Desarrollo humano y CSS
De acuerdo a los documentos de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, Panamá se situaba en 1999 en el puesto No. 49 a nivel mundial y en el 2003, en el puesto No. 59. Es claro el legado del gobierno anterior, el país ha retrocedido en 10 puntos (o puestos ) en su desarrollo humano. Por ello, no es de extrañar el incremento de la pobreza que alcanza los niveles del 40%, el aumento de la población sin acceso a la salud (cercana al 25%), la deserción escolar (cercana al 20%), el aumento de la mendicidad y del trabajo informal.
En materia de Seguridad Social, el país está en los niveles correspondientes a 1980 en cuanto a la cobertura de la población económicamente activa (52.8), con una reducción significativa de la población cubierta en relación a la población total del país (60%); igualmente la relación asegurados activos/ pensionados actual (4.4) está por debajo de la de 1970 (12.9), e incluso de la existente en 1980 (7.4). Esto ocurre en un escenario demográfico que juega a favor de la seguridad social, ya que cerca del 65% de la población se encuentra en grado de trabajar.
La problemática de la CSS no es el producto de aspectos de carácter demográfico , como algunos falsarios de la Seguridad Social han planteado. Por otro lado, algunos apologistas de la seguridad social de mercado señalan que el problema de la CSS es, además, el producto del aumento de la esperanza de vida, sólo que esconden que se trata de la esperanza de vida al nacer (que ya de por sí es desigual en el país), sin tomar en cuenta la esperanza de vida por edades seleccionadas, por grupos sociales y por ocupación. Lo triste es que la CSS no tiene información científica sobre tales aspectos. La Caja adolece de información sobre las tasas de mortalidad específica por ocupación/edad/sexo, y no conoce la esperanza de vida de lo jubilados y pensionados por ocupación, ni la esperanza de vida por ocupación en edades seleccionadas.
Lo que los detractores de la CSS sí saben es que a mayor edad de jubilación, la posibilidad de morir se incrementa y por ende, se puede ahorrar en el pago de pensiones si se aumentase la edad de jubilación. Ello explica porqué plantean el sistema de los dos pilares: Uno solidario y otro de capitalización individual. El primero para las personas de bajos ingresos; y el segundo, para las personas de mayor ingreso económico.
La Encuesta de Hogares (17 de Nov. de 2003) señala que la población ocupada de más de 15 años de edad asciende a 1,146,551 personas. De ellas, 707,960 son empleados del sector público, de servicios domésticos y de la empresa privada; sin embargo cotizan a la seguridad social cerca de 638,000 personas (70,000 menos que el total de asalariados), 350,351 laboran por cuenta propia, 51,659 son trabajadores familiares para un total de 403,388 personas inmersas en la informalidad laboral. El total de no cotizantes a la seguridad social asciende a 473,388 ; es decir, cerca del 41% de la población ocupada.
¿Qué factores han incidido en la reducción de los asegurados activos, en la informalidad laboral y en la evasión a la seguridad social? En primer lugar, está el modelo y estilo de desarrollo económico excluyente que prevalece en el país, que ha conducido a un desempleo abierto y oculto galopante en su ascenso (que empeorará con los TLC). Segundo, la ausencia de políticas públicas de compensación y reconversión laboral en un escenario caracterizado por la expulsión de la fuerza de trabajo del mercado laboral (aupado por las reformas al Código de Trabajo de 1994), en razón de la reestructuración productiva, por la ausencia de la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa y por una Formación Profesional exclusivamente en función de las necesidades del mercado de las empresas. En tercer lugar, los altos niveles de corrupción tanto del sector público como privado que secuestran recursos del Estado, de la seguridad social, de los trabajadores para sus propios fines (evasión) o que mantienen altos niveles de morosidad. En cuarto lugar, la política estatal de no asumir la deuda previsional y hacerlos pagar a los propios asegurados activos, lo cual ha hecho no sólo en 1991 con las reformas a la ley orgánica.
