Desafío Electoral
Durante las últimas semanas, y más a medida que se acerca la fecha de las elecciones en mayo, se ha dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación social, amplia información sobre lo que cada uno de los candidatos postulados para el cargo de presidente, se propone ejecutar de ser elegido.
Se trata, en mi opinión, de programas verdaderamente ambiciosos en todos los casos, si se toma en cuenta la realidad política, financiera y administrativa del Estado, agravada ya por razón de las limitaciones que su régimen jurídico le impone en sus actuaciones.
Si los deseos fueran el único ingrediente que se requiere para provocar los cambios propuestos, a fin de lograr la prosperidad y desarrollo del país, que es el común denominador de lo expuesto por los candidatos o sus representantes, ya habríamos salido desde hace mucho tiempo de los problemas actuales que tienen sumida en la pobreza a más de la mitad de nuestra población, con énfasis en la que reside en las áreas rurales. Pero si bien es cierto que esta afirmación no admite discusión, ello no nos exime de la obligación patriótica que tenemos de contribuir, con independencia de consignas políticas partidistas, a concretar en realidad los planes de gobierno de los que el voto popular los elija para ejercer el poder público en mayo, siempre que ellos tengan como única mira el bien común de la mayoría de los panameños.
Entre las promesas que más se han reiterado por los aspirantes a ocupar la primera magistratura de la Nación, está la lucha contra la corrupción, pero sin definir con claridad el alcance de este elusivo compromiso, tan difícil de llevar a la práctica por las exigencias legales que se deben atender en su aplicación, entre otras, la de cumplir con el debido proceso y la de respetar la presunción de inocencia de los que son señalados como presuntos corruptos, a pesar de que la opinión pública los haya identificado como tales por sus actuaciones.
Y es que una cosa muy diferente es la que podríamos llamar "corrupción legal", luego de probarla ante los tribunales de justicia, y otra la que denominaríamos "corrupción moral", que aunque no admite acción jurídica contra ella, sí podría combatirse eliminando de su posible participación en el gobierno de turno, a los señalados por el índice acusador de la opinión ciudadana. Después de todo, aún no ha perdido vigencia el conocido proverbio que dice: "La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino además aparentarlo". Esto es lo menos que pueden hacer aquellos que como los actuales candidatos presidenciales han declarado que combatirán, con todos los medios a su alcance, la corrupción con total imparcialidad política.
Y como no dudo de la honestidad de cada uno de ellos, estoy convencido que dejarán de lado las consignas partidistas cuando ellas riñan con el concepto de lo que he denominado como "corrupción moral". Los reto, pues, a que recojan el guante que les he lanzado y se comprometan, sin reticencia alguna, como ya lo he señalado, a ni siquiera considerar para integrarlos a la planilla estatal, a personas que todavía siendo íntegros no cumplan del todo los requisitos técnicos, exigidos para poder desempeñar, con la suficiente eficiencia y acierto posibles, el cargo para el cual se les ha considerado, ya que de lo contrario estarían aceptando una forma disfrazada de corrupción moral.
Se trata, en concreto, como ejemplo de sólo designar a un reconocido experto en la dirección titular del Ministerio de Vivienda, a un ingeniero civil como ministro de Obras Públicas, a un doctor en medicina para el cargo de ministro de Salud, o a un economista a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero además sin desestimar por razones partidistas a los verdaderos expertos en la materia al seleccionar a los jefes de los diferentes entes especializados del Estado, lo que ha conducido al no actuarse de esta manera en numerosas ocasiones, a que por inercia tal error se asuma normal y aceptable también en el caso de las posiciones subalternas.
Estoy seguro de que todos los partidos políticos cuentan con un amplio caudal de profesionales honestos y con la debida preparación y experiencia requeridas. Se trata, entonces, de empezar a romper viejos esquemas electorales, en procura de modernizar y optimizar la administración pública, como resultado de una nueva elección popular.
