre enviara a su hijo a comprar una carimañola y cuando éste se la trae, ella descubre (tras ingerirla) que adentro estaba dañada y le impone al niño dos años de cárcel en las mazmorras de Marruecos. ¿Qué iba a saber el niño que esa carimañola estaba dañada? ¿Qué podía saber el reportero de la acusación que otro le da, haciéndose responsable de lo que dice? Imagine usted que a un periodista se le acusara, por ejemplo, de cada declaración que hizo Endara días atrás ¿Qué periodista entrevistaría a Endara si es amenazado de pagar penalmente por lo que le dijo a Martinelli, por ejemplo? Se fomentaría una autocensura.
Los ejemplos se desbordan. Pienso que el periodista debe buscar la mayoría de las veces la contraparte antes de publicar acusaciones, aun si ellas vienen de documentos públicos, o de una persona que las hace presentándose responsable de lo que dice. Si no lo hace, lo mejor es que esté bien fundamentado en documentos, o se ciña a lo que la persona acusadora dice exactamente.
Hoy la libre expresión está asfixiada bajo una llave de lucha libre. Está aprisionada bajo la axila de las normas como el Código Penal, las leyes de desacato, y las normas que imponen responsabilidad solidaria por publicaciones que cada quien debiera sólo asumir con su nombre. Yo creo que debe haber periodismo responsable, pero eso no se va a lograr imponiendo normas irresponsables. Si fallan "con malicia", pues que sean juzgados conforme a leyes que impongan castigos civilizados. ¿Qué tal, por ejemplo, castigar a los infractores con trabajos comunitarios, y si son reincidentes con la misma persona y con la misma acusación, pensar en otra cosa más severa? Eso evitaría que quien tenga dinero pueda calumniar y ser absuelto por dinero.
Los organismos de Derechos Humanos reconocen que la libertad de expresión tiene su límite en el derecho que asiste a las personas en su honra. Si el denunciante falla, se atendrá a "responsabilidades ulteriores" previamente fijadas por ley. Pero estas leyes no pueden imponer que se machuque un dedo a quien escribe, se le haga flecos la lengua a quien hable, o se le planche la cara a quien la arrugue haciendo muecas de burla. Una de las cosas que resultan de la cárcel para los periodistas es que llega un presidente que quiera congraciarse con ellos y los indulta. Luego, ¿no le quedaría al indultado algo de agradecimiento con el gobierno al que tendría que criticar? Debe haber periodistas responsables (y no los que ni por equivocación pueden decir una verdad), pero también políticos responsables (y no los que pudieron hacer algo en el poder evitando lo que hoy critican), magistrados responsables (y no los que emiten malos fallos con peores fallas), abogados responsables (y no los rábulas que llegan a cargos públicos y reprimen), dirigentes gremiales responsables (y no los que son pagados por gobiernos y neutralizan sus críticas). Yo creo que las respectivas agrupaciones deberán depurar a quienes bautizan (lo que tocan) con el nombre de Juana Ramos, pero no por hacer esa limpieza, debemos quedar bautizando con lo que rima.
Y llamo ley ortiga a esas normas de desacato, porque aquí muchos han protestado por lo que ocurrió a una profesora (que debió rascarse mucho en Kuna Yala), pero no ven que un funcionario público que arresta sin enjuiciar a un ciudadano que se exprese en un medio, defiende la coronación de la arbitrariedad. Si los funcionarios públicos, quienes insisten en arrestar sin juicio, fueran jefes indígenas, seguramente abogarían por un artículo en el Código Penal de Kuna Yala, que disponga la pena de ortiga inconmutable, contra quien los irrespete públicamente.
Yo puedo comenzar a entender el sentimiento de los particulares que defienden la penalización de la calumnia o injuria, durante la coyuntura en que se sienten ofendidos sin aparente solución. Se sienten impotentes ante quienes los calumnian. Lo que no entiendo es que los funcionarios públicos, quienes por la naturaleza del trabajo que eligieron practicar, desenvainen normas que penalizan la calumnia. Ya estos funcionarios se despenalizaron, porque no les da pena imponer castigos propios de rábulas que ostentan cargos públicos.
Protesto también por la decisión adoptada contra Marcel Chery, y por aquella que le amenazan imponer a otros periodistas, por el simple hecho de reproducir acusaciones que otros hacen, o transcribir documentos oficiales que otros validan. Es como si una madre enviara a su hijo a comprar una carimañola y cuando éste se la trae, ella descubre (tras ingerirla) que adentro estaba dañada y le impone al niño dos años de cárcel en las mazmorras de Marruecos. ¿Qué iba a saber el niño que esa carimañola estaba dañada? ¿Qué podía saber el reportero de la acusación que otro le da, haciéndose responsable de lo que dice? Imagine usted que a un periodista se le acusara, por ejemplo, de cada declaración que hizo Endara días atrás ¿Qué periodista entrevistaría a Endara si es amenazado de pagar penalmente por lo que le dijo a Martinelli, por ejemplo? Se fomentaría una autocensura.
Los ejemplos se desbordan. Pienso que el periodista debe buscar la mayoría de las veces la contraparte antes de publicar acusaciones, aun si ellas vienen de documentos públicos, o de una persona que las hace presentándose responsable de lo que dice. Si no lo hace, lo mejor es que esté bien fundamentado en documentos, o se ciña a lo que la persona acusadora dice exactamente.
Hoy la libre expresión está asfixiada bajo una llave de lucha libre. Está aprisionada bajo la axila de las normas como el Código Penal, las leyes de desacato, y las normas que imponen responsabilidad solidaria por publicaciones que cada quien debiera sólo asumir con su nombre. Yo creo que debe haber periodismo responsable, pero eso no se va a lograr imponiendo normas irresponsables. Si fallan "con malicia", pues que sean juzgados conforme a leyes que impongan castigos civilizados. ¿Qué tal, por ejemplo, castigar a los infractores con trabajos comunitarios, y si son reincidentes con la misma persona y con la misma acusación, pensar en otra cosa más severa? Eso evitaría que quien tenga dinero pueda calumniar y ser absuelto por dinero.
Los organismos de Derechos Humanos reconocen que la libertad de expresión tiene su límite en el derecho que asiste a las personas en su honra. Si el denunciante falla, se atendrá a "responsabilidades ulteriores" previamente fijadas por ley. Pero estas leyes no pueden imponer que se machuque un dedo a quien escribe, se le haga flecos la lengua a quien hable, o se le planche la cara a quien la arrugue haciendo muecas de burla. Una de las cosas que resultan de la cárcel para los periodistas es que llega un presidente que quiera congraciarse con ellos y los indulta. Luego, ¿no le quedaría al indultado algo de agradecimiento con el gobierno al que tendría que criticar? Debe haber periodistas responsables (y no los que ni por equivocación pueden decir una verdad), pero también políticos responsables (y no los que pudieron hacer algo en el poder evitando lo que hoy critican), magistrados responsables (y no los que emiten malos fallos con peores fallas), abogados responsables (y no los rábulas que llegan a cargos públicos y reprimen), dirigentes gremiales responsables (y no los que son pagados por gobiernos y neutralizan sus críticas). Yo creo que las respectivas agrupaciones deberán depurar a quienes bautizan (lo que tocan) con el nombre de Juana Ramos, pero no por hacer esa limpieza, debemos quedar bautizando con lo que rima.