Una visión desarticulada de los programas fundamentales de la CSS impide un análisis científico de lo que acontece en cada uno y como se imbrican. Por ejemplo: la ausencia de una política en materia de los Riesgos Profesionales (programa en apariencia con perspectivas financieras adecuadas) ha determinado que los casos reconocidos como tal, apenas, sean el 10% del total de casos esperados. El corolario es una mayor absorción de casos por parte del programa de Enfermedad y Maternidad que asume el diagnóstico y tratamiento de tales casos con un aumento en su gastos y en los costos de la atención, en parte responsable de su déficit financiero cada año. Las secuelas que derivan de esta situación se expresan en un incremento de la invalidez para el trabajo que en 12 años ha crecido en un 100% de casos, agravando la crisis del programa de IVM.
Otro ejemplo de la ausencia de una visón de conjunto de la CSS es lo acontecido en 1996, al utilizar fondos del seguro de riesgos profesionales (B/. 85 millones) para financiar el aumento a los pensionados y jubilados (con exclusión de los pensionados por Riesgos Profesionales, qué paradoja), sin considerar que en este Seguro había que destinar fondos significativos para la prevención, rehabilitación y su correspondiente equipamiento. Pero, ¿porqué insistimos en hablar del programa de Riesgos Profesionales? La razón es que durante 34 años ningún Director General de la CSS ha dado la debida importancia a este programa. A pesar de ello, se inicia en el 2001 un Programa Estratégico para fortalecer los componentes de atención, de prevención y rehabilitación para el Trabajo, ya que entre 1970-2000 no se había destinado a tales efectos más del 0,01% de los ingresos totales de este programa. La inversión se orientaba a la preservación de la fuerza trabajo asalariada, que cotiza a la CSS, como sector clave para el desarrollo del país y de la productividad del trabajo. De suerte que fuese autofinanciable la atención de los dependientes y contribuir a mejorar el PIVM En este escenario se garantizaba el circulo virtuoso del desarrollo.
Invertir en salud de los trabajadores, aunque parezca absurdo a muchos ideólogos de la salud pública, significa garantizar las bases del desarrollo humano sostenible, mejorar las condiciones de vida de las personas y, sobre todo, ofrecerles a las nuevas generaciones de trabajadores ambientes de trabajo saludables y seguros para preservar y aumentar la capacidad productiva del país, financiar en el futuro el régimen de pensiones, los programas de salud para el resto de la población.
Insistir en el camino vigente sin introducir innovaciones y renovaciones conceptuales, metodológicas, operativas es ir directamente hacia el despeñadero. La historia reciente (30 años) así lo ha demostrado.
En materia de Seguridad Social, el país está en los niveles correspondientes a 1980 en cuanto a la cobertura de la población económicamente activa (52.8), con una reducción significativa de la población cubierta en relación a la población total del país (60%); igualmente la relación asegurados activos/ pensionados actual (4.4) está por debajo de la de 1970 (12.9), e incluso de la existente en 1980 (7.4). Esto ocurre en un escenario demográfico que juega a favor de la seguridad social, ya que cerca del 65% de la población se encuentra en grado de trabajar.
La problemática de la CSS no es el producto de aspectos de carácter demográfico , como algunos falsarios de la Seguridad Social han planteado. Por otro lado, algunos apologistas de la seguridad social de mercado señalan que el problema de la CSS es, además, el producto del aumento de la esperanza de vida, sólo que esconden que se trata de la esperanza de vida al nacer (que ya de por sí es desigual en el país), sin tomar en cuenta la esperanza de vida por edades seleccionadas, por grupos sociales y por ocupación. Lo triste es que la CSS no tiene información científica sobre tales aspectos. La Caja adolece de información sobre las tasas de mortalidad específica por ocupación/edad/sexo, y no conoce la esperanza de vida de lo jubilados y pensionados por ocupación, ni la esperanza de vida por ocupación en edades seleccionadas.
Lo que los detractores de la CSS sí saben es que a mayor edad de jubilación, la posibilidad de morir se incrementa y por ende, se puede ahorrar en el pago de pensiones si se aumentase la edad de jubilación. Ello explica porqué plantean el sistema de los dos pilares: Uno solidario y otro de capitalización individual. El primero para las personas de bajos ingresos; y el segundo, para las personas de mayor ingreso económico.