Exijamos, pues, a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre lo aquí expuesto y respaldemos al de nuestra simpatía sólo si se compromete a hacerlo realidad, presentando antes de las próximas elecciones la nómina completa de los que pretenden nombrar en estos importantes cargos.
Se trata, en mi opinión, de programas verdaderamente ambiciosos en todos los casos, si se toma en cuenta la realidad política, financiera y administrativa del Estado, agravada ya por razón de las limitaciones que su régimen jurídico le impone en sus actuaciones.
Si los deseos fueran el único ingrediente que se requiere para provocar los cambios propuestos, a fin de lograr la prosperidad y desarrollo del país, que es el común denominador de lo expuesto por los candidatos o sus representantes, ya habríamos salido desde hace mucho tiempo de los problemas actuales que tienen sumida en la pobreza a más de la mitad de nuestra población, con énfasis en la que reside en las áreas rurales. Pero si bien es cierto que esta afirmación no admite discusión, ello no nos exime de la obligación patriótica que tenemos de contribuir, con independencia de consignas políticas partidistas, a concretar en realidad los planes de gobierno de los que el voto popular los elija para ejercer el poder público en mayo, siempre que ellos tengan como única mira el bien común de la mayoría de los panameños.
Entre las promesas que más se han reiterado por los aspirantes a ocupar la primera magistratura de la Nación, está la lucha contra la corrupción, pero sin definir con claridad el alcance de este elusivo compromiso, tan difícil de llevar a la práctica por las exigencias legales que se deben atender en su aplicación, entre otras, la de cumplir con el debido proceso y la de respetar la presunción de inocencia de los que son señalados como presuntos corruptos, a pesar de que la opinión pública los haya identificado como tales por sus actuaciones.
Y es que una cosa muy diferente es la que podríamos llamar "corrupción legal", luego de probarla ante los tribunales de justicia, y otra la que denominaríamos "corrupción moral", que aunque no admite acción jurídica contra ella, sí podría combatirse eliminando de su posible participación en el gobierno de turno, a los señalados por el índice acusador de la opinión ciudadana. Después de todo, aún no ha perdido vigencia el conocido proverbio que dice: "La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino además aparentarlo". Esto es lo menos que pueden hacer aquellos que como los actuales candidatos presidenciales han declarado que combatirán, con todos los medios a su alcance, la corrupción con total imparcialidad política.
Y como no dudo de la honestidad de cada uno de ellos, estoy convencido que dejarán de lado las consignas partidistas cuando ellas riñan con el concepto de lo que he denominado como "corrupción moral". Los reto, pues, a que recojan el guante que les he lanzado y se comprometan, sin reticencia alguna, como ya lo he señalado, a ni siquiera considerar para integrarlos a la planilla estatal, a personas que todavía siendo íntegros no cumplan del todo los requisitos técnicos, exigidos para poder desempeñar, con la suficiente eficiencia y acierto posibles, el cargo para el cual se les ha considerado, ya que de lo contrario estarían aceptando una forma disfrazada de corrupción moral.
Se trata, en concreto, como ejemplo de sólo designar a un reconocido experto en la dirección titular del Ministerio de Vivienda, a un ingeniero civil como ministro de Obras Públicas, a un doctor en medicina para el cargo de ministro de Salud, o a un economista a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero además sin desestimar por razones partidistas a los verdaderos expertos en la materia al seleccionar a los jefes de los diferentes entes especializados del Estado, lo que ha conducido al no actuarse de esta manera en numerosas ocasiones, a que por inercia tal error se asuma normal y aceptable también en el caso de las posiciones subalternas.
Estoy seguro de que todos los partidos políticos cuentan con un amplio caudal de profesionales honestos y con la debida preparación y experiencia requeridas. Se trata, entonces, de empezar a romper viejos esquemas electorales, en procura de modernizar y optimizar la administración pública, como resultado de una nueva elección popular.
Exijamos, pues, a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre lo aquí expuesto y respaldemos al de nuestra simpatía sólo si se compromete a hacerlo realidad, presentando antes de las próximas elecciones la nómina completa de los que pretenden nombrar en estos importantes cargos.
