Desaciertos del proceso de reforma tributaria
Hace ya muchos años y con mayor insistencia a partir de 1996, las instituciones financieras internacionales señalaron la necesidad de reformar integralmente el sistema tributario panameño. Conscientes que en efecto el tema era de importancia para Panamá y que debía evitar la tentación de quienes promovían la reforma desde afuera de imponer una "solución" foránea, el gobierno anterior culmina en el mes de mayo de 1999 dos documentos que debían servir de base para una futura reforma tributaria: el "Diagnóstico del Sistema Tributario de Panamá" y la "Propuesta para la Simplificación del Sistema Tributario de Panamá", los cuales fueron entregados y explicados dentro del proceso de transición que, aunque no se quiera reconocer, en efecto se dio entre el equipo económico del gobierno saliente y el que entraba.
Aclarado el hecho que el actual gobierno conocía de la reforma tributaria y sus antecedentes desde antes de tomar posesión, parece incomprensible la actitud que hasta el momento ha mantenido sobre el tema. Desde septiembre de 1999 sólo se han escuchado de los funcionarios competentes frases contradictorias, que provocan incertidumbre en la población y muy especialmente en los grupos que se consideran pueden ser los más afectados con esta medida. El punto máximo de este estado de temor por el desconocimiento de las verdaderas intenciones del gobierno, se dio a finales del mes de diciembre del año recién pasado, cuando al mismo tiempo que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas trataban de justificar el hecho que en el presupuesto se contemplasen 28 millones de balboas producto de la reforma tributaria, el Vicepresidente de la República declaraba que no se tenía contemplada tal reforma.
Como es obvio, la incertidumbre es uno de los elementos que más puede perjudicar a una economía y muy en especial si la misma pasa por un momento difícil. Pero esa no es la peor consecuencia del actuar errático del gobierno nacional en este tema, la misma la constituye la posibilidad ya mencionada que se nos quieran imponer "soluciones" foráneas que distan mucho de los intereses de nuestro pueblo. A la fecha, a pesar que el gobierno cuenta con un presupuesto que contemplan ingresos producto de la reforma tributaria para el segundo semestre del año y que se da como un hecho un llamado "foro económico", todavía los representantes de la empresa privada manifiestan desconocer el contenido de la reforma.
Si se quiere llegar a un consenso nacional en esta materia, como lo ha manifestado el gobierno y es en efecto esencial para que la reforma sea positiva para todos los sectores de nuestra sociedad, ¿qué esperamos para empezar el debate si el tiempo definitivamente no nos sobra?. Hoy más que nunca, dada nuestra situación económica, todas las medidas que se tomen tienen que ser producto de un profundo análisis multisectorial y contextual, especialmente en cuanto a sus consecuencias, pues de otro modo, el remedio puede ser peor que la enfermedad. De nada servirá una reforma que en el papel vaya a producir una mayor recaudación si en la práctica afecta negativamente la actividad productiva y las inversiones.
La reforma tampoco sirve, aunque logre producir los esperados recursos adicionales, si éstos no llegan al que debe ser su principal beneficiario, el ser humano, que menos tiene y que es víctima de la pésima y vergonzosa distribución de la riqueza que existe en nuestro país. En este sentido, la población en general se pregunta si es de justicia aprobar un instrumento jurídico que tiene la intención manifiesta de aumentar los recursos económicos con los que cuenta el gobierno, ante la percepción que el mismo no ha sido serio en el manejo de aquellos recursos con los que actualmente cuenta. Casos como el de los tristemente célebres autos Cadillac, los relojes Cartier y los viajes y "partidas discrecionales" que tanto se criticaron al gobierno anterior, contribuyeron con esta impresión de poca disciplina económica que da el actual gobierno.
Existe gran cantidad de medidas para reducir el gasto público y que son conocidas por el Gobierno Nacional, pues las enumeró repetidamente durante la pasada campaña electoral, sólo falta que las pongan en práctica para ir rectificando errores anteriores y por lo tanto, creando un ambiente más propicio para la discusión de una reforma tributaria.
Conociendo las profundas deficiencias que caracterizan a nuestro sistema tributario y cómo las mismas afectan negativamente nuestras posibilidades de desarrollo, en principio no podemos estar opuestos a la reforma, pero sí a que la misma no tenga los objetivos adecuados y se realice bajo las condiciones y en el momento equivocados.