La Encuesta de Hogares (17 de Nov. de 2003) señala que la población ocupada de más de 15 años de edad asciende a 1,146,551 personas. De ellas, 707,960 son empleados del sector público, de servicios domésticos y de la empresa privada; sin embargo cotizan a la seguridad social cerca de 638,000 personas (70,000 menos que el total de asalariados), 350,351 laboran por cuenta propia, 51,659 son trabajadores familiares para un total de 403,388 personas inmersas en la informalidad laboral. El total de no cotizantes a la seguridad social asciende a 473,388 ; es decir, cerca del 41% de la población ocupada.
¿Qué factores han incidido en la reducción de los asegurados activos, en la informalidad laboral y en la evasión a la seguridad social? En primer lugar, está el modelo y estilo de desarrollo económico excluyente que prevalece en el país, que ha conducido a un desempleo abierto y oculto galopante en su ascenso (que empeorará con los TLC). Segundo, la ausencia de políticas públicas de compensación y reconversión laboral en un escenario caracterizado por la expulsión de la fuerza de trabajo del mercado laboral (aupado por las reformas al Código de Trabajo de 1994), en razón de la reestructuración productiva, por la ausencia de la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa y por una Formación Profesional exclusivamente en función de las necesidades del mercado de las empresas. En tercer lugar, los altos niveles de corrupción tanto del sector público como privado que secuestran recursos del Estado, de la seguridad social, de los trabajadores para sus propios fines (evasión) o que mantienen altos niveles de morosidad. En cuarto lugar, la política estatal de no asumir la deuda previsional y hacerlos pagar a los propios asegurados activos, lo cual ha hecho no sólo en 1991 con las reformas a la ley orgánica.
Una visión desarticulada de los programas fundamentales de la CSS impide un análisis científico de lo que acontece en cada uno y como se imbrican. Por ejemplo: la ausencia de una política en materia de los Riesgos Profesionales (programa en apariencia con perspectivas financieras adecuadas) ha determinado que los casos reconocidos como tal, apenas, sean el 10% del total de casos esperados. El corolario es una mayor absorción de casos por parte del programa de Enfermedad y Maternidad que asume el diagnóstico y tratamiento de tales casos con un aumento en su gastos y en los costos de la atención, en parte responsable de su déficit financiero cada año. Las secuelas que derivan de esta situación se expresan en un incremento de la invalidez para el trabajo que en 12 años ha crecido en un 100% de casos, agravando la crisis del programa de IVM.
Otro ejemplo de la ausencia de una visón de conjunto de la CSS es lo acontecido en 1996, al utilizar fondos del seguro de riesgos profesionales (B/. 85 millones) para financiar el aumento a los pensionados y jubilados (con exclusión de los pensionados por Riesgos Profesionales, qué paradoja), sin considerar que en este Seguro había que destinar fondos significativos para la prevención, rehabilitación y su correspondiente equipamiento. Pero, ¿porqué insistimos en hablar del programa de Riesgos Profesionales? La razón es que durante 34 años ningún Director General de la CSS ha dado la debida importancia a este programa. A pesar de ello, se inicia en el 2001 un Programa Estratégico para fortalecer los componentes de atención, de prevención y rehabilitación para el Trabajo, ya que entre 1970-2000 no se había destinado a tales efectos más del 0,01% de los ingresos totales de este programa. La inversión se orientaba a la preservación de la fuerza trabajo asalariada, que cotiza a la CSS, como sector clave para el desarrollo del país y de la productividad del trabajo. De suerte que fuese autofinanciable la atención de los dependientes y contribuir a mejorar el PIVM En este escenario se garantizaba el circulo virtuoso del desarrollo.
Invertir en salud de los trabajadores, aunque parezca absurdo a muchos ideólogos de la salud pública, significa garantizar las bases del desarrollo humano sostenible, mejorar las condiciones de vida de las personas y, sobre todo, ofrecerles a las nuevas generaciones de trabajadores ambientes de trabajo saludables y seguros para preservar y aumentar la capacidad productiva del país, financiar en el futuro el régimen de pensiones, los programas de salud para el resto de la población.
Insistir en el camino vigente sin introducir innovaciones y renovaciones conceptuales, metodológicas, operativas es ir directamente hacia el despeñadero. La historia reciente (30 años) así lo ha demostrado.