Cualquier iniciativa de solución de problemas que nace con todas las posibilidades de ser exitosa, puede en el camino impregnarse de elementos negativos que la vayan desnaturalizando y la conviertan en un nuevo problema, lo cual desvirtúa las razones originales de su concepción y la hacen no sólo innecesaria, sino indeseable. Si no se demuestra que la reforma redundará en beneficio directo para el pueblo marginado, muy irresponsables seríamos en aprobarla.
Aclarado el hecho que el actual gobierno conocía de la reforma tributaria y sus antecedentes desde antes de tomar posesión, parece incomprensible la actitud que hasta el momento ha mantenido sobre el tema. Desde septiembre de 1999 sólo se han escuchado de los funcionarios competentes frases contradictorias, que provocan incertidumbre en la población y muy especialmente en los grupos que se consideran pueden ser los más afectados con esta medida. El punto máximo de este estado de temor por el desconocimiento de las verdaderas intenciones del gobierno, se dio a finales del mes de diciembre del año recién pasado, cuando al mismo tiempo que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas trataban de justificar el hecho que en el presupuesto se contemplasen 28 millones de balboas producto de la reforma tributaria, el Vicepresidente de la República declaraba que no se tenía contemplada tal reforma.
Como es obvio, la incertidumbre es uno de los elementos que más puede perjudicar a una economía y muy en especial si la misma pasa por un momento difícil. Pero esa no es la peor consecuencia del actuar errático del gobierno nacional en este tema, la misma la constituye la posibilidad ya mencionada que se nos quieran imponer "soluciones" foráneas que distan mucho de los intereses de nuestro pueblo. A la fecha, a pesar que el gobierno cuenta con un presupuesto que contemplan ingresos producto de la reforma tributaria para el segundo semestre del año y que se da como un hecho un llamado "foro económico", todavía los representantes de la empresa privada manifiestan desconocer el contenido de la reforma.
Si se quiere llegar a un consenso nacional en esta materia, como lo ha manifestado el gobierno y es en efecto esencial para que la reforma sea positiva para todos los sectores de nuestra sociedad, ¿qué esperamos para empezar el debate si el tiempo definitivamente no nos sobra?. Hoy más que nunca, dada nuestra situación económica, todas las medidas que se tomen tienen que ser producto de un profundo análisis multisectorial y contextual, especialmente en cuanto a sus consecuencias, pues de otro modo, el remedio puede ser peor que la enfermedad. De nada servirá una reforma que en el papel vaya a producir una mayor recaudación si en la práctica afecta negativamente la actividad productiva y las inversiones.
La reforma tampoco sirve, aunque logre producir los esperados recursos adicionales, si éstos no llegan al que debe ser su principal beneficiario, el ser humano, que menos tiene y que es víctima de la pésima y vergonzosa distribución de la riqueza que existe en nuestro país. En este sentido, la población en general se pregunta si es de justicia aprobar un instrumento jurídico que tiene la intención manifiesta de aumentar los recursos económicos con los que cuenta el gobierno, ante la percepción que el mismo no ha sido serio en el manejo de aquellos recursos con los que actualmente cuenta. Casos como el de los tristemente célebres autos Cadillac, los relojes Cartier y los viajes y "partidas discrecionales" que tanto se criticaron al gobierno anterior, contribuyeron con esta impresión de poca disciplina económica que da el actual gobierno.
Existe gran cantidad de medidas para reducir el gasto público y que son conocidas por el Gobierno Nacional, pues las enumeró repetidamente durante la pasada campaña electoral, sólo falta que las pongan en práctica para ir rectificando errores anteriores y por lo tanto, creando un ambiente más propicio para la discusión de una reforma tributaria.
Conociendo las profundas deficiencias que caracterizan a nuestro sistema tributario y cómo las mismas afectan negativamente nuestras posibilidades de desarrollo, en principio no podemos estar opuestos a la reforma, pero sí a que la misma no tenga los objetivos adecuados y se realice bajo las condiciones y en el momento equivocados.
Cualquier iniciativa de solución de problemas que nace con todas las posibilidades de ser exitosa, puede en el camino impregnarse de elementos negativos que la vayan desnaturalizando y la conviertan en un nuevo problema, lo cual desvirtúa las razones originales de su concepción y la hacen no sólo innecesaria, sino indeseable. Si no se demuestra que la reforma redundará en beneficio directo para el pueblo marginado, muy irresponsables seríamos en aprobarla.
